Los recientes operativos contra el referéndum catalán previsto para el 1 de octubre, en los que hubo arrestos y el decomiso de casi 10 millones de boletas, agravaron la tensión entre el gobierno español y las autoridades separatistas. La división en la nación ibérica se profundizó a tal grado que el diario El País cargó en sus editoriales contra las autoridades independentistas y miles salieron a las calles en favor del plebiscito, retando al presidente Mariano Rajoy.
Madrid.– La operación de la Guardia Civil para frenar el referéndum de independencia de Cataluña se llama Anubis, el dios de la muerte del antiguo Egipto.
Si bien el instituto armado no explicó la razón de por qué eligió ese nombre, algunos españoles interpretaron que fue para buscar la muerte de la consulta pretendida para el 1 de octubre (1-O).
Pero a la luz de los últimos acontecimientos en Cataluña, una semana antes del plebiscito, es imposible saber si el referéndum alcanzará el paraíso o caerá en el infierno.
En principio, el pasado miércoles 20 el proceso soberanista recibió el golpe más duro, cuando la Guardia Civil realizó 40 cateos en dependencias públicas catalanas, donde detuvo a 16 personas, 14 de ellas funcionarios de alto rango de la Generalitat (el gobierno catalán), y cuyo papel era clave en la organización del referéndum.
Horas antes, en otra acción, decomisó 9.9 millones de boletas de la consulta recién impresas, que al parecer eran el grueso de las que iban a ser utilizadas en la jornada de votación. Ahí detuvieron a dos responsables de la imprenta.
Lo anterior encendió los ánimos de la gente que se lanzó a las calles. Incluso, se sumaron personas que no comulgan con este referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, pero que quieren decidir sobre el futuro de Cataluña.
Hasta ahora, los independentistas aseguran que 80% de los catalanes quiere participar en un referéndum. El dato incluye a los que apoyan esta consulta, a los que piden una legal y acordada con el Estado español y a los que votarían por no separarse de España.
Las manifestaciones se extendieron en las ciudades catalanas de todos los tamaños y en algunos de sus pueblos. Sin embargo, la concentración de Barcelona fue multitudinaria, rodearon la Consellería de Economía y Hacienda, donde fue detenida la mano derecha del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, así como Josep María Jové y Lluís Salvadó, secretario general de Economía y secretario general de Hacienda, respectivamente.
El juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona los acusa de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y sedición, este último delito es grave y se castiga con hasta 15 años de prisión. Durante horas los manifestantes impidieron la salida de 18 guardias civiles.
Unas 40 mil personas rodearon la Consellería, gritando consignas por la independencia: “¡Votarem (votaremos, en catalán)!” Igualmente paseaban una urna con una leyenda escrita en inglés y que en español decía: “A esto es a lo que le tiene miedo España”.
También hubo mensajes institucionales desde La Moncloa y desde el Palacio de la Generalitat, con palabras subidas de tono que auguran una colisión.
Acusaciones mutuas
Desde el salón Gótico del Palacio de la Generalitat, su presidente, Carles Puigdemont, condenó la actuación del gobierno y de la justicia española. Representa una “suspensión de facto” de la autonomía catalana y la “aplicación de facto de un Estado de excepción”, afirmó.
También señaló: “El Govern (gobierno) ha sido objeto hoy de una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior con el objetivo de impedir que los catalanes se puedan expresar en libertad y en paz el 1-O y para suspender la actividad” de la autoridad catalana.
Calificó al gobierno español de ser “una vergüenza democrática” y lo acusó de haber traspasado “una línea roja” que ya no la separa de “los regímenes autoritarios y represivos”.
Las actuaciones policiales en diversas sedes, detenciones de altos cargos y técnicos, los registros indiscriminados, la intimidación a medios, el intento de bloqueo sin orden judicial de las cuentas de la Generalitat, la violación de comunicación postal, el cierre de páginas web y la amenaza al conjunto de los ciudadanos son una situación inaceptable en la democracia, dijo Puigdemont.
Después, tras anunciar que mantendrá en marcha el referéndum, pidió a la ciudadanía catalana “firmeza y serenidad” y los llamó a denunciar “los abusos e ilegalidades del Estado español”.
Confirmó que “el día 1 (de octubre) saldremos de casa con una papeleta y la utilizaremos. No aceptamos un retorno a épocas pasadas ni que no nos permitan definir las épocas futuras de libertad y democracia”.
Por la noche, en su mensaje institucional, el presidente Mariano Rajoy exigió a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña “que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera imposible o, lo que es peor, la excusa que algunos parecen buscar para ahondar aún más la fractura que han provocado en la sociedad catalana”.
