Alfredo Castillo Cervantes, director de la Conade, es el “todólogo” más notorio del equipo de Enrique Peña Nieto. De la procuraduría del Estado de México lo llevó a la comisión especial para Michoacán y después al organismo promotor del deporte mexicano. Pero ahí Castillo no está solo: lo acompañan muchos de los amigos que hizo en las corporaciones policiacas, a quienes contrató con recursos que estaban destinados a la atención de los atletas.
En los 27 meses que ha sido director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes contrató en el rubro de “especialistas del deporte para la atención de deportistas” a policías judiciales, criminólogos, fiscales y hasta a la pareja sentimental de su secretario particular, Alfredo Peral.
La información se desprende de los contratos que la Conade firmó con proveedores a través de CompraNet, el sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se realiza la contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades del gobierno federal, supuestamente de forma transparente.
En el periodo mencionado la Conade firmó 558 contratos por adjudicación directa con personas físicas, presuntamente para que desempeñaran actividades en favor de los atletas. En ello gastó 97.6 millones de pesos provenientes del capítulo 3000, que en la administración pública corresponde a servicios generales.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de este capítulo se contratan servicios básicos, de arrendamiento, de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones, comerciales, bancarios y financieros, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes, de mantenimiento y conservación y de impresión, grabado, publicación, difusión e información.
En la Conade históricamente se han utilizado recursos públicos que corresponden al capítulo 3000 para cubrir los salarios del personal contratado fuera de la estructura y del pago por honorarios, pero en el periodo de Castillo Cervantes el dinero además se usó para cobijar con un sueldo a personal que trabajó con él cuando era comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán o como procurador de Justicia del Estado de México.
Algunos ejemplos son: Iván Jacobo Martínez Gutiérrez, quien fungió como subprocurador regional en Uruapan cuando Castillo era comisionado. De acuerdo con el contrato registrado en CompraNet, este licenciado en derecho, que en la procuraduría mexiquense trabajó como agente del Ministerio Público y fue policía de investigación en Cuautitlán Izcalli, cobró 161 mil pesos por cuatro meses (31 de agosto a 12 diciembre de 2015) como “especialista del deporte para la atención de deportistas”.
En 2010 Martínez Gutiérrez fue nombrado fiscal en Ecatepec y en diciembre del año pasado fue designado comisario de la Policía de Investigación en el Estado de México.
Bajo el mismo rubro aparece Rosalinda Ávila Medellín, exdirectora regional de Averiguaciones Previas en Zitácuaro, cargo que le dio Castillo, y antes se desempeñó como titular de la Unidad 1 de la Fiscalía Especializada en Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales. Durante noviembre y diciembre de 2015 la Conade le pagó a Ávila Medellín 61 mil 637 pesos y en 2016 su salario fue de 355 mil 600 pesos por 10 meses como “prestadora de servicios”.
En el mismo periodo cobró un sueldo idéntico Cherryl Villicaña Muñoz, pareja sentimental del secretario particular de Alfredo Castillo, Alfredo Peral Romea. Según la base de datos de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Villicaña es licenciada en turismo por la Universidad Mexicana.
Otra licenciada en derecho que sacó ventaja de su amistad con Castillo fue Anna Lilia Ramírez Ortega, exsecretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Michoacán, cargo que recibió en enero de 2015. Según el registro de CompraNet, durante noviembre y diciembre de ese mismo año también cobró 61 mil 637 pesos.
A principios de enero de 2016 Castillo la nombró directora de Alto Rendimiento de la Conade, cuando claramente no tiene la capacidad ni la experiencia de asumir el puesto del servidor público responsable de revisar y aprobar los programas de trabajo que diseñan las federaciones deportivas nacionales para la obtención de medallas en competencias internacionales.
Después de que Proceso reveló en su página de internet (20 de enero de 2016) este nombramiento, la Conade despachó un boletín para aclarar que, aunque ocupara ese cargo, Ramírez desempeñaría “funciones administrativas”.
En octubre de 2016 Ramírez Ortega dejó el cargo de directora de Alto Rendimiento y su lugar lo ocupó el tenista Bruno Rodríguez Billerbeck, quien a su vez renunció y fue sustituido por Idulio Islas en mayo pasado. Islas es un taekwondoín que aprovechó para retirarse cuando Castillo Cervantes llegó a la Conade.
