La decisión estaba en apariencia tomada: Carles Puigdemont, presidente del gobierno de Cataluña, proclamaría ante el pleno del Parlament la declaración unilateral de independencia. Pero la salida en desbandada de empresas de territorio catalán, la división de opiniones entre las fuerzas independentistas, las amenazas de Madrid y las presiones de Bruselas forzaron a “un cambio de guion”: Puigdemont declaró la independencia, pero pidió mantenerla en suspenso para abrir espacio a las negociaciones. Ahora el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le exige aclarar si tal declaración existe para aplicar o no el artículo 155 de la Constitución que le permite intervenir en la autonomía catalana.
Madrid.- La tarde del miércoles 11, el presidente catalán, Carles Puigdemont, publicó en Instagram una imagen cargada de simbolismo, luego de recibir el requerimiento del gobierno de Mariano Rajoy para que aclare si declaró la independencia de Cataluña.
Se trata de la fotografía de un tablero de ajedrez con un peón ligeramente avanzado como en el inicio de una partida, acompañada con el icono de un reloj de arena y la etiqueta #RepúblicaCatalana.
Una declaración de intenciones ante el acuerdo que por la mañana tomó el Consejo de Ministros, encabezado por Rajoy, para iniciar con dicho requerimiento la aplicación del artículo 155 de la Constitución –lo cual ocurriría por primera vez en España— con el propósito de intervenir la autonomía catalana ante el “incumplimiento de la Constitución” y por “atentar gravemente al interés general de España”.
Según el calendario que Rajoy fijó, con el apoyo de socialistas (PSOE) y Ciudadanos (C´s), este lunes 16 a las 10 horas Puigdemont debe responder de manera clara. Y si no contesta o dice que sí, tiene hasta el jueves 19 a la misma hora para rectificar y “volver a la ley”.
El martes 10 —diez días después del referéndum—, Puigdemont leyó ante el pleno del Parlament un ambiguo discurso que metió a Cataluña en una suerte de cuarto de espejos. Afirmó que, debido a los resultados de la consulta, “Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado Independiente”.
“Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de República”, leyó.
Sólo ocho segundos después de pronunciar esa frase que provocó júbilo en los miles de ciudadanos que se concentraron fuera del Parlamento y seguían la sesión por pantallas gigantes, verbalizó la frase de la decepción para los independentistas:
“Y con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.”
Asimismo planteó acudir a las distintas iniciativas de mediación que se activaron una vez celebrado el referéndum, porque “el momento demanda no aumentar la escalada de tensión, sino, sobre todo, voluntad clara y compromiso para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que debemos tener en cuenta, de manera imprescindible, en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir”.
Luego de finalizada la sesión, en un salón de la cámara catalana, el Govern y los diputados independentistas firmaron un documento dirigido a los catalanes y a “los pueblos del mundo” en el que decretaron: “Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”.
Dispusieron la “entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República” e iniciaron el “proceso constituyente” de la República, afirmaron su voluntad de “abrir negociaciones con el Estado español” para establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes, bajo condiciones de “igualdad”.
También afirmaron su voluntad de integrarse a la comunidad internacional y pidieron a ésta y a la Unión Europea su intervención ante “la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos del mismo”.
Muchos de los mil periodistas acreditados para cubrir la eventual declaración de independencia pidieron explicación ante la confusión. Representantes de las fuerzas independentistas aclararon que el documento era una “declaración política” para mantener el compromiso de declarar la independencia.
“Defraudados”
Este documento formaba parte del discurso original que Puigdemont leería para fundar la nueva República. Su firma fue una prerrogativa mínima que se vio obligado a otorgar al partido antisistema Candidatura d´Unitat Popular (CUP), cuyos representantes se encontraban muy molestos por enterarse del cambio de guion sólo una hora antes de iniciarse la sesión.
La coalición Junts pel Sí (JxSí) con la que gobierna Puigdemont sólo puede conseguir mayoría en el Parlamento con el apoyo de los 10 diputados de CUP, lo que los convierte en la llave de la gobernabilidad del mandatario.