El mandatario español llamó a los separatistas a renunciar a esta “escalada de radicalidad y de desobediencia”. Les demandó que “no sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad para ello. Regresen a la ley y a la democracia, permitan que la gente pueda pasar página a estos días tan aciagos”.
En referencia a los operativos policiales del miércoles 20, Rajoy dijo que España “tiene los mecanismos necesarios para impedir que quienes pretenden infringir las normas básicas de nuestra democracia puedan hacerlo y los instrumentos para defender la legalidad y también para exigir responsabilidades a quienes están poniendo en grave riesgo la convivencia entre todos”.
El presidente expresó que votar constituye “la imagen más expresiva y clara de la democracia, pero también sabemos que a lo largo de la historia muchos regímenes no democráticos han utilizado el voto para intentar legitimarse” y aclaró que votar es “sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley y con respeto a los derechos de todos. No se puede votar para incumplir la ley o para imponer al conjunto de los ciudadanos un proyecto excluyente”.
A su vez, el diario El País publicó un editorial titulado “Las mentiras de Puigdemont. En una democracia las autoridades no pueden mentir impunemente a la ciudadanía”, en el cual desmenuzó el duro discurso del dirigente catalán para desmentirlo.
Por ejemplo, el rotativo aseguró que es falsa la afirmación del presidente catalán cuando señaló que su gobierno ha sido objeto de una acción coordinada desde el Ministerio del Interior, debido a que “los registros y detenciones practicados en dependencias de la Generalitat fueron ejecutados por indicaciones del juez instructor número 13 de los juzgados de Barcelona, y la Guardia Civil actuó en su calidad de policía judicial” bajo el mando del magistrado.
El rotativo acusó a Puigdemont de mentiroso cuando dijo que el propósito de la operación era “suspender la actividad del gobierno” catalán, debido a que “sólo se intervinieron las actividades relacionadas con la organización del referéndum secesionista”.
En su texto aclaró que no hubo operativos “indiscriminados”, sino “individualizados” en el marco de una acción judicial. También explicó que el cierre de las páginas web del referéndum se debía a que “se pretendía aplicar una ley suspendida (la del referéndum del 6 de septiembre) por el Tribunal Constitucional”.
El periódico español también calificó como falsa la afirmación de Puigdemont cuando aseguró que el gobierno central suspendió “de facto el autogobierno y aplicó un Estado de excepción”, porque “no se ha empleado el artículo 155 de la Constitución (española), la cual permitiría intervenir puntualmente, ni se ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al gobierno asumir el mando de todas las policías. Tampoco hay un Estado de excepción, porque no se han suspendido los derechos de los ciudadanos, como ilustran las concentraciones de ayer”.
Pérez Prado, a escena
Tras la aprobación en el Parlamento de Cataluña de las leyes del referéndum y de la Transitoriedad y Fundacional de la república catalana, durante el miércoles 6 y el jueves 7, Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido anticapitalista e independentista que ha marcado la posición más radical de la hoja de ruta separatista, sacó un video para difundir el voto del “sí” el 1-O.
En las imágenes se ve una camioneta desvencijada empujada por varias personas hacia un barranco, entonces Quim Arrufat, miembro del secretariado nacional del partido CUP pregunta: “Entonces, ¿la furgo (camioneta) era el proces?” y David Fernández, periodista y exparlamentario del CUP, responde: “Sí, y el motor es el pueblo”.
El diálogo continúa mientras siguen empujando la camioneta hasta que cae por el precipicio, que simboliza el fin del proceso independentista. Y Arrufat pregunta: “¿Y ahora qué? Entonces la portavoz parlamentaria de CUP, la diputada Anna Gabriel, responde: “¿Ahora? Ahora empieza el mambo”. Y todos terminan bailando un mambo de Dámaso Pérez Prado y desfilan frases de diversos personajes, entre ellas una de las muchas fallidas de Mariano Rajoy: “It´s very difficult todo esto”.
Esta fue la declaración de intenciones del CUP porque a la par del video, el día 9, llamaron a la “movilización permanente” y a la “ocupación del espacio público” a partir de la Diada (la fiesta nacional de Cataluña) como una forma de “contestar la acción represiva del Estado” y garantizar la celebración del 1-O.
En unas declaraciones a la radio catalana, la diputada Anna Gabriel previó una movilización masiva en las calles a partir del 2 de octubre, el día después de la celebración del referéndum. “El 2 de octubre, el país tiene que estar en la calle” para ayudar a “implementar” los resultados y “demostrar a la comunidad internacional” que desde Cataluña “se va en serio”.
Reconoció que “la confrontación con el Estado español no acabará con la victoria del ‘sí’ en el referéndum. “Aún quedan escenarios represivos por ver, especialmente cuando haya actos jurídicos, y no sólo anuncios verbales”, se prevé un “aumento de la tensión represiva del Estado” y por eso “es muy necesaria” la movilización en la calle, dijo.
