Los “cuates y las cuotas” son lo que han hundido la credibilidad de la mayoría de las instituciones del país, y sólo se salvan, por ahora, la Auditoría Superior de la Federación y el Banco de México, asegura Arturo González de Aragón. En entrevista con Proceso, quien fuera el primer titular independiente de la ASF analiza el fenómeno de la corrupción rampante que padece el país y de cómo funcionarios y políticos, lejos de combatirla, la han promovido y la siguen fomentando.
Son un estercolero… Esta es la imagen con la que Arturo González de Aragón describe la condición actual de la política mexicana y los altos índices de corrupción en el país.
En entrevista con Proceso, el auditor superior de la Federación en el periodo 2002-2009 puntualiza: “México se ha convertido en la república de la impunidad porque no somos capaces de castigar a nadie”. Aún peor, continúa, es que las figuras involucradas en desvíos o fraudes con dinero público “¡hoy siguen, increíble, con prestigio!”.
Encargado de hurgar y vigilar en las finanzas de los gobiernos federal, estatal y municipal durante los primeros ocho años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sentencia: “La corrupción, el cinismo y la desvergüenza de muchos miembros de la clase política son distintivos de nuestro tiempo”.
Respecto del papel realizado por el actual titular de la ASF, Juan Manuel Portal, quien lo relevó en el cargo y concluirá su periodo de ocho años al frente de la institución el último día de diciembre próximo, comenta: “Su gestión tiene dos vertientes: muy buen desempeño profesional, pero ha quedado a deber en su desempeño ético y conducción interna; hay cuestionamientos en su manejo moral”.
Y si bien Portal puede aspirar a la reelección en la ASF, González de Aragón considera que eso no ayudaría a la institución a consolidarse.
A su juicio, los tres elementos que debe reunir quien aún tendrá que revisar dos cuentas públicas del actual presidente Enrique Peña Nieto y los seis del Ejecutivo federal entrante son: “Ética, política y moral pública” para “acabar con el estercolero que es la política mexicana y la corrupción”.
Y deja ver su preocupación ante una posible injerencia del gobierno peñanietista en el proceso sucesorio de la ASF. “¿Cuántas cuentas públicas le quedan al actual presidente? Dos. Entonces, no le interesaría a la administración priista hacer un intercambio de complacencias con la reelección o con la elección. ¡Cuidemos mucho eso!”.
La mayoría de las instituciones, afirma, “no ven por México, ven por sus propios intereses… y han ido perdiendo todo su prestigio. La Suprema Corte da tumbos, en algunas cosas actúa bien y en otras parece que el peso de las influencias la hace ceder a los intereses. Yo tengo presente el rescate bancario, (pues ahí la Corte) cedió a las peticiones de los poderosos.
En cuanto a los institutos Nacional Electoral; Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y Federal de Telecomunicaciones, y organismos como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostiene que “el peso de las cuotas y cuates y la cooptación de los partidos políticos los tienen totalmente desacreditados”.
“Nos escondieron información”
El 29 de diciembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nacimiento de la Auditoría Superior de la Federación en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda. El contador Gregorio Guerrero Pozas estuvo al frente de esa transición institucional.
El de primera elección fue González de Aragón. Desde su arribo a la ASF resultó un auditor incómodo para priistas y panistas, luego de que revisó y litigó contra el rescate bancario ideado por el presidente priista Ernesto Zedillo y puesto en marcha por las administraciones panistas.
A valor histórico, ese rescate bancario tuvo un costo de 521 mil millones de pesos, aproximadamente; en su revisión, el auditor detectó que 110 mil millones de pesos “no eran procedentes”, esto es, que formaron parte de operaciones ilegales. El caso se fue a la Suprema Corte, donde el auditor litigó por la ciudadanía; al final, el tribunal falló en favor de los banqueros, y la recuperación de la ASF bajó de los 110 mil millones de pesos a apenas 10 mil millones.
“La Corte falla, el pueblo paga y el corrupto ríe”, declaró entonces González de Aragón, quien apenas rasguñó las ilegalidades del llamado Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), pues el propio gobierno, asegura, le ocultó la información que probaba irregularidades y abusos.
