La permanencia de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela hace tiempo que no se debe al apoyo popular: según las encuestas, sus índices de desaprobación son enormes, pero lo más evidente es el rechazo en las calles. Muchos se preguntan cómo se mantiene en el poder un líder rechazado. La respuesta se encuentra en el apoyo del ejército, cuyos integrantes tienen prebendas económicas y políticas… en ese contexto ocurrió el fallido alzamiento militar del domingo 6, que algunos analistas califican de montaje.
CARACAS.- El apoyo militar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es lo que lo mantiene en el poder, así lo aseguran analistas y así se evidencia al permanecer al mando de un país en crisis, con una población que lo rechaza y a la cuál ha reprimido en los últimos meses.
La experiencia venezolana indicaría que un gobierno sin apoyo popular sólo podría caer por un golpe militar, algo que no es muy probable actualmente en el país, debido al poder económico y político que detentan los altos mandos del ejército. Sin embargo, un hecho el pasado domingo 6 corrió la cortina de un posible alzamiento militar.
La sede de la 41 Brigada Blindada, en el fuerte Paramacay, de la ciudad de Valencia en el estado de Carabobo, fue tomada por un presunto grupo insurgente. El gobierno de Maduro aseguró que el alzamiento fue “neutralizado”, mientras los autores del mismo proclamaron su éxito, pues se llevaron un cargamento de armas.
Los golpistas, militares retirados y activos, anunciaron en un video una supuesta rebelión llamada “Operación David” contra el régimen de Maduro. El capitán retirado Juan Caguaripano Scott se adjudicó la autoría del movimiento mediante un video difundido en las redes sociales.
La abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y analista en materia castrense, estima que ésta fue una operación infiltrada. “Está por verse el alcance de esto; la historia de Venezuela no reporta movimientos insurreccionales con bajos mandos, con oficiales que ya no forman parte de la estructura de la fuerzas armadas y mucho menos por civiles”, asevera a este semanario.
Para San Miguel el hecho no está del todo claro: los presuntos insurgentes se desmarcaron de la oposición política, mientras el gobierno no dio mayores detalles de lo ocurrido, además de que la acción fue repelida por cuerpos policiales y no por brigadas militares. “Hay muchas preguntas que están en el aire, una de ellas es por qué respondió el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la policía política) y el Conas (Comando Antiextorsión de la Guardia Nacional) y no una unidad militar”, cuestiona.
San Miguel opina que la toma de Paramacay benefició a Maduro en su discurso de un ataque armado contra su gobierno. “Esto permite avanzar en esta narrativa de una insurgencia armada que le conviene tanto al gobierno”.
Maduro calificó este hecho como “un acto terrorista” y señaló a factores extranjeros. “Esa factura se pagó desde Miami y de Colombia (…) Quién lideró ese ataque es un desertor que ha vivido en Miami”, dijo el mandatario venezolano.
Por las características del hecho, San Miguel estima que el plan fue interceptado por el gobierno y lo calificó como un “falso positivo”. “Este movimiento muy probablemente estaba infiltrado. Un falso positivo no quiere decir necesariamente que los que participan sepan que están infiltrados. Pero, por los resultados que ha obtenido el gobierno, sin duda ha salido beneficiado con este hecho”.
La presidenta de Control Ciudadano considera muy grave la influencia militar en Venezuela, pues sirve de “apalancamiento para la consolidación de la dictadura”. Y considera que “hay una situación realmente extrema que tiene que ser preocupante no solo en el ámbito nacional sino en el internacional”.
Asegura que en efecto existen divisiones internas dentro de las fuerzas armadas, que se podrían expresar en el mediano plazo. “Por no permitírsele participar en la estructura de poder que se está consolidando”, pero no lo ve plausible en el corto plazo. “El gobierno avanza en deshumanizar a la oposición, dividiéndola, explotando sus debilidades, apuntalando a los sectores más radicales de ambos lados”.
Fieles a los beneficios
San Miguel apunta que el régimen de Maduro apuesta a la destrucción del tejido social. “Las redes sociales son un ejemplo de esto; (esa destrucción) se expresa en las críticas que se hacen a líderes opositores, a personas que trabajan en movimientos sociales. Eso forma parte de una articulación que busca deshumanizar los anclajes de una sociedad para generar mayor confusión, frustración y desánimo”.
Reconoce que los militares tienen muchas posibilidades de actuación y en sus manos podría estar una salida a la crisis venezolana, sin que esto implique necesariamente un golpe de Estado. “Una de ellas es el desacato de órdenes contrarias a la Constitución; eso produciría un retroceso en la ruta de criminalización y represión en la que está avanzando Maduro; sin embargo, hasta ahora no se han visto expresiones de desacato en esa dirección”.
