Ya pasaron 38 meses de la agresión a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como de la desaparición de 43 compañeros suyos y aún se desconoce qué hizo o dejó de hacer el Ejército en este contexto de violencia extrema. Proceso analizó las declaraciones de varios mandos del 27 Batallón de Infantería, en particular las del soldado Eduardo Mota Esquivel, quien en sus cinco comparecencias omitió mencionar al “quinto autobús” del que policías hicieron bajar a varios estudiantes y los persiguieron a balazos. Y ese es el punto nodal del ataque que los padres de los afectados piden aclarar.
El cotejo de las declaraciones de algunos soldados y mandos del 27 Batallón de Infantería ante la Procuraduría General de la República (PGR) con los datos entregados oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de solicitudes de información pública, y con la reconstrucción en una plataforma digital del caso Ayotzinapa hecha por los integrantes de Forensic Architecture y presentada en septiembre pasado, revela contradicciones sustantivas en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
De ahí la insistencia de los padres agraviados para que se indague el papel que jugó el sector castrense durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala para salvaguardar la vida de los estudiantes.
Entre esas contradicciones destacan las cinco declaraciones del soldado Eduardo Mota Esquivel, cuyas copias tiene Proceso, quien presuntamente tomó fotografías del operativo policiaco cerca del Palacio de Justicia; ahí, agentes municipales de Iguala y de Huitzuco bajaron a estudiantes del camión Estrella de Oro 1531, los subieron a varias patrullas y se los llevaron. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Las versiones de Mota Esquivel son relevantes sobre todo porque revelan la existencia de centros de inteligencia militar que la Sedena “desconocía”, según la respuesta de esa dependencia a las solicitudes de información realizadas por este semanario.
Mota Esquivel habría incurrido también en ocultamiento de información sobre el “quinto autobús” –el camión Estrella Roja 3278–, que no fue considerado en las primeras indagatorias y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que pudo estar relacionado con el trasiego de heroína de Iguala a Chicago y ser el verdadero móvil de la tragedia.
La primera declaración de Mota Esquivel data del 3 de diciembre de 2014 –dos meses y medio después de la agresión en Iguala–, fecha en la que rindieron su testimonio otros integrantes del 27 Batallón. Al hablar de sus funciones, Mota aseguró ser soldado de infantería, tener como superior inmediato al sargento segundo de Infantería Miguel Alejandro Santos Carranza y que el jefe de ambos era el teniente de infantería Joel Gálvez Santos.
Información sesgada
Ese 3 de diciembre, el soldado dijo a un agente del Ministerio Público de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que era “oficinista” y “operador del SEAA, que quiere decir Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos”.
Y describió al SEAA como “un sistema de seguridad de la Sedena que se opera por medio de correo electrónico donde se envía y se recibe toda la documentación oficial de las diferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea, este sistema evita que personas ajenas a la institución armada puedan jaquear (sic) o allegarse información confidencial”.
Los otros elementos del 27 Batallón ubicaron a Mota como integrante del “Pelotón de Información”, un departamento que, según el subteniente de infantería Alejandro Pirita Ochoa, tenía a su cargo el C-4 de Iguala desde el cual se controlan “las cámaras de seguridad”. El pelotón, añadió, estaba al mando del teniente Gálvez Santos.
En esa ocasión el propio Gálvez Santos refirió que su área de trabajo estaba en el Centro de Información, Instrucción y Operaciones, con funciones de “recibir y remitir los informes que recibo del C-4”.
A la pregunta del agente ministerial, el teniente precisó que se trataba de la “Sección de Instrucción, Información y Operaciones”. Dijo que su mando superior era el entonces coronel de infantería José Rodríguez Pérez, quien la noche del 26 y 27 de septiembre era el comandante del 27 Batallón de Infantería.
La existencia del “Pelotón de Información” fue confirmada por el sargento Miguel Alejandro Santos Carranza, quien el 26 de julio de 2016 declaró ser integrante del “Pelotón de Información a partir de marzo de 2010 y en el mes de septiembre de 2014 estaba bajo las órdenes del teniente de infantería Joel Gálvez Santos”.
Sobre el área de inteligencia del 27 Batallón de Infantería, el entonces comandante José Rodríguez Pérez –en la actualidad general brigadier—mencionó en su testimonial de diciembre de 2014 la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información, conocidos como OBIS, que “son personas civiles quienes nos informan de las situaciones que ocurren dentro del municipio de Iguala”.
En una ampliación de su declaración, en abril de 2016, Rodríguez Pérez explicó que la función de los OBIS “es verificar la información que se recibe en la comandancia del 27 Batallón que se origina en el C-4 o por llamadas anónimas”.
Las negativas de la Sedena
Aunque en las declaraciones ministeriales de los militares se hablaba de una estructura de inteligencia dentro del 27 Batallón, en las respuestas a las solicitudes de información proporcionadas entre el 5 y 7 de julio de este año la Sedena negó su existencia por medio del titular de su Unidad de Transparencia, el general brigadier Francisco José Toscano.
A la pregunta sobre “la existencia, conformación, regulación y órdenes de operación del cuerpo castrense conocido como pelotones de información, especialmente respecto del 27 Batallón de Infantería”, en el folio de respuesta 000700103217, la dependencia respondió: “Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se encontró ningún documento que dé respuesta a su requerimiento”. Y anexó la resolución de inexistencia de información 390.