“¡Me escondieron todos los documentos! ¿Por qué? Porque ahí estaban los grandes empresarios de México y uno emblemático… la familia Fox”, relata. Se refiere a los registros que probaban el ilegal rescate que terminó pagando la sociedad mexicana.
Abunda: “No nos entregaron todos los documentos que teníamos que auditar. Los escondieron. ¿Y sabe dónde vinieron a parar? (De eso me enteré al salir de la ASF): a una bóveda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”.
–¿Y hoy dónde están?
–No sé. Seguramente ya los quemaron. No lo sé.
Según González de Aragón, de todos los bancos rescatados sólo Banorte, Bancomer, HSBC y Banamex regresaron a la federación los 10 mil millones de pesos referidos, gracias a la labor de la Auditoría Superior.
Refiere que muchos de los personajes involucrados en los casos de corrupción que le tocó auditar y denunciar durante su gestión en la ASF aún forman parte del gobierno o representan a empresas contratistas del gobierno federal.
“Hoy siguen e –increíble– ¡con prestigio! Increíble que en México los que han sido acusados de corrupción todavía tengan algún prestigio. Eso es lo que muestra de cuerpo entero lo que es la sociedad mexicana en la actualidad. Ya es hora de que podamos señalar a los que son verdaderamente unos delincuentes.”
Se le piden nombres. No los da, pero responde que ahí están las indagaciones que realizó como auditor.
El caso del Edomex
González de Aragón recuerda que cuando Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura del Estado de México, en septiembre de 2005 la Auditoría detectó un fraude por dos mil 500 millones de pesos cometido durante la gestión de su antecesor y tío, Arturo Montiel. Se trataba de un desvío de retenciones del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.
“La ASF lo detecta y pide que se regresen a Hacienda, porque si no, amenaza con denunciar el fraude, ¡porque es un fraude!”
Y Hacienda, entonces a cargo de Gil Díaz, acuerda que, “por primera vez”, se apruebe que dichas retenciones de impuestos se hagan a cuenta de las participaciones federales (dinero que el gobierno entrega a los estados).
“Ahí es donde se abre la puerta. A partir de ahí todos los gobiernos estatales toman esas retenciones de impuestos federales para su beneficio. Se toma el acuerdo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Una decisión pésima”, señala.
De acuerdo con el exauditor, ese hecho es el punto de quiebre para el endeudamiento de los gobiernos estatales, como los de César Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz), Humberto Moreira (Coahuila), Juan Sabines (Chiapas) y Roberto Borge (Quintana Roo), entre otros.
“Ahí es donde empiezan las malas prácticas que van creando los agujeros en las administraciones públicas”, sostiene.
Pero, dice, el Estado de México no sólo fue promotor de las deudas; también pone como ejemplo la “compra” de diputados locales, una práctica que fue adoptada por el Congreso de la Unión. “Me enteré cómo se aprobaban las cuentas públicas y las leyes en el Edomex: a través de la entrega de cuotas a legisladores de cualquier partido”.
–¿Qué hizo al respecto como auditor?
–No se pudo hacer nada porque no era comprobable. Eso me lo confesó el líder del Congreso del Edomex, cómo le hacían, y esa pésima práctica del Edomex se trajo a la Federación. Entonces, estamos rodeados de muchas malas prácticas.
Cuando el auditor superior estuvo en el cargo, de enero de 2002 a diciembre de 2009, Peña Nieto era secretario de Administración del estado; es decir, el encargado de la distribución del dinero en el gobierno de Arturo Montiel.
Las nuevas leyes
Se le pregunta a González de Aragón si las modificaciones que los diputados federales hicieron a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, el pasado 16 de noviembre, abonan a la corrupción y al desvío de recursos.
Responde: “Sí, es un retroceso, ya que hay una enorme permisividad. Lo que se hace es que se permite a los estados que tengan una mala administración, un mal uso de los recursos públicos”.
Se cuestiona: “¿Por qué no se ha cumplido esa ley? Hay que preguntarle al gobierno federal, a los estatales y municipales. La respuesta es: porque han sido permisivos todos los malos gobernadores, diputados y senadores, quienes sólo buscan sacarle provecho al presupuesto público”.
