Los partidos aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –que enfrentan al régimen de Nicolás Maduro desde hace meses– acordaron suspender temporalmente el “diálogo exploratorio” hasta después de los comicios regionales del próximo domingo 15. Según los pronósticos, en esta jornada la MUD podría quedarse por lo menos con 18 de las 23 gubernaturas; de ahí su apuesta pragmática. Sin embargo, el analista José Toro Hardy advierte: falta ver si el Consejo Electoral respeta los resultados y si la Asamblea Constituyente, que ha actuado por encima de todos los poderes del Estado, los reconoce.
BOGOTÁ.- En medio del ajetreo de las campañas para la elección de gobernadores, el próximo domingo 15, la oposición venezolana optó por poner en pausa el diálogo exploratorio que había iniciado con el gobierno de Nicolás Maduro en agosto y orientó todas sus fuerzas hacia un objetivo más inmediato: ganar con holgura los comicios regionales.
La apuesta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –una variopinta alianza opositora que lidia con divisiones internas– es repetir en la próxima jornada electoral el triunfo logrado en los comicios legislativos de diciembre de 2015, cuando obtuvo una amplia mayoría en la unicameral Asamblea Nacional.
“Los resultados que esperamos obtener este 15 de octubre pueden ser un elemento muy importante para las negociaciones”, dice a Proceso el diputado Luis Florido, vocero de la oposición para el diálogo con el régimen de Maduro.
El 26 de septiembre –un día antes de que se realizara en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, un segundo encuentro exploratorio entre representantes de la MUD y del gobierno venezolano– Florido anunció que la oposición no acudiría, por “falta de condiciones”.
El gobierno, explica el diputado, “ha incumplido su parte porque se ha negado a acordar una agenda de negociaciones, no ha hecho gestos humanitarios liberando a presos políticos y se resiste a dar garantías democráticas para las elecciones de gobernadores”; el gobierno tampoco ha definido cuál será su tercer país garante para los diálogos.
“Nosotros ya tenemos a México y a Chile como garantes, y ellos a Bolivia y Nicaragua, pero teníamos que designar a un tercero. El de nosotros es Paraguay, pero ellos no tienen una definición, y eso revela su falta de seriedad frente al diálogo”, reitera el legislador de la MUD.
Diálogo interrumpido
La decisión de la coalición opositora de mantener en suspenso el diálogo “hasta que el gobierno cumpla su parte” fue comunicada en una carta al presidente dominicano, Danilo Medina.
“No hay un ambiente propicio para continuar con la fase de conversaciones exploratorias”, sostiene la MUD en su misiva.
Florido indica que así se lo hicieron saber a la cancillería mexicana: “México aceptó ya el papel de garante que va a jugar en este proceso cuando se inicien las negociaciones. Pero para ello debemos esperar que el gobierno (de Maduro) cumpla. Ahora estamos en una fase exploratoria y para llegar a una negociación debemos tener una agenda con los temas a tratar, con una metodología de trabajo y tiempos definidos para llegar a acuerdos”.
La agenda de negociaciones que impulsa la MUD incluye la realización de elecciones en los tiempos que marca la ley (las presidenciales están programadas para finales de 2018) y con “garantías democráticas”; la liberación de 487 presos políticos, y abrir un canal de ayuda internacional humanitaria para mitigar la escasez de alimentos y medicinas.
Además, la restitución de funciones a la opositora Asamblea Nacional, cuyas facultades legislativas han sido virtualmente anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia y la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
El gobierno busca que la agenda incluya temas como el respeto a la soberanía y el rechazo a la “guerra económica” que supuestamente desarrollan la derecha venezolana y “el imperialismo” internacional para doblegar al régimen de Maduro.
Florido afirma que la fase del diálogo exploratorio puede reanudarse si se acuerda una agenda concreta y una vez que el gobierno “cumpla los compromisos” que asumió con la MUD en una reunión realizada en la capital dominicana la segunda semana de septiembre.
En ese encuentro participaron como facilitadores los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Los tres exmandatarios jugaron un papel similar en un diálogo entre el gobierno de Maduro y la MUD entre octubre de 2016 y el 1 de mayo último, cuando el venezolano convocó a una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar a los electores mediante un referendo –como establece la Constitución– y de la que quedaron excluidos los partidos opositores.
Piedras en el camino
Según fuentes diplomáticas consultadas por este semanario, Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos consideraron la convocatoria de Maduro “un desconocimiento total” a lo que se había avanzado en la mesa de negociaciones, en la cual también participó como facilitador El Vaticano, por medio de enviados del Papa.
Aunque el gobierno de Maduro convenció a los tres expresidentes de mediar en un nuevo diálogo, a pesar de que ellos deploraron en privado la conformación de una Asamblea Constituyente que hoy tiene poderes supraconstitucionales y asumió funciones legislativas, no pudo hacer lo mismo con El Vaticano.
Para la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha tenido una actitud muy crítica frente al gobierno y que considera a la Asamblea Constituyente una “imposición de corte dictatorial”, el punto de partida de un nuevo diálogo debe ser la agenda acordada desde el año pasado: aliviar la escasez de alimentos y medicinas, la liberación de presos políticos, la restitución de los poderes a la Asamblea Nacional y la definición de un calendario electoral.
El diputado Luis Florido sostiene que el presidente Maduro ha utilizado el diálogo como un recurso para ganar tiempo. “Así lo hizo con la mesa que se instaló el año pasado, y por eso ahora vamos ir con mucho cuidado, sin darle espacio al gobierno para confundir y mentir a los venezolanos”, señala.
