Un total de 40 senadores han firmado la acción de anticonstitucionalidad que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como Ley Televisa-Döring, aprobada fast track el pasado 26 de octubre en plena disputa en el Senado por la salida del entonces fiscal para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto.
El plazo legal para interponer dicho recurso vence el martes 28. Informes de legisladores que lo impulsan indican que sólo faltan unos cinco senadores más para tener el número suficiente de legisladores que pueden acudir ante la Corte para echar abajo las reformas que se consideran violatorias de los artículos 1, 6, 7 y 28 constitucionales.
Entre los firmantes se encuentra la mayoría de los senadores de las bancadas del PAN, del PT-Morena, del PRD y de los independientes que no estuvieron en la sesión del 26 de octubre en la que se aprobaron, por 72 votos en favor (del PRI, Partido Verde y los “rebeldes” del PAN, encabezados por Javier Lozano Alarcón) y sólo 13 en contra, estas reformas consideradas inconstitucionales.
Las primeras legisladoras en firmar la acción fueron Dolores Padierna y Angélica de la Peña. Ambas argumentaron en la sesión del 26 de octubre la moción suspensiva por violaciones al procedimiento para convocar a las comisiones dictaminadoras y por el contenido de estos cambios que consagran la “autorregulación” de los concesionarios en materia de derechos de audiencia y violan la prohibición absoluta de transmitir publicidad presentada como información en la televisión y la radio, establecida en el artículo 6 constitucional.
Por el lado del PAN, el senador Ernesto Ruffo y la senadora Marcela Torres Peimbert encabezan la lista de los legisladores que se han opuesto a estos cambios. El coordinador del bloque PT-Morena, el senador Manuel Bartlett, también encabezó la recolección de firmas. Él recordó las similitudes entre la Ley Televisa-Döring y la Ley Televisa, aprobada en marzo de 2006, ambas en vísperas de elecciones presidenciales y para favorecer los intereses de los concesionarios encabezados por el consorcio televisivo de Emilio Azcárraga Jean.
Ante la demanda de organizaciones civiles, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) y el Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel), las cuales pidieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que interpusiera una controversia, el presidente del organismo regulador, Gabriel Contreras, descartó esta posibilidad.
En declaraciones a la prensa, Contreras, recién electo presidente del IFT por un nuevo periodo, afirmó que “así como el instituto ha exigido respeto respecto del uso de sus atribuciones y las ha defendido, incluso, en los tribunales, el instituto respeta el uso de las atribuciones de otros poderes”.
“Si la Constitución le dio esto al Congreso de la Unión, es el Congreso el que tendrá que rendir cuentas de cómo ejerció esta atribución”, afirmó. El presidente del IFT no ha aclarado qué pasará con los lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias que el propio instituto emitió a principios de este año y que generaron una intensa guerra mediática con las televisoras y principales estaciones de radio que los acusaron de “censura”. El miércoles 15 se cumplió el plazo para saber si entraban en vigor o se suspendían definitivamente estos lineamientos.
“El IFT renuncia a sus facultades”
Para Aleida Calleja, una de las principales impulsoras de la acción de anticonstitucionalidad desde la sociedad civil, las declaraciones del presidente del IFT son “muy lamentables” porque Contreras, “en lugar de responder de manera formal a las organizaciones, que le demandamos una posición frente a la contrarreforma, lo realizó en declaraciones a la prensa”.
“Lo que hace el presidente del IFT es rechazar el propio espaldarazo que le dio la Suprema Corte de Justicia en una resolución anterior. La Corte estableció que al IFT le corresponde regular no sólo los aspectos técnicos y de competencia de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, (sino) también los contenidos y los derechos de las audiencias”, afirmó Calleja en referencia a la resolución 117/2014 sobre portabilidad numérica.
“Es realmente terrible que el IFT niegue sus propias facultades”, subrayó la fundadora y expresidenta de la Amedi. Calleja resaltó que la Suprema Corte no debe sobreseer las controversias constitucionales que interpusieron el Poder Ejecutivo y el Senado hasta que se presente la acción de anticonstitucionalidad de los senadores.
Explicó que entre los preceptos constitucionales que la Ley Televisa-Döring viola se encuentra “la progresividad de los derechos humanos. No se pueden echar para atrás derechos ganados, como en este caso son los derechos de las audiencias”.
También, dice, se viola el artículo 1 de la Constitución, el cual dispone que es obligación del Estado mexicano velar por los derechos humanos, y el número 6, que en su apartado IV señala: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación y los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuentas de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión”.
Para Aleida Calleja, directora de Observacom, la Ley Televisa-Döring tendrá “una afectación brutal sobre las elecciones presidenciales de 2018”, ya que “volverá a desarrollarse el mercado negro de entrevistas pagadas y publicidad partidista presentada como información”.
“Es un permiso para alentar la corrupción entre concesionarios y candidatos”, puntualizó.