Aunque Puigdemont lleva la “independencia en el ADN”, según una fuente del entorno soberanista, la hoja de ruta del referéndum es obra de la CUP, un partido proveniente de los movimientos de izquierda independentista y revolucionaria de Cataluña, de corte anticapitalista, asambleario y ecologista, que centró su trabajo primero en los municipios en 2007 y en el Parlamento desde 2012, en el contexto de la crisis económica, el surgimiento del movimiento 15-M y la frustración de la ciudadanía catalana por el inmovilismo del gobierno central para buscar alternativas a la integración de Cataluña con el resto de España.
Esto les permitió pasar de tres escaños en 2012, a 10 (8.20% de los votos) en la elección de 2015 y tener 372 concejales (equivalente a los regidores en México) en los ayuntamientos catalanes.
La portavoz de la CUP, la diputada Anna Gabriel, advirtió en su intervención en la sesión del pleno: “Quizá hemos perdido la oportunidad de proclamar la República catalana, que es la única forma de negociar con el Estado (español)”.
Más contundente fue el dirigente de CUP, Quim Arrufat, quien durante una rueda de prensa esa misma noche externó su malestar con Puigdemont por el “cambio de guion”. Anunció que su partido abandona la actividad parlamentaria y dio al presidente catalán un plazo de un mes para que haga la declaración unilateral de independencia (DUI).
La suspensión de la proclamación, dijo Arrufat, “no es compartida” por CUP, porque “tocaba proclamar la independencia hoy. Es el único instrumento que nos permite negociar de igual a igual. La confianza establecida ha quedado tocada, no rota. Miles de personas se han sentido defraudadas”.
Casi a la misma hora, en La Moncloa, sede del gobierno central en Madrid, el presidente Rajoy y el líder socialista Pedro Sánchez mantuvieron conversaciones hasta altas horas de la noche, estudiando los escenarios para aplicar el artículo 155 y abrir una puerta para que el Govern regresara a la legalidad.
De tal suerte que en el mensaje institucional del miércoles 11, Rajoy bajó el tono, no recurrió a calificativos y puso en el terreno de Puigdemont la aclaración oficial para ver si se aplica o no la intervención de la autonomía, cuyas medidas aún no son reveladas por el gobierno central.
Al mediodía del miércoles 11, el socialista Pedro Sánchez anunció un acuerdo con Rajoy para reformar la Constitución y perfeccionar el autogobierno de las autonomías que componen el territorio español, entre otros temas.
En entrevista con la radio española, aseguró que nadie —salvo Albert Rivera, de Ciudadanos (C´s) — pide la aplicación a rajatabla del artículo 155 para que el gobierno central convoque elecciones en Cataluña.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció la tarde del miércoles 11 en el Congreso de los Diputados, donde planteó que es partidario del diálogo, pero no si es bajo “la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes”.
Ni dialogar sobre lo “que expresamente está prohibido en el artículo 2 de la Constitución: negociar sobre la titularidad de la soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y sobre la indivisibilidad de España” y pidió a los mediadores que eso lo deben tener en cuenta. “No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad”, dijo.
Expuso que “aquí no estamos dilucidando diferencias de interpretación de la Constitución, de las leyes del Estado o del Estatut de Cataluña” y se preguntó sobre los propósitos de la mediación: “¿Que la nación abandone su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución?, ¿que se dé carta de naturaleza a la actuación desleal del gobierno catalán?”
En una entrevista con CNN, Puigdemont aseguró que está dispuesto a un diálogo, pero “sin condiciones previas” y, también, a acudir a una mediación para encauzar la negociación. Y propuso que dos personas del gobierno central y dos del gobierno catalán se reúnan para acordar a una mediación para que comiencen las conversaciones.
Presiones y mediaciones
Después de la noche del 1 de octubre, fecha en que se llevó a cabo el referéndum, se intensificaron las reuniones entre las filas independentistas y los actores que buscan mediar y se empezaron a conocer divergencias de opiniones y presiones que influyeron en el presidente catalán para frenar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en la sesión del martes 10.
El lunes 2, se reunió el Comité Nacional del Partido Demócrata de Cataluña (PDECat) en el que participan no sólo dirigentes partidistas sino Puigdemont y miembros de su gobierno. El Periódico de Cataluña adelantó que en esa sesión hubo puntos de vista distintos sobre qué hacer tras la celebración de la consulta, unos pedían cumplir con la ley de referéndum y declarar la DUI; otros, como el conceller Santi Villa y el exdiputado Francesc Homs (hombre cercano al anterior presidente catalán Artur Mas) no veían oportuna la declaración y pedían una ruta menos dura.
