Con apenas 21 trabajadores administrativos y jurídicos, 13 de ellos estructuristas, y un presupuesto anual que no rebasa los 57.5 millones de pesos, el gobierno de Miguel Ángel Mancera mantiene con bajo perfil y poco poder de acción al Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México, pese a que entre sus funciones hay una de primordial importancia: supervisar la seguridad estructural de edificios públicos, privados, de reciente edificación y los ya existentes catalogados como de “alto riesgo”.
Según la ley que lo rige, ese organismo descentralizado, pero sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios, también tiene a su cargo la admisión, capacitación y evaluación de los directores responsables de obra (DRO) y corresponsables en materia de seguridad estructural, cuyas funciones, y hasta acusaciones de presunta corrupción, salieron a flote con el desastre que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre, con 38 edificios derrumbados y miles más en condiciones inhabitables.
En entrevista, su director general, Renato Berrón Ruiz, reconoce que, desde antes del terremoto de hace ocho semanas, el ISC necesitaba mayor apoyo presupuestal y de personal especializado para fortalecer las acciones que le ayuden a supervisar el cumplimiento del Reglamento de Construcciones capitalino.
Tras la emergencia de septiembre pasado, afirma, esa necesidad se incrementó por los miles de capitalinos afectados en sus propiedades, sobre todo las construidas antes del sismo de 1985, cuando las reglas de construcción no eran tan estrictas.
“Podemos orientarlos, pero no tenemos la capacidad humana ni económica para hacer frente a todo esto. Es un mundo de edificios”, asegura.
“Nos volvemos locos”
El 5 de noviembre de 2010, el gobierno de Marcelo Ebrard publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expedía la ley que marcó el nacimiento del ISC. La iniciativa surgió del Comité Asesor de Seguridad Estructural, creado a raíz del sismo de 1985 y formado por 16 expertos en la materia.
“Desde entonces, los integrantes especialistas ya habían detectado que había problemas técnicos y de diseño en algunas obras que estaban en proceso de construcción y que era necesario tener un mecanismo de control más estricto y profundo, pues muchas construcciones no se estaban llevando a cabo como marcaba el reglamento vigente (de 1966)”, explica Berrón Ruiz.
Para el 16 de mayo de 2012 el gobierno capitalino publicó una serie de reformas a la ley del instituto. Sin embargo, por “cuestión de papeleo administrativo” –según su titular–, no fue sino hasta junio de 2013, ya en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando comenzó a operar y pudo echar mano de un presupuesto de apenas 19 millones 902 mil 216 pesos.
Al paso de los años, la asignación de recursos ha ido en aumento, aunque poco significativo: en 2014 le dieron 48 millones 513 mil 331 pesos; en 2015 fueron 50 millones 255 mil 917 pesos; para 2016, 50 millones 825 mil 903 pesos (apenas unos 570 mil pesos más) y para 2017 le aprobaron 57 millones 219 mil 469 pesos.
En cuanto al personal que labora en el instituto, Berrón explica que sólo son 21 personas de estructura: ocho entre administrativos y jurídicos, y 13 técnicos.
–¿Qué hacen con tan poco?
–Nos volvemos un poco locos.
Ingeniero civil y maestro en estructuras por la UNAM, y con doctorado en la Universidad de París, Renato Berrón destaca tres funciones principales del instituto:
Coordinar la revisión de los proyectos estructurales para construir inmuebles públicos y privados, actividad que realizan los corresponsales en seguridad estructural; elaborar dictámenes oculares de edificaciones existentes consideradas de alto riesgo, de acuerdo con los reportes de las unidades de Protección Civil delegacionales o de la secretaría del ramo a nivel central, y organizar proyectos de investigación, principalmente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM o con la UAM-Azcapotzalco.