Por lo que atañe a “la existencia, conformación, regulación y órdenes de operación del cuerpo castrense conocido como OBIS, especialmente respecto del 27 Batallón de Infantería”, así como sobre “dónde se encuentran reguladas las funciones” de los OBIS, en los folios de respuesta 0000700103017 y 0000700103317, el Estado Mayor de la Defensa Nacional que emitió las resoluciones 338 y 391, respectivamente, “declara formalmente la inexistencia de la información requerida”.
Y acerca de “la versión pública de que toda la información que obre en el Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos (SEAA) sobre lo acontecido en la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días subsecuentes”, en el folio 0000700105217 se anexó la resolución 467 del Estado Mayor de la Defensa Nacional negando la existencia de los datos solicitados.
A la Sedena también se le pidió “la versión pública de los documentos donde obre el organigrama o estructura del Batallón 27 de Infantería vigente durante septiembre de 2014, excluyendo toda información personal y proveyendo únicamente los datos públicos sobre cómo estaba conformado ese Batallón en términos de unidades, pelotones, etc.”, precisamente para establecer dónde se ubicaba la estructura de inteligencia mencionada en los testimonios castrenses.
En el folio de respuesta 0000700102617 se notificó que la información requerida “se encuentra clasificada como reservada por el término de cinco años”. La dependencia argumentó en la resolución 376 que, de divulgarse la versión pública, “permitiría que grupos desafectos al gobierno e integrantes de la delincuencia organizada estén en una posición ventajosa al contar con elementos suficientes que permitan agredir, e inclusive causar la muerte de los integrantes del instituto armado”.
En las declaraciones del soldado Mota sobre su presencia en las inmediaciones del Palacio de Justicia –donde presuntamente tomó cuatro o cinco fotografías antes de la desaparición de los normalistas–, hay indicios de ocultamiento de información al cotejarlas con la reconstrucción de los hechos efectuada por los integrantes de Forensic Architecture.
En su primer testimonio, Mota refirió que entre las 22:00 horas y las 22:30 se le ordenó acudir a las inmediaciones del Palacio de Justicia donde estaba “un autobús abandonado o que al parecer tiene estudiantes en la carretera que conduce a Chilpancingo”, y que estuvo en el lugar una hora, donde observó el sometimiento de al menos 10 estudiantes, quienes fueron esposados por policías municipales de Iguala que previamente lanzaron gases lacrimógenos por las ventanillas para que los jóvenes dejaran el autobús Estrella de Oro 1531.
Las cinco versiones inconsistentes
En la tercera declaración, rendida el 11 de septiembre de 2015, Mota asegura que no fue una hora, sino 40 minutos el tiempo en que registró las escenas. Y en su quinto testimonial, del 23 de junio de 2016, en esa ocasión ante agentes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), expuso: “Yo no observé la comisión de un delito, pues lo que vi fueron acciones de detención”.
Haya sido una hora o 40 minutos el tiempo que estuvo Mota en el lugar, la reconstrucción de Forensic Architecture en la Plataforma Ayotzinapa permite determinar que durante ese lapso –alrededor de las 22:20 horas– pasó frente al soldado la unidad Estrella Roja 3278, conocida como el “quinto autobús”.
El vehículo fue detenido por policías aún no identificados, quienes obligaron a bajar a unos 14 estudiantes y los persiguieron a balazos por las calles de la zona.
En ninguna de sus cinco declaraciones Mota Esquivel aludió al autobús Estrella Roja 3278 ni a las agresiones contra los estudiantes. Su preocupación central, así como la de sus superiores, era presuntamente rescatar la motocicleta particular de Mota, que le habían asegurado unos agresivos policías municipales de Iguala en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
En una revisión de esas declaraciones resaltan las referencias a las imágenes que tomó y entregó a sus superiores, quienes las transmitieron a la PGR nueve meses después de los hechos y en versión power point.
En un primer momento, Mota aseguró que tomó cuatro o cinco fotografías frente al edificio mencionado y las entregó a su superior, el teniente de infantería Joel Gálvez Santos, alrededor de las 23:40 horas.
El 26 de agosto de 2015, al ampliar su testimonio ante la SEIDO, Mota precisó que tomó las fotos a 150 metros de los hechos y sólo vio a patrullas municipales de Iguala; borró las imágenes de su celular y las descargó en su computadora de trabajo.
En la tercera y cuarta declaración –realizada el 20 de abril de 2016 ante la SDHPDSC–, el testigo confirma que el material gráfico fue tomado a 100 metros y que perdió su celular, aunque no recordaba el día. Y en la última ampliación, el 23 de junio de 2016, insistió en que la noche del 26 de septiembre de 2014 entregó las imágenes únicamente a su superior y que desconoce “qué se hizo con ellas o por qué se menciona que hasta nueve meses después las entregaron (a la PGR)”.
Las inconsistencias y omisiones en las declaraciones del soldado Mota Esquivel muestran la ambigüedad con la que se condujo el Ejército aquella funesta noche de Iguala para evitar la desaparición de los 43 normalistas. Y ese es precisamente el punto que impulsa la lucha de los padres de los estudiantes, quienes piden saber dónde están sus hijos.
