El sismo del jueves 7 mantiene postrado a Chiapas. El sacudimiento de 8.2 grados destrozó viviendas y cultivos, alteró la vida de miles de familias –sobre todo las que sobreviven en condiciones precarias en comunidades rurales–, dejó pasmadas a las autoridades y causó pérdidas millonarias. A los daños se suma la errática estrategia de apoyo a los damnificados, según especialistas consultados por Proceso. La población no necesita comida, dicen, pues no la azotó un huracán, sino apoyo urgente para reconstruir sus viviendas.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.– En el municipio de Cintalapa, el ejido Lázaro Cárdenas recibió el mayor impacto del terremoto, cuyo epicentro se localizó en la costa chiapaneca, a la altura de Pijijiapan. Ahí, la mayoría de los lugareños vive en chozas improvisadas en los patios de sus casas desde ese fatídico día. Nadie buscó albergue. Las familias siguen ahí, pues se niegan a dejar a sus animales.
La casa de doña Dominga Santiago Lázaro se desmoronó. Ella sólo pudo sacar de entre los escombros algunas de sus pertenencias y enseres y los llevó a una galera con techo de láminas que tiene en el patio y que se mantuvo en pie. Ahí ha resistido las réplicas, más de 2 mil.
Hoy, doña Dominga y su esposo, Nicolás Chandomí Merchant –ambos de la tercera edad–, apenas pueden cubrirse de las lluvias que tradicionalmente llegan en septiembre, mes marcado por la tragedia en Chiapas, entidad que desde 1999, cuando se creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ha experimentado 47 contingencias.
La del matrimonio Santiago Chandomí es una de las 400 casas afectadas, de las cuales 234 deberán ser demolidas, debido a los daños estructurales que presentan. Doña Dominga y Nicolás ven difícil que las autoridades los apoyen en la reconstrucción, sobre todo después de que el martes 12 los habitantes del ejido le reclamaron airadamente al gobernador Manuel Velasco Coello y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la falta de ayuda.
A unos kilómetros de Lázaro Cárdenas, en el vecino municipio de Jiquipilas, el ejido Quintana Roo también está devastado. Según el presidente del comisariado ejidal, Noé de Jesús Álvarez Vázquez, entre 80 y 100 de las viviendas quedaron dañadas.
Doña María Victoria Martínez García lleva días observando cómo caen los fragmentos de tejas de su derruida vivienda con cada réplica. Para ella lo urgente no es la comida, sino reconstruir su casa, dice al reportero.
El miércoles 13 llegó al ejido de Quintana Roo una partida de 12 efectivos del Ejército, quienes con palos y picos empezaron a demoler los restos de viviendas que quedaron en pie. Los damnificados, la mayoría de los cuales se dedican a la siembra de sorgo, maíz y cacahuate y en menor medida a la ganadería, están recluidos en sus patios. Ahí, a la intemperie, cocinan, comen y duermen.
En Paredón, municipio de Tonalá, una comunidad de pescadores, a donde llegó en su primera visita el presidente Enrique Peña Nieto, se colapsaron 75 casas. Las que no cayeron se hundieron en los humedales. En lo que fueron patios el agua no cesa de brotar.
Cintalapa, Jiquipilas y Tonalá son tres municipios de la región Istmo-Costa de Chiapas donde más se resintió el sismo del jueves 7. Sin embargo, los mayores daños se resintieron en las comunidades rurales.
Recuento parcial
De los 122 municipios chiapanecos, al menos 97, entre ellos Tonalá, Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y Jiquipilas, sufrieron los efectos del sismo, sobre todo en sus comunidades rurales. Fue una tragedia rural, lo que complica la ayuda y el recuento de daños, comenta el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.
Hasta el viernes 15 eran 54 mil 986 las viviendas afectadas, de las cuales 37 mil 23 presentan daños parciales y 17 mil 963 están totalmente colapsadas. Entre los inmuebles inventariados se encuentran mil 414 escuelas, por lo que, en alrededor de mil, 800 mil alumnos se quedaron sin clases.