Para el gobierno, en cambio, la negativa de la MUD a participar en la reunión prevista para el 27 de septiembre en la capital dominicana es un intento por “vulnerar la bandera del diálogo que levantó el presidente Nicolás Maduro”.
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que la MUD atendió “órdenes imperiales” al suspender el viaje a la República Dominicana y al respaldar las sanciones económicas que han impuesto a funcionarios de Venezuela los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por “su conducta antidemocrática”.
Esas sanciones incluyen la prohibición de hacer negocios y el congelamiento de los activos que pudieran tener en esos países el presidente Maduro; el vicepresidente, Tareck El Aissami; el poderoso número dos del régimen, Diosdado Cabello; el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entre otros.
Estados Unidos, además, prohibió las transacciones de bonos expedidos por el gobierno de Maduro y por la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Delcy Rodríguez afirmó que, a pesar de todas las “agresiones imperialistas”, por instrucciones de Maduro “levantamos y seguiremos levantando la bandera del diálogo de la paz para Venezuela”.
El diputado constituyente Julio Chávez aseguró en la televisión pública que la oposición no quiere diálogo ni tiene “compromiso con la paz”.
Ellos, dijo en referencia a los dirigentes de la MUD, “siempre estarán apuntando a defender los intereses, no del país, sino del gran capital internacional”.
Además, llamó a que la Asamblea Nacional Constituyente active “con más fuerza” su Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, considerada por la oposición como un tribunal para perseguir e inhabilitar a los adversarios políticos del régimen.
El presidente de la comisión electoral de la MUD, Gerardo Blyde, afirma que lo que el gobierno busca es “un chantaje” al que esa coalición política “no se va a prestar”.
El también alcalde del metropolitano municipio de Baruta sostiene que la oposición no reanudará el diálogo exploratorio con el gobierno hasta que éste cumpla su parte.
“Mientras tanto, nos vamos a concentrar con todas nuestras fuerzas en la campaña para las gobernaciones. Hoy nuestra prioridad es ganar las gobernaciones porque eso detendría las pretensiones del gobierno de eternizarse en el poder”, señala Blyde.
La apuesta electoral
Los comicios para renovar las 23 gubernaturas llegan en un momento de gran desgaste para el gobierno y en medio de la profundización de la crisis económica, la pobreza y la escasez de alimentos y medicinas.
Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, el porcentaje de hogares pobres llegó a 82% en 2016, y este año –cuando el producto nacional habrá acumulado una pérdida de la tercera parte desde 2014– se espera “otro salto brutal” de ese indicador.
Sólo entre julio y agosto pasados la canasta básica familiar registró un aumento de 43.8%, según el Centro de Documentación y Análisis Social, y en el último año se incrementó en 484%. Para adquirirla se requieren nueve salarios mínimos (hoy, el salario mínimo mensual es de 12 dólares).
“Aquí hay hambruna, desesperación y un desánimo generalizado”, asegura el economista y analista político José Toro Hardy.
Con ese telón de fondo, la popularidad de Maduro oscila entre 15 y 20%, según todos los sondeos, y siete de cada 10 venezolanos quieren que deje el poder.
Pero el gobernante aún controla los ingresos petroleros –que cada día son menores, por los bajos precios internacionales del crudo y por la caída de la producción– y los poderes Judicial y Electoral.
La Asamblea Nacional, el único poder del Estado que domina la oposición, quedó virtualmente sin atribuciones por fallos emitidos en su contra por el Tribunal Supremo de Justicia y por decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo que no es reconocido por la mayoría de países de América Latina, la Unión Europea, Canadá ni Estados Unidos.
La elección de gobernadores del próximo domingo 15 será una dura prueba para el gobierno de Maduro, cuyo partido, el Socialista Unido de Venezuela, hoy tiene 20 de las 23 gubernaturas.
Según todos los sondeos, esos comicios los perderá el partido del presidente, que retendría a lo sumo 13 gubernaturas, mientras que la MUD podría arrasar.
“No hay manera de que el gobierno gane en estos momentos una elección. Estas elecciones (para gobernadores) las va a perder”, asegura el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
Pero de acuerdo con Toro Hardy, autor de siete libros sobre política y economía, “esto no quiere decir que esta contienda sea fácil para la oposición. (El gobierno) “está haciendo todo lo posible por desalentar la participación ciudadana y por poner trabas a la MUD.
“Ha inhabilitado a varios de sus dirigentes –Henrique Capriles, actual gobernador de Miranda, por ejemplo– y ha hecho ‘trampas’ en las boletas electorales (en las cuales los nombres de candidatos opositores que ya declinaron en favor de un solo candidato por estado aún aparecen) para confundir a los votantes”.
Estima que la oposición “necesita tener un triunfo aplastante en esas elecciones para que pueda establecer con el gobierno un diálogo serio y desde una posición de fuerza. Para que eso ocurra deberá haber una participación masiva de votantes, de 70% (del padrón) hacia arriba”.
Sólo así, señala, la MUD podrá obtener entre 18 y 22 gubernaturas, entre ellas las de estados claves, como Zulia, Miranda y Carabobo, y eso “exhibiría aún más, ante el mundo, la debilidad política del gobierno”.
De acuerdo con Toro Hardy, la oposición decidió poner el diálogo exploratorio con el gobierno de Maduro en un compás de espera: “Quedan dos semanas para ver si los intentos del gobierno para desestimular el voto tienen éxito o si la crisis que agobia a la población impulsa a los votantes a salir en masa a apoyar una opción de cambio”.
Y remata: “Aun si la MUD obtuviera un triunfo contundente, faltaría ver si el Consejo Electoral respeta los resultados y si la Asamblea Constituyente, que ha actuado por encima de todos los poderes del Estado, los reconoce”.
