La apresurada aprobación del Presupuesto de Egresos 2018 –casi 15 días antes de la fecha límite– evidenció que Hacienda es el gran legislador, pues los diputados dieron luz verde al documento que envió sin apenas conocerlo. La mayoría sacó su tajada, aun cuando el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, denunció en tribuna que todo era una simulación, pues se aprobó un “presupuesto mezquino”. Vanos resultaron los esfuerzos del perredista Juan Moreno Pérez, a quien sus correligionarios encomendaron encontrar gastos superfluos y prebendas susceptibles de recortarse para hacer realidad el Fondo de Reconstrucción.
Como ha ocurrido en toda la administración de Enrique Peña Nieto, este año también fue aprobado por el Congreso el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 antes de su fecha límite legal. Pero esta vez la simulación y el descaro fueron tan grandes que estuvo listo el miércoles 15, casi una semana antes de su fecha límite.
La noche del jueves 9, por una abrumadora mayoría –413 votos a favor y 49 en contra–, los diputados le dieron luz verde, pese a que no conocieron el dictamen ni los anexos del decreto que estaba a discusión.
Ni siquiera la mayoría de los 42 miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tuvieron reuniones para discutir el presupuesto; tampoco conocieron el dictamen a tiempo y los anexos se los hicieron llegar a sus curules ya iniciada la sesión del pleno, como al resto de los diputados.
Los integrantes de la Comisión ni una coma pusieron o quitaron. Todo lo hizo la Secretaría de Hacienda… como todos los años en este gobierno.
El diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, en sus dos primeras intervenciones en tribuna, acusó la simulación: “Nosotros no aprobamos la simulación de un presupuesto del que hoy mismo se presentó el dictamen y fue aprobado en menos de tres minutos (en una fugaz reunión de la Comisión de Presupuesto), sin conocer y sin votar los anexos correspondientes”.
En una segunda intervención, Romero Tenorio señaló: “Este presupuesto no se discutió. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, se nos convocó a la instalación en forma permanente de la comisión, y posteriormente se nos convocó para votarla en menos de tres minutos sin conocer los anexos correspondientes ni las modificaciones que contienen el acuerdo político.
“Es un presupuesto mezquino; es mezquino porque los grupos parlamentarios pelearon por un porcentaje de este presupuesto, que no es el que se presenta ni el que se ejerce en realidad. Es una ficción este presupuesto.”
Y dio con la clave de lo que ha sucedido en las “negociaciones” presupuestales entre el gobierno federal y los legisladores, durante la administración de Peña Nieto; primero con Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y ahora con José Antonio Meade: “Complacientes los diputados porque se les asigna presupuesto a sus estados y sus municipios o a sus distritos, acceden a votarlo; por eso esta votación unánime o casi unánime de 413 votos a favor y 49 votos en contra”.
La bolsa anual de recursos
Lo que cada año ha hecho la Secretaría de Hacienda es ofrecer a los diputados, por conducto del subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, una bolsa de recursos, de la que participan los 500 diputados, para proyectos de infraestructura y, en general, de desarrollo regional en los distritos que representan, y que ellos mismos gestionarán e intermediarán entre autoridades municipales y la Secretaría de Hacienda, llevándose, por supuesto, su comisión, mejor conocida como “moche”.
La idea es simple: para que los diputados no hagan olas, no discutan, no quieran modificar montos en partidas importantes del presupuesto, no alteren lo que Hacienda ya decidió, se les ofrece ese dinero, que en realidad es en lo único en que participan: decir en dónde quieren aplicar ese recurso, dónde les beneficia más, política y económicamente.
La premura con la que ahora actuaron las cámaras legislativas, obligadas por Hacienda, primero con la Ley de Ingresos y luego con el PEF, en parte se debió al temor de la Secretaría de Hacienda de que algunas propuestas y hallazgos que hizo el Grupo Parlamentario del PRD, a partir de estudios y análisis rigurosos de su asesor Juan Moreno Pérez, tuvieran eco en otras bancadas, sobre todo en las del Frente Ciudadano por México, pero también en la de Morena.
En el caso de la Ley de Ingresos, Juan Moreno –experto en programación financiera, quien a mediados de los ochenta fue miembro del equipo de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto que preparaba la información macroeconómica para las misiones del Fondo Monetario Internacional que visitaban el país– descubrió que dentro del endeudamiento solicitado por el Ejecutivo para el próximo año, además de que el total era ilegal pues rebasaba los montos previstos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), había una cantidad que no tenía aplicación en ninguna partida de gasto para inversión, como exige esa ley.
La LFPRH sólo le permitía al Ejecutivo solicitar un endeudamiento por 204 mil 62 millones 400 mil pesos, que es el monto destinado a la inversión programada para Pemex, y que no cuenta para el cálculo del déficit público, según la ley.
Sin embargo, como en los cuatro años previos, el Ejecutivo propuso incluir este párrafo en el artículo 1 de la Ley de Ingresos: “Para el ejercicio fiscal de 2018, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente al 2% del Producto Interno Bruto”.
Con ello, la solicitud de endeudamiento se elevó a 466 mil 684 millones 400 mil pesos.
Partidas sin destino
Dice Juan Moreno Pérez: “Con el fin de evaluar la consistencia de la excepción a la ley solicitada por el Ejecutivo, se hizo una revisión exhaustiva del ‘gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado’, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) enviado por el propio Ejecutivo. Además de los 204 mil 62.4 millones de pesos para Pemex, se localizaron 43 mil 486.9 millones para la otra empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad.
“El problema estuvo cuando se revisó el gasto de inversión propuesto para el gobierno federal, ya que sólo se localizaron 152 mil 46.8 millones de pesos, quedando un faltante por 66 mil 528.7 millones de pesos para cumplir, de manera estricta, con la legalidad de la excepción solicitada por el Ejecutivo.”