En lo concerniente al sector salud, se contabilizaron 98 edificios dañados, así como 129 inmuebles públicos, 318 iglesias, 149 comercios, 207 ramales carreteros locales y 65 puentes afectados, así como 121 tramos carreteros y cuatro puentes federales.
Según los reportes de ese día, el número de fallecidos era de 16 –incluidas las dos personas de la comunidad de Pavencul, en la zona alta de Tapachula, a causa del desgajamiento de un cerro– y los lesionados eran 26, oriundos de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Jiquipilas, Villa Corzo, Pijijiapan, Tonalá, Suchiapa, Villaflores, Chiapa de Corzo y Cintalapa.
Los afectados no buscaron albergue en esta ocasión, pues desconfían de las autoridades. Prueba de ello es que en los siete refugios temporales sólo hay 110 familias (577 personas), que reciben atención médica, alimentos y un lugar para dormir. Eso contrasta con los miles de chiapanecos que sobreviven en campamentos improvisados.
Para el activista Nathaniel Hernández, del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, el gobernador Velasco Coello, el presidente Peña Nieto, los alcaldes y funcionarios fueron a algunos lugares siniestrados sólo a tomarse la foto, pero hay otros a los que nadie atiende.
El activista de la región costera cita a las comunidades Paredón, San Luqueño La Costa, Pueblo Nuevo, Boca del Cielo, parte de Puerto Arista, Playa del Sol, Huizachal, El Terrero, la colonia Barrio Nuevo como las más afectadas en la región de Tonalá. “Pero hay más”, insiste.
Y añade: Si bien hubo daños en la cabecera municipal de Pijijiapan, comunidades como Joaquín Amaro, Joaquín Miguel Gutiérrez o Las Margaritas, Las Brisas, Gustavo López y El Carmen están en situación grave. Hasta el jueves 14 a Joaquín Amaro no había llegado ayuda de ninguno de los tres niveles de gobierno, reitera Hernández.
En la sierra alta de Pijijiapan, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, El Rosario, El Vergel son comunidades donde, si bien los daños son menores, hay casas colapsadas.
Ante la falta de ayuda oficial, los habitantes instalaron cocinas comunitarias. El gobierno, en sus tres niveles “fue rebasado por la tragedia. Ninguno estaba preparado para reaccionar ante lo que ha pasado”, sostiene Herrera.
Admite que si bien en la costa, las autoridades se concentran en Paredón, donde los daños son cuantiosos, los apoyos aún no llegan a las comunidades rurales marginadas, las que están en las montañas, ni a las rancherías y poblados donde las familias llevan más de una semana pernoctando a la intemperie.
Los retos
Por ahora, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa trabaja en brigadas para reparar las viviendas con afectaciones menores. Sin embargo, convocó a otras organizaciones civiles a una jornada de solidaridad nacional e internacional para recaudar víveres, comenta el activista.
Muchas comunidades levantaron su propio censo, para cotejar la información con la de las autoridades, pues temen que intenten hacer uso indebido de los recursos del Fonden.
“Eso ya lo vivimos con los gobiernos de Pablo Salazar y Juan Sabines. No creemos que el de Velasco Coello sea la excepción”, dice Hernández.
En estos momentos, añade, lo más importante es exigir que el estado cumpla con lo que prometió a los afectados, además de trabajar en la organización de las comunidades afectadas.
Juan Guerrero Hernández, del Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (Fosich), dice que el gobierno sólo se ha enfocado a la costa. Ha descuidado regiones de Los Altos, como en Simojovel, donde el padre Marcelo Pérez Pérez reportó el desgajamiento de un cerro que dejó a 11 familias sin casa, e Ixtapa, donde muchas familias de las comunidades de Concepción y Cañitas viven en casas apuntaladas con polines.
Guerrero Hernández comenta que, por los daños registrados en las zonas de la costa y en la sierra, el frente va a diseñar un plan de intervención integral con especialistas de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
“Estaremos atentos –dice– para evitar que los recursos del Fonden se desvíen como en ocasiones anteriores; intentaremos también generar propuestas preventivas y alternativas de viviendas más efectivas y seguras.
