A cuatro semanas del sismo del 19 de septiembre, las autoridades tienen prisa porque todo vuelva a la normalidad, que la gente se disperse, salga de la calle, olvide la solidaridad.
Las inmobiliarias, las aseguradoras evitan a toda costa aceptar responsabilidades. En el intento de tapar tanta corrupción e injusticias, se utilizan slogans y demagogia: “Fuerza México” en las pantallas televisivas. “Chiapas y Oaxaca están de pie”, según la Secretaría de Turismo. Si queremos auxiliar a los damnificados nada mejor que ayudarlos a reactivar su economía, viajando para disfrutar playas y paisajes, sólo les faltó decir “mientras ellos viven en la calle bajo lonas”. “Tienes que participar” de acuerdo con el INE, verbigracia votar es la única manera de seguir adelante, hacer como si nada hubiese sucedido. El mercado de la política se apresta a poner sus ofertas.
Por su parte Peña Nieto se deshace en elogios y agradecimiento a las fuerzas armadas, cuya labor de rescate no tiene parangón en la historia, de acuerdo con su versión. La pifia de la Marina en enlace con Televisa ya está olvidada. También los desvíos del acopio hecho por la gente hacia bodegas del DIF o de la Cruz Roja. No se diga los atropellos a los derechos humanos. El ejército tiene ya su spot, el plan MX está diseñado con objeto de salvar a la población de los desastres naturales.
La propaganda es insistente, cara e ineficaz. La derrama económica es aprovechada por los medios privados que se mantienen a flote gracias al erario. Mientras tanto, la radio comunitaria que sí presta un servicio público, es atacada desde varios frentes: en San Lázaro se impulsan dictámenes para retroceder hasta el siglo XIX al plantear como castigo a las “comunitarias que hablan mal del gobierno”, decomisar sus instrumentos de trabajo.
Desde la cúpula empresarial, se aprovecha el terremoto para seguir construyendo sus estrategias de desvío de impuestos, el Teletón será destinado a los damnificados. Slim promete poner un peso más a cada uno depositado en una cuenta de su banco. Y el gobierno gasta en elogiarse lo que escatima para la ciudadanía.
El sismo puso de nuevo en evidencia las incoherencias de la política pública en materia de comunicación. Las directrices informativas de las instituciones públicas vienen con el sello de la censura (Proceso, 2136), de los controles de Gobernación, de la SCT y Presidencia. A los privados se les toleran mentiras, puestas en escena falsas, manipulaciones de la audiencia, mientras se les llenan sus arcas para que sigan manteniendo en sus noticiarios, programas de opinión, espacios político-publicitarios, el apoyo irrestricto al gobierno y sus funcionarios.
Lamentablemente, las redes sociales no son una alternativa. En igual medida producen videos informativos y videos espectáculo de la desgracia. Noticias verídicas y confirmadas como falsedades que sólo confunden.