La propuesta del PRD era destinar esos más de 66 mil millones para constituir un gran Fondo de Reconstrucción que verdaderamente ayudara a los damnificados por los sismos de septiembre.
En mente la preocupación por crear un Fondo de Reconstrucción verdadero, los diputados del PRD instruyeron a Moreno Pérez meterse a las tripas del Proyecto de PEF para encontrar gastos superfluos y prebendas o gastos sospechosos susceptibles de recortarse.
Moreno Pérez fue el primero, en 1998, en el gobierno de Ernesto Zedillo, en hacer públicos las prebendas y los gastos superfluos de la burocracia mayor. Sin embargo, en ningún año de esta administración pudo hacerlos, hasta ahora, porque Hacienda no entrega a la Cámara la información completa del presupuesto, en particular un documento clave: el anexo del proyecto de presupuesto denominado “Analítico de Claves”, que tiene información con desglose hasta nivel de partida presupuestal.
La zambullida que se dio Juan Moreno en ese documento más la revisión de las cuentas públicas de 2013 a 2016 y el avance del ejercicio presupuestal hasta septiembre de 2017, arrojó un monto de 78 mil 616 millones 500 mil pesos susceptibles de recortarse en estos rubros:
1) Prebendas de los funcionarios públicos, por 26 mil 493 millones de pesos. Entre ellas: a) Seguro de Gastos Médicos para funcionarios públicos, por 4 mil 873.6 millones de pesos. b) Seguro de Separación Individualizado para funcionarios públicos por 9 mil 327 millones de pesos. c) Prestaciones discrecionales por disposición del Ejecutivo, por 8 mil 426.7 millones de pesos. d) Otras Prebendas otorgadas a los funcionarios públicos, por 3 mil 865.8 millones de pesos.
2) Intereses de la deuda del Gobierno Federal por 19 mil 464 millones de pesos. 3) Apoyo al servicio de la deuda del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por 10 mil 468.6 millones de pesos. 4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 9 mil 317.9 millones de pesos. 5) Bolsa sin destino específico localizada en el ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, por 9 mil 704.4 millones de pesos. 6) Otros gastos superfluos identificados, por 3 mil 168.6 millones de pesos.
Explica el experto que en la partida 15,901 se encuentra una prebenda que sólo se otorga a mandos superiores del gobierno federal, de director general para arriba, y que consiste en un “apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones”. Para otorgar este apoyo sólo se requiere que haya recursos en la partida 15,901, y que “sea autorizado por el Oficial Mayor o su equivalente”.
Con esta prestación –dice– se paga, a costa del erario, el combustible, mantenimiento y seguros de un automóvil que es propiedad del funcionario.
“Además –agrega–, se le paga durante tres años 75% de la depreciación. Así, en tres años se carga al erario 75% del costo del vehículo, y un monto similar por combustibles, mantenimiento y seguros. A lo largo de un sexenio, el citado funcionario puede adquirir dos vehículos usando ese mecanismo (uno cada tres años).
“Pero falta un detalle, para poder acceder a esa abusiva prebenda: el ‘servidor público’ deber ganar entre 135 mil 863 y 148 mil 861 pesos mensuales netos”, según el manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 31 de mayo de 2017.
En conclusión, lo que encontró el asesor parlamentario del PRD fue una buena cantidad de partidas sin destino específico, recursos que Hacienda puede usar discrecionalmente y partidas con gastos verdaderamente superfluos o prebendas que hacen de los trabajadores del sector público entes privilegiados.
Y todo se aceleró
Moreno Pérez presentó su propuesta de recorte al grupo parlamentario del PRD el martes 7, pero de inmediato se filtró a otras bancadas –que se interesaron mucho por el análisis y la propuesta de recorte– y a la propia SHCP, que actuó de inmediato. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se había erigido ese mismo día en sesión permanente para iniciar los trabajos de dictaminación con el objetivo de llevar el presupuesto al pleno el lunes 13 o el martes 14.
Todo se aceleró. La comisión convocó la mañana del jueves 9 a sus integrantes. Ya estaba en la mesa el dictamen que había hecho Hacienda. No alcanzaron a leerlo, mucho menos a discutirlo como era su obligación, pues la reunión duró unos cuantos minutos. Pero aun así el presidente de esa comisión, Jorge Estefan Chidiac Charbel, del PRI, lo puso a votación y lo aprobaron… y sin anexos. A las 17:27 horas se inició la sesión del pleno para discutir y votar el presupuesto. El circo duró 10 horas con 34 minutos, pues la sesión terminó a las 04:02 horas del viernes 10.
Al final, ni la propuesta del PRD ni cualquiera otra que hicieron los diputados en el pleno fue tomada en cuenta. Ya todo estaba hecho por Hacienda, el dictamen y sus anexos, y nada iba a cambiar.
Quedó un presupuesto aprobado por casi 5 billones 280 mil millones de pesos. Entre los ganones, la propia Cámara de Diputados, con 200 millones de pesos más al presupuesto originalmente propuesto por el Ejecutivo: de 8 mil 239 millones 400 mil pesos; quedó en 8 mil 439.4 millones… aparte del fondo para los “moches” de los diputados, el fondo para Proyectos de Desarrollo Regional, por 17 mil 853 millones de pesos.
Para la reconstrucción por los sismos: 18 mil millones más para el Fondo Nacional de Desastres; 2 mil 500 millones para el Fondo de Reconstrucción para entidades federativas; también 2 mil 500 millones para el Fondo de Capitalidad (para ayudar a la CDMX en las tareas de reconstrucción).