“Lo importante –insiste– es elaborar reglamentos de construcción por cada municipio, acorde a las condiciones geográficas y geológicas de cada región. Y así como en la Ciudad de México el sismo de 1985 provocó cambios en materia de construcción, en Chiapas debemos aprender para evitar catástrofes como la que hoy se vive en la entidad.
“No queremos reglamentos punitivos, sino preventivos; queremos que en la construcción de las futuras viviendas se tome en cuenta el cálculo de cimientos, así como la estructura, materiales, instalaciones de agua, luz y drenaje; todo”, dice Guerrero Hernández.
Al igual que Nathaniel Hernández, considera que el gobierno estatal concentra la ayuda en la zona costera, donde, si bien los daños son mayores, los funcionarios sólo buscan tomarse la foto. Pero han descuidado Jaltenango, Monte Cristo y otras comunidades rurales.
El miedo del gobernador
Como la sociedad comienza a organizarse para crear observatorios y denunciar las irregularidades, Velasco Coello ya pidió a la Auditoría Superior de la Federación “auditar cada peso que llegue a Chiapas para la reconstrucción”, comenta Guerrero Hernández.
Y añade: “Vamos a exigir que los afectados reciban ayuda… Así como hay un multimillonario presupuesto para organizar comicios y financiar campañas electorales, vamos a exigir que también haya recursos multimillonarios para apoyar a los damnificados”.
Advierte: todos los recursos deben ejercerse en este escenario de emergencia. No hacerlo, como en ocasiones anteriores, sería un crimen.
El activista Sinar Corzo, de Arriaga, dice estar convencido de que tanto los alcaldes como los gobiernos estatal y federal fueron rebasados por la tragedia. “Se hacen bolas todos –puntualiza–. No se coordinan”.
En Arriaga, por ejemplo, las autoridades municipales levantaron un censo discrecional y arbitrario; hacen recorridos a pie, por lo que sólo ven los daños exteriores de las casas. Si hicieran un sobrevuelo, con un dron, verían los cientos de viviendas que se quedaron sin techo, asegura Corzo.
En la comunidad de La Línea, los vecinos hacen sus propios peritajes, que luego cotejan con los de la alcaldía. Así, tras revisar casa por casa y calle por calle, recogieron datos que las autoridades habían omitido.
En algunas regiones los funcionarios municipales inflan cifras para bajar más recursos del Fonden; en otras realizan un subregistro, para dejar fuera a familias con casas colapsadas. Eso no sucede en Arriaga, comenta el entrevistado.
“En la cabecera municipal, el edificio del ayuntamiento tiene daños severos, igual que la preparatoria. En Arriaga hay comercios y casas afectadas, se van a caer; también hay comunidades enteras que no han sido visitadas”, dice.
Y advierte: “Esto provocará una crisis terrible, pues todo se está manejando como si se tratara de una inundación o un huracán, pero no es así. Se trató de un sismo que causó más daños en más población y más comunidades”.
En el caso del huracán, la gente se queda sin comida. Pero acá hay comida y vías de comunicación. “El riesgo mayor es que la gente se está quedando a vivir en trampas mortales. La gente está poniéndole cemento a las grietas de sus casas”, señala.
Lo urgente es, dice, al igual que los otros dos activistas entrevistados, tanto replantear los modelos de construcción como diseñar un modelo de vivienda que considere la dimensión de la tragedia para que en el futuro los daños sean menores.
E insiste: los constructores de viviendas en Chiapas tendrán que replantear las casas que construyan, pues deben resistir sismos de más de 8 grados.
Hoy, cada réplica es como un mazazo a las casas frágiles, que se desmoronan poco a poco. La gente ve su casa toda jodida pero no reporta los daños al gobierno por temor a que la demuelan y no le construyan otra, por eso las están parchando como pueden.
No debe ser así, pues estamos enfrentando la realidad con números falsos. “Si el sismo fue grave, las consecuencias serán aún más graves”, dice.
Y lamenta que el gobierno se limite a repartir despensas, como en Arriaga, donde no hace falta comida. Lo que la población necesita es apoyo para tener una vivienda digna.
