Hace un par de semanas se dio a conocer el Informe de la OCDE sobre radiodifusión y telecomunicaciones en México. Este organismo hace recomendaciones a los países para que sus sistemas alcancen competitividad según el esquema neoliberal. En lo político se trata de un instrumento de presión de las grandes compañías internacionales para expandir sus negocios, a la vez que todas las naciones ingresan al esquema mediante legislaciones adecuadas.
El Informe del 2012 para nuestro país fue la base de la reforma constitucional de 2013 que abrió al capital extranjero en 100% para telecomunicaciones y 49% para radiodifusión. La consecuencia inmediata fue el establecimiento de la AT&T compitiendo con las empresas Telefónica y Telcel, a las cuales les arrebató una porción significativa del mercado. A este efecto se atribuye también la baja en los precios. Sin embargo, tales modificaciones son apenas significativas y se recuperan al multiplicarse el uso del servicio por parte de los usuarios.
En el presente documento, la OCDE pretende mayores acaparamientos. Se recomienda la apertura total a los capitales foráneos en radiodifusión, es decir el 100%. Asimismo el otorgamiento de espectro a la compañía de Carlos Slim, América Móvil, para que ofrezca televisión de paga, siempre y cuando muestre sus números de infraestructura. Por lo que respecta a Televisa, “como no se puede saber la competencia que enfrentará” para que no sea preponderante en este rubro, debiera separar de manera estructural o funcional “en cualquier punto de la cadena de valor de su empresa”, es decir, una sola compañía no podrá ofrecer todos los servicios. Como el proceso para que América Móvil se reestructure tomará al menos dos años, tal es el plazo de gracia que habría que acordarle a Televisa.
Y hay más instrucciones para el Estado: eliminar el impuesto a las telecomunicaciones (IEPS), ocuparse de implementar la Red Compartida que debe ser exitosa para que otros privados entren a la competencia, que el Congreso establezca un marco normativo flexible con el fin de que los medios públicos –incluidos los comunitarios– se financien. No dice cómo pero suponemos que a través de la venta de espacio. También se preocupa de los contenidos, que el IFT los regule con especial énfasis en garantizar los derechos de niños y discapacitados.
El Informe está totalmente descontextualizado. Aquello obtenido a favor de la sociedad con la Ley de 2014, está en litigio por los amparos que el mezquino sector privado ha formulado en contra de la obligatoriedad de contar con un defensor de la audiencia independiente de la empresa. Los embates contra la autonomía del IFT. El alargamiento de los plazos al designar a los preponderantes con lo que siguen operando.
Por otro lado, si bien señala “la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en cuatro años, la caída de los precios de telefonía móvil y el aumento de los ingresos del sector 16 por ciento”, no indica que este aumento se dio en las mismas regiones en que había señal, pues parece evidente que “la competencia no genera cobertura” (Jorge Negrete, Mediatelecom).
En este escenario es evidente la pérdida de poder del Estado frente a las trasnacionales. De poco sirve que la Constitución declare el suelo, el subsuelo, los mares patrimoniales y el espacio aéreo como propiedad originaria de la nación, si se concesionan los recursos sin restricciones a los operadores privados y se deja en clara desventaja a los públicos.
