BOGOTÁ.- Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC cumplirán este viernes 24 su primer aniversario sin que haya entre las partes ningún ánimo de celebrar.
De hecho, el proceso de implementación de esos pactos que pusieron fin a una guerra de 52 años está en su peor momento, no sólo porque varias de las leyes de la paz no alcanzarán a ser aprobadas este año, como estaba previsto, sino porque una fortalecida alianza derechista busca impedir que los excomandantes guerrilleros participen en las elecciones de 2018, algo que viola los acuerdos y que para ellos resulta inaceptable.
“Esta es la hora más crítica de la paz, porque si aquí se sepulta la elegibilidad política de nuestra dirigencia, se está sepultando el proceso de paz”, advierte el representante de las FARC en la comisión mixta de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final de Paz, Jesús Santrich.
El integrante de la dirección nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político de la exguerrilla, considera que la derecha colombiana “está empujando el acuerdo de paz a un despeñadero, a un fracaso”, por la campaña que desarrolla para que puntos cruciales de lo pactado no se apliquen.
Entre las fuerzas políticas que hoy critican los acuerdos de paz con las FARC figuran algunas que, hasta el mes pasado, eran aliadas del gobierno y que durante años fueron partidarias de las negociaciones con esa exguerrilla.
Los principales virajes los dieron Cambio Radical y sectores de los partidos Conservador y de La U, que apuestan con ese cambio de postura a ganar votos con miras a los comicios presidenciales de mayo de 2018.
Este “giro a la derecha” de la clase política tradicional colombiana creó una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, donde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene cada vez más problemas para hacer aprobar las leyes de la paz.
De hecho, sus antiguos aliados y el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe –principal adversario de los diálogos con las FARC–, están obstruyendo en el Congreso las leyes respectivas. Lo hacen con sólo ausentarse del pleno para evitar que haya quórum e impedir que se voten.
Incluso existe el riesgo de que se queden en el aire legislaciones sustanciales que se derivan de los acuerdos, en especial la ley de tierras, que garantizaría el reparto de predios rurales a campesinos pobres que no los tienen y a exguerrilleros de las FARC.
Y la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional que juzgará a los actores del conflicto armado responsables de delitos atroces, fue sometida a cambios que, según Santrich, hacen tambalear un soporte fundamental del acuerdo: el sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.
La derecha logró que los candidatos que postuló el partido de la FARC al Congreso deban comparecer ante la JEP antes de participar en política –algo que no dicen los acuerdos–, pero blindó de ese sistema de justicia a los empresarios que financiaron a paramilitares.
Este clima político antiacuerdos de paz obedece a que el año próximo habrá comicios presidenciales (en mayo) y legislativos (en marzo) y los antiguos aliados del presidente Santos, en especial el aspirante presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, apuestan a atraer los votos de derecha.
Es una apuesta arriesgada, pues según una encuesta de Invamer, mientras los precandidatos centroderechistas concentran hoy un tercio de las intenciones del voto, los de centroizquierda suman 49%.
En las elecciones legislativas de marzo, la FARC aspira a obtener al menos las 10 curules a que tiene derecho como parte de los acuerdos –cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes (diputados)–, pero los opositores a los acuerdos rechazan que los excomandantes guerrilleros sean candidatos.
“Nos quieren dejar fuera de la participación política”, asegura Santrich. “Y eso no es lo pactado con el Estado colombiano. Si eso ocurre, el acuerdo fracasa. Es algo que no vamos a aceptar porque nosotros ya cumplimos nuestra parte al dejar las armas.”
Santrich es la cabeza de la lista de las candidaturas de la FARC a la Cámara de Representantes. Iván Márquez, el número dos del nuevo partido, es el primero de los candidatos al Senado. Además, la exguerrilla postuló a la Presidencia a su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko.
–Si la derecha logra bloquear estas candidaturas, ¿ustedes pueden considerar de nuevo la opción de las armas? –se le pregunta a Santrich.
–Nosotros, como FARC, ya asumimos una vía de reconciliación, pero esto va a orillar al país a otra década de confrontación armada, de guerra, porque seguramente otras fuerzas se van a levantar en armas.
Santrich afirma que, de hecho, la “frustración por los obstáculos que se están poniendo a los acuerdos” hace que muchos exguerrilleros de las FARC estén saliendo de los campamentos de reincorporación para irse a la disidencia.
Hasta ahora, unos 800 excombatientes –11% de los que dejaron las armas– han abandonado el proceso de paz para incorporarse a grupos armados de disidentes que están involucrados en actividades delictivas y que, en algunos casos, reivindican un ideario revolucionario y de transformación social.
“Lo que hoy tenemos, a un año de la firma de la paz –plantea Santrich–, es un cúmulo de desconfianzas, de incumplimientos y de incertidumbres.”
