La Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones expedida en 2014 adoptó, aparentemente, demandas de la sociedad para abrir el espectro a nuevos jugadores y limitar el uso de concesiones para el sector privado. Lo hizo restringiendo el tamaño de los oligopolios nacionales al 50% del mercado; se les llamó “actores dominantes”. Permitió la entrada de capital extranjero, 49% en radio-televisión y 100% en telecomunicaciones. Licitó 246 frecuencias digitales de “uso comercial”, y creo una red de emisoras culturales, el Sistema Público de Radiodifusión (SPR).
Además, estableció, por primera vez, las concesiones comunitarias y los derechos de las audiencias, aunque mantuvo en el cajón el de réplica.
Sin embargo, salvaguardó la posibilidad de enmendarse a sí misma. Tres años después, ya la derecha eliminó, mediante los votos de diputados y senadores, varias obligaciones de los concesionarios comerciales, como distinguir entre anuncio e información, y desestimó en general los “derechos de las audiencias”.
En materia de estaciones comunitarias ha puesto una gran cantidad de obstáculos jurídicos para entorpecer su marcha. En tanto, se instauró una nueva red privada, Grupo Imagen TV Canal 3, con una red de 123 estaciones distribuidas en el país, y se acaban de otorgar a 13 participantes 32 nuevas concesiones. Con ello se aumenta en 33% el número de estaciones de lucro (El Economista), recaudando por las licitaciones 1 614 millones de pesos.
En contraposición, la Red Compartida que debía establecer el Estado, no se ha ocupado de llegar a lugares distantes de la geografía en donde los pobladores tienen escasos recursos económicos y alta necesidad de comunicación. Por su parte la red de telefonía móvil de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC), iniciada hace un año y cinco meses para ofrecer servicios de llamadas celulares y mensajes de texto en zonas alejadas de cinco estados del país, ha sido cargada con un pago de un millón de pesos al año. Esta suma excede por mucho lo que es capaz de recaudar, pues su cuota mensual es de 40 pesos. Su objetivo no es obtener ganancias sino dar asistencia ahí a donde los privados no llegan. Los estados elegidos para establecer la red son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En los tres primeros el uso de internet no llega ni al 40% de los pobladores.
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC) ofrece servicio a 18 comunidades en favor de tres mil hogares. Con su proyectada ampliación busca atender a 100 sitios en la región del sureste peor comunicada. No podrá hacerlo si las autoridades, aplicando exigencias iguales a los desiguales, se empeña en cobrar ese millón de pesos como impuesto por el uso de un bien propiedad original de la nación, como lo establece una ley que es segregacionista por cuanto aplica los mismos requisitos a empresas comerciales y a asociaciones civiles. Más allá de la ley se trata asimismo de una política discriminatoria.