El miércoles 4, Podemos convocó a diversos partidos para promover una iniciativa de mediación y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió en twitter “ni DUI ni 155”. El Colegio de Abogados y el Futbol Club Barcelona mantienen esfuerzos de mediación.
El jueves 5, una fuente de un equipo de mediadores que pidió no ser identificada en una sesión con un grupo de corresponsales, entre ellos el de Proceso, explicó que en esa división de opiniones, en favor de la DUI estaban el propio Puigdemont, CUP, una parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y una de PDECat, así como las organizaciones sociales proindependentistas como Òmnium Cultural y parte de la Asamblea Nacional Catalana, éstos últimos fueron actores fundamentales en la organización de la consulta y en las movilizaciones callejeras.
Por la vía de una mediación para negociar estaban el vicepresidente Oriol Junqueras, parte de ERC, PDECat y otra parte de la ANC.
También el jueves 5 empezó la desbandada de empresas de Cataluña. El Banco Sabadell fue el primero en anunciar el traslado de su sede social a Alicante. Fue uno de los golpes más duros al independentismo, cuyo relato siempre aseguró que no se irían las empresas de su territorio si se declaraba la independencia.
El viernes 6, el gobierno de Puigdemont, con Lluis Corominas (PDECat) y Marta Rovira (ERC), cerraron un acuerdo con la CUP para que el presidente leyera la declaración de independencia y decretara la suspensión de la independencia durante “semanas”, explicó El Periódico de Cataluña.
La Caixa, uno de los bancos catalanes con más arraigo y que por décadas mantuvo un vínculo con la élite de Convergencia i Unió (CiU), el antecedente de PDCat, anunció la mudanza de su sede social y fiscal a la Comunidad Valenciana.
Hasta ahora han salido 40 grandes empresas, entre ellas seis de las siete empresas cotizadas que tenían sede en Barcelona. Bimbo, de capital mexicano, también mudó su sede fiscal a Madrid.
El sábado 7 y el domingo 8, el expresidente Artur Mas, la coordinadora de PDECat, Marta Pascal, y el conceller Villa presionaron a Puigdemont para que no otorgara validez jurídica a la DUI. Mas dijo en una entrevista que no se puede ejercer todavía de forma material la independencia.
Miembros del Cercle de Economia se reunieron con Puigdemont. Lo presionaron para que frenara la declaratoria. Y otros miembros del gobierno pidieron una declaración “retórica” sin efectos jurídicos.
De forma muy discreta, un miembro de la jerarquía de la Iglesia católica dialogó con el vicepresidente Oriol Junqueras.
El lunes 9, Puigdemont encabezó una comida con su gobierno, con Artur Mas, los líderes de los partidos y organizaciones civiles independentistas donde surgió la propuesta de convocar a elecciones anticipadas para desbloquear la situación, pero no hubo acuerdo.
A las 15:47 horas del martes 10, antes del pleno, el presidente del Consejo Europeo, Donald Task, escribió un mensaje de twitter dirigido a Puigdemont en el que le pidió “no anunciar una decisión que puede hacer el diálogo imposible”. El entorno del gobierno catalán otorgó mucha importancia a este mensaje porque coincidió con otros mensajes que les llegaron desde Bruselas. Todos fueron en el mismo sentido: si se declara la DUI, olvídense de cualquier ayuda de las instituciones europeas.
El escritor y director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, accedió al mensaje completo que recibió Puigdemont de Tusk, en el que destaca que le escribe como un miembro de una “minoría étnica (es casubo, pequeña minoría del norte de Polonia) y regionalista, y como un hombre que sabe lo que se siente al ser golpeado con una porra (macana)”.
Y añade: “Le he pedido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que busque una solución al problema sin recurrir a la fuerza, porque la fuerza de los argumentos es mejor que el argumento de la fuerza. Hoy, señor Puigdemont, le pido que respete el orden constitucional y no anuncie una decisión que haga ese diálogo imposible”.
En Madrid, el jueves 12, se celebró la fiesta nacional de España marcada por el conflicto catalán, el mayor de la historia reciente del país.
Por primera vez el desfile militar, encabezado por el rey Felipe VI, autoridades y presidentes autonómicos, tuvo como lema: “Orgullosos de ser españoles”, en los que se dio una especial acogida a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