En la multitudinaria concentración fuera de la Consellería de Economía y Hacienda no sólo estuvieron miembros del CUP, también de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, dos asociaciones civiles independentistas, que organizaron la celebración de la concentración ciudadana en la Diada, además de estudiantes de varias universidades y ciudadanos.
Protestan con impresoras
El jueves 21 la multitud se manifestó afuera del Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pidiendo la liberación de los funcionarios detenidos, a los que calificaron de héroes del proces.
La presidenta del Congreso catalán, Carme Forcadell, arengó a la multitud diciendo que los arrestados “no están solos, tienen un pueblo luchando por ellos porque son nuestros héroes. Demostraremos que no tenemos miedo y lo demostraremos votando en el referéndum”.
El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que la preparación de la consulta continúa porque “si detienen a un funcionario, continuamos los otros”.
Ante los manifestantes, Jordi Sánchez, presidente de la ANC, mandó un mensaje a Rajoy al señalar que “nuestro Estado es la gente, el pueblo, y eso es imbatible”. Entonces hubo gritos de los asistentes: “¡Libertad para los detenidos! ¡Aquí comienza nuestra independencia! ¡Es una urna, no una pistola!”.
Algunos de los presentes acudieron con una impresora bajo el brazo, como lo hizo el diputado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), quien días antes, en su intervención en el Congreso de los Diputados, en Madrid, defendió el referéndum y ridiculizó al presidente Rajoy porque la Guardia Civil había desplegado sus operativos para buscar la imprenta donde se produjeron las boletas.
“Éste es el cuerpo del delito, una humilde Samsung”, ironizó Rufián. “Deje de perseguir impresoras y céntrese en buscar corruptos y ladrones”, agregó.
Las movilizaciones no paralizaron las acciones judiciales. El magistrado Juan Antonio Ramírez ordenó a la Guardia Civil la entrada y registros en varios departamentos de la Generalitat, en especial en la Consellería de Governació, por el supuesto gasto de 6.2 millones de euros para organizar el referéndum.
Estas pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de los abogados madrileños Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, quienes se querellaron en enero pasado contra el senador Santiago Vidal, quien en una conferencia aseguró que las autoridades catalanas ya tenían un censo que se utilizaría en el referéndum, obtenido de manera ilegal, lo que causó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos.
El diario El País publicó que Vidal –quien luego renunció a su acta de senador—, dijo ante el auditorio: “El gobierno de la Generalitat tiene todos sus datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos del gobierno español. Pero tontos no somos, porque ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas cosas”.
También acusó que la Generalitat tenía una partida “camuflada” de 400 millones de euros para organizar la consulta del 1 de octubre y que ya tenían un “acuerdo secreto” con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para permanecer en dicha alianza y que unas 11 naciones reconocerían el resultado de la consulta, con lo cual “el Estado español no tardará ni 30 días en pedir una reunión bilateral Cataluña-España”.
División entre los escritores
En Cataluña el ambiente de crispación empieza a provocar división entre la sociedad. El domingo 17, el diario El País publicó un manifiesto a dos páginas titulado “1-O Estafa antidemocrática”, donde casi un millar de artistas e intelectuales, como la cineasta Isabel Coixet o el escritor Javier Marías, llamaron a no participar en el referéndum y calificaron la convocatoria como una “trampa”.
Como consecuencia de ello, en Barcelona aparecieron unos panfletos con la cara del escritor Juan Marsé, reconocido novelista de la Generación de los Cincuenta y premio Cervantes en 2008, con la leyenda: “Renegado”.
El reconocido escritor Antonio Muñoz Molina publicó un post en su blog en el que sale en defensa de Marsé, de quien dice es un renegado, porque “lleva diciendo desde hace más de medio siglo lo que le da la gana.
“Ahora los patriotas del banderazo y la hoguera han decidido señalarlo con lo que para ellos es el peor de los insultos: renegado. Un renegado es peor que un extranjero, porque a su alevosía une la condición de traidor.”
Muñoz Molina continuó en su blog que para mantener “su pureza” necesitan “enemigos exteriores y chivos expiatorios. Juan Marsé fue un resistente contra la dictadura y es uno de los grandes escritores de España y de Cataluña, pero ahora resulta, a los ochenta y tantos años, que es un renegado.
“Cuando era joven, Juan Marsé formó parte de lo que los franquistas llamaban la anti-España. Ahora lo han arrojado a la anti-Cataluña, en compañía, entre otros, de enemigos como Antonio Machado, Goya, Calderón, Negrín…”, expuso Muñoz.