A partir del pasado 26 de octubre, el ISC también forma parte de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una capital más resiliente, presentada por Mancera casi seis semanas después del sismo. El mandatario anunció que, dentro de un mes, ese organismo deberá presentar sus directrices, y, particularmente, las nuevas normas de restructuración y reforzamiento de edificios en la metrópoli.
Riesgo latente
Con más de 20 años de experiencia en diseño estructural, Berrón dice “no tener miedo” de que en un nuevo sismo vaya a tirar edificios construidos después de 1985. Es algo muy lógico, explica: “A partir de ese sismo, el Reglamento de Construcciones se hizo más severo, más estricto, penaliza más a las edificaciones que se encuentran en suelos vulnerables, como el Centro Histórico. Ahora los edificios son más robustos y, desde luego, más caros”.
Pero dentro de su optimismo hay un pequeño detalle: “Este tipo de edificios no me preocupa, siempre y cuando los diseñadores cumplan el reglamento y se construya con todas las medidas necesarias de seguridad y respetando fielmente el proyecto estructural”.
El jueves 26 de octubre, un DRO y copropietario del edificio construido en Emiliano Zapata 56, colonia Portales, que se derrumbó por el sismo del 19 de septiembre y causó la muerte a dos mujeres, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, acusado de homicidio doloso y de omitir el Reglamento de Construcciones, específicamente en materia de seguridad estructural.
Los departamentos fueron entregados a sus compradores apenas nueve meses antes. El domingo 30, un juez de control lo vinculó a proceso y determinó un plazo constitucional de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Por problemas de salud, el inculpado fue enviado a la Torre Médica del penal de Tepepan, al sur de la ciudad.
Esa detención fue la primera que realizó el gobierno capitalino dentro de las más de 190 carpetas de investigación que tiene abiertas por presuntas irregularidades en la construcción de edificios de prácticamente todas las delegaciones. La semana pasada fueron detenidos dos responsables de obra por un caso en la colonia Portales Norte y un juez giró una orden de aprehensión por otro DRO en el caso del colegio Enrique Rébsamen.
Además, en la Contraloría General local hay al menos ocho expedientes abiertos contra servidores públicos por irregularidades de obra en siete inmuebles que cayeron con el temblor.
Pese a este panorama, el director del ISC insiste en que su preocupación es por los edificios construidos hace más de 32 años. Asegura que “un porcentaje muy alto” de ellos –prefiere no dar cifras– no pasaría los requisitos del actual reglamento, pues fueron edificados con base en el de 1966, “cuyos coeficientes sísmicos eran muy bajos”.
Se refiere al resultado que se obtiene de calcular una fuerza emanada por un sismo que se aplica a un edificio, dependiendo el tipo de zona en el que éste se encuentre.
Actualmente, explica, ese cálculo en la zona de más alto riesgo en la capital es de .45, mientras que en el reglamento de 1966 era de apenas .08. De hecho, Berrón adelanta que en los próximos días las autoridades anunciarán un ajuste de dicha medición.
De plano, recomienda a los propietarios de edificios construidos antes de 1985, que no tuvieron daños mayores por el sismo del pasado 19 de septiembre, solicitar un “estudio profundo” que incluya el análisis de los planos estructurales y la memoria de cálculo originales, así como el estudio de mecánica de suelos, para saber qué factor de seguridad tiene y, a partir de ello, hacer los reforzamientos necesarios.
Aclara que no tiene el personal para realizar dichos estudios, pero dice que se pueden solicitar en despachos privados de cálculo de estructuras registrados en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural.
Por último recuerda que el pasado 10 de octubre expuso ante diputados federales la necesidad de que el ISC tenga mayor presupuesto y personal, además de reforzar el apoyo a la investigación científica, específicamente para hacer una red de edificios instrumentados, un estudio de vulnerabilidad de la ciudad ante sismos y otro profundo sobre la Brecha de Guerrero, “porque de ahí se podría generar un sismo, pues (esa zona) ha permanecido silenciosa durante muchas décadas”.