Y desestima un escenario de revuelta militar. “La otra es la clásica vía histórica en los procesos latinoamericanos, que es el de la rebelión militar. Allí no veo una configuración clara en esa dirección, por lo menos no en este momento”.
La lealtad de los militares venezolanos es hacia sus propios beneficios, que han obtenido durante casi 20 años. Sólo una fórmula que elimine este acceso ilimitado a recursos y poder que tienen los altos mandos, podría traducirse un debilitamiento significativo del régimen que finalmente culmine con su salida del poder.
“No es un asunto de lealtad en términos de generosidad y principios; es un asunto de una construcción que se ha edificado como parte de un proyecto en el que los incentivos a la lealtad son una de las fórmulas que han encontrado resultados para este proyecto que, desde el inicio del ascenso de Chávez, se presentó para este proyecto de carácter burocrático, autoritario y dictatorial”, señala.
Sin apoyo popular
Con menos de 18% de aprobación, según la encuestadora Datanálisis al cierre de julio, Maduro es el presidente latinoamericano con menor aceptación entre sus conciudadanos. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela han trascendido sus fronteras.
El miércoles 9 la ONU lo acusó de “uso generalizado de la fuerza y detenciones arbitrarias”. El martes 8, 17 países de América y el Caribe rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impuesta por Maduro y condenaron la violación a los derechos humanos cometida en Venezuela.
En este panorama, para cualquier gobierno sería difícil mantenerse legal y legítimamente en el poder, pero Maduro cuenta con el respaldo más importantes en términos de conservar el control de una nación: el apoyo militar.
Desde el ascenso al poder de Hugo Chávez, el estamento militar tomó protagonismo en la vida política. “Sin duda la estructura de poder militar y político en Venezuela es indivisible (…) es militarista completamente”, dice San Miguel.
Actualmente, más de un tercio de los 32 ministerios del gabinete están a cargo de oficiales activos o retirados. Maduro mueve sus fichas y le da más poder a los militares, no sólo en lo político y económico, sino también en lo judicial, pues permite que cortes marciales persigan a civiles disidentes; de acuerdo con la ONG Foro Penal, más de 600 ciudadanos han sido presentados ante tribunales militares hasta el pasado domingo 6.
Las fuerzas armadas están integradas por cuatro componentes: Guardia Nacional (GN), Ejército, Armada y Aviación.
De éstos, la GN es la que ha participado activamente en la represión de manifestaciones desde los tiempos de Chávez.
El régimen ha sido hábil en mantener contentos a los militares. “Por la vía de los incentivos de toda naturaleza a la lealtad. En Venezuela han ascendido en los últimos siete años más de mil 250 generales”, explica San Miguel.
El dominio económico que detentan los militares está concentrado en las operaciones que mueven grandes sumas de divisas, en un país con un control cambiario desde hace 14 años. La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) fue creada por Maduro en julio de 2016 y esta a cargo del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López.
Para noviembre de ese año la GMAS no tenía transferencia de recursos a través del Sistema Financiero Público Nacional, pero se le asignó la administración del Comando de Abastecimiento Soberano cuyo presupuesto en ese momento era de 274 mil 754 millones de bolívares, de acuerdo al informe de Transparencia Venezuela. La cifra, al cambio oficial preferencial para rubros de alimentación, representaba más de 27 mil 475 millones de dólares. No obstante, el país culminó 2016 con un índice de desabastecimiento en alimentos de 80%, según cifras de Datanálisis.
Luego de la creación de la GMAS, Padrino López designó a 18 generales y almirantes para fiscalizar la producción, distribución y comercialización de alimentos, medicinas y productos de higiene personal, como papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, champú, pasta dental y desodorantes, entre otros.
Pero el control militar no se limita a los alimentos y artículos de higiene, Maduro también les otorgó la conducción de la industria petrolera y la explotación minera, en un país con la mayor reserva de petróleo del mundo y con grandes yacimientos minerales y gasíferos.
“La estructura de la Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas), que se encarga de la explotación y exploración minera en Venezuela, ha sido asignada a los militares por 50 años”, precisa San Miguel. La Camimpeg fue creada en febrero de 2016 para que las fuerzas armadas puedan “fortalecer su propia doctrina y tecnología, adecuando la industria militar a las necesidades del pueblo venezolano”, según el decreto presidencial.
Los negocios de la alimentación y la minería son los que más producen dividendos legales para la estructura militar, explica San Miguel, pero señala las denuncias de negocios ilícitos en los que los militares tienen presunta participación. “Tráfico de combustible, alimentos, minerales y drogas”, afirma. En 2016 el Observatorio de Delito Organizado de Venezuela reveló una lista de 40 militares y funcionarios del gobierno vinculados con el tráfico de drogas.
