Señor director:
Soy madre soltera. Desde hace 30 años he mantenido a mi familia trabajando en un puesto semifijo instalado afuera del Metro Viveros.
Sin embargo, desde hace más de cuatro meses se me ha impedido trabajar. Por órdenes del responsable de Vía Pública en Coyoacán, Juan Pablo Aguilar Ortega, personal de la delegación me quitó de manera injustificada mi puesto semifijo de acero inoxidable.
Por esos hechos interpuse una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF/V/121/COY/17/D6310) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (CDMX3AJ-266/2017), y acudí a la Contraloría de la Ciudad de México, pero hasta la fecha no he conseguido que se me permita volver al espacio por el que he pagado durante años las respectivas cuotas a la delegación.
En junio pasado, por indicaciones de Aguilar Ortega, me obligaron a adquirir un puesto de acero inoxidable por 35 mil pesos, para tener derecho a continuar en el sitio que hace 30 años se me asignó afuera del Metro Viveros.
El pasado 2 de septiembre, el funcionario de Vía Pública dio la orden para que me moviera del lugar; dos días después instalé el puesto al lado de donde estaba. El 2 de octubre personal de la delegación se lo llevó. Si sabían que me iban a retirar, entonces, ¿para qué me hicieron comprar un puesto de acero inoxidable tan caro?
Mi puesto fue encerrado en las bodegas de Villa Coapa. Cuando le pregunté al señor Aguilar a dónde lo tendría que llevar una vez recuperado, me respondió que a mi casa, porque ya había perdido el derecho de regresar.
El señor Juan Pablo no ha dado una explicación clara de por qué perdí mi sitio; a la CDHDF le dijo que tengo un adeudo con la delegación por más de 10 años. Sin embargo, he demostrado tener todos los recibos de pago de mis cuotas, menos el correspondiente al tercer trimestre de este año, porque es el que el propio funcionario no me ha permitido liquidar.
Como alternativa a mi problema, Aguilar me sugiere un reacomodo en Santo Domingo o en los culhuacanes, pero eso sería aceptar su actuar irregular y no me parece justo.
Por la actuación injusta de ese mal funcionario mi hijo no ha podido continuar con sus estudios, porque no tengo dinero para sus pasajes. Además, sigo pagando el puesto de acero inoxidable que la delegación Coyoacán me obligó a comprar.
Atentamente:
Matilde Cruz Domínguez