Administración policial
Islas, subcampeón mundial en 2009, no calificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su carrera estuvo marcada por constantes indisciplinas. En mayo de 2015 le pidió a Castillo que lo contratara. El director de la dependencia también lo acomodó para cobrar como proveedor con pagos a través del capítulo 3000. Islas se integró al séquito de empleados que lo acompañan y juegan con él en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).
Pese a que Islas reconoció públicamente que su labor era como buscador de talento, en el sistema CompraNet se registró como “entrenador nacional de taekwondo”, lo cual es falso, y devengó 237 mil pesos durante seis meses (de junio a diciembre 2015). En 2016 Islas se convirtió en un “prestador de servicios”. Su contrato indica que cobró 525 mil pesos de marzo a diciembre.
Entre los privilegiados que fueron contratados en la Conade también figura Salvador Francisco Luna Corral, exdirector de Proyectos para la Aplicación de Recursos a Programas Estratégicos en el estado de Michoacán.
En 2015 Luna firmó un contrato por 129 mil 300 pesos, de agosto a diciembre, como “especialista del deporte para la atención de deportistas”. En 2016 sus ingresos mejoraron considerablemente. Se convirtió en “prestador de servicios” y devengó 355 mil 600 pesos mediante un contrato de marzo a diciembre. En 2017 cobrará 323 mil 275 pesos como prestador de servicios en la Subdirección de Calidad para el Deporte, que encabeza Valentín Yanes.
Julio César Sampedro, quien en 2011 trabajó en la Procuraduría General de la República (PGR), también fue contratado en 2015 para trabajar con los atletas. Cobró 61 mil 637 pesos durante noviembre y diciembre de ese año.
Sampedro nunca se había desempeñado en el alto rendimiento. En la PGR fungió como coordinador administrativo en el área de Comunicación Social, pero ahora es uno de los funcionarios que acompañan a Castillo Cervantes a donde vaya.
El subdirector de la Conade, Pedro Luis Benítez, no se olvidó de quienes conoció cuando fue procurador en Morelos y delegado de la Sagarpa. En 2016 se aseguró de que tuvieran un contrato como prestadores de servicios Érik Camacho Cazares, Raymundo Escobar Tellechea y Juan Antonio Reynoso Abúndez.
Camacho Cazares fue agente B de la Policía Ministerial en Morelos. En la Conade cobró 289 mil 200 pesos entre febrero y diciembre de 2016. Por su parte, Escobar fungió como director general de Sistemas e Información Criminógena y jefe de la Unidad de Información Pública de ese estado antes de que Benítez ocupara el cargo de 2009 a 2012. En la dependencia del deporte firmó contrato de marzo a diciembre por 262 mil 931 pesos.
Reynoso Abúndez es licenciado en relaciones públicas con maestría en derecho penal y criminalística, y trabajó como coordinador de Distritos de Desarrollo de la Sagarpa. En la Conade, como secretario particular de Benítez, cobró lo mismo que Escobar.
Francisco Moreno Magallón es otro personaje importado de Michoacán, donde se desempeñó en diversas tareas en la Secretaría de los Jóvenes (Sejoven). Fue compañero de Francisco Xavier Lara Medina, quien en ese estado fue director de la Sejoven y de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.
Moreno Magallón también está adscrito a la Subdirección de Calidad para el Deporte con un contrato por 246 mil 500 pesos para 2017. En la Sejoven lo mismo acompañaba en eventos a Lara Medina, que supervisaba espacios o fungía como su chofer.
Castillo también contrató como proveedor de la Conade a un amigo suyo: Augusto César Castellanos Hernández, un odontólogo que acostumbra estar en las instalaciones de Villas Tlalpan, donde curiosamente no hay equipo dental, porque la dependencia no ha autorizado que se compre.
Las unidades dentales que existen están en el CNAR y en el Centro Paralímpico Mexicano, donde Castellanos Hernández nunca se para. Eso sí, en 2016 cobró 373 mil 700 pesos y para 2017 su contrato aumentó a 433 mil 500 pesos.
En tanto, un médico que sí atiende a deportistas cobra un sueldo promedio de 16 mil pesos mensuales.
La legión invisible
Desde que asumió el cargo de director de la Conade, Castillo ha fustigado, no sin razón, a los presidentes de distintas federaciones por irregularidades en el manejo de los recursos federales que han recibido, así como por abusos contra deportistas. Los ha señalado también porque se eternizan en sus cargos y hacen de las federaciones cotos de poder y dinero.
Entre algunas de las federaciones que la Conade ha desconocido o no les otorga recursos destacan la de Luchas Asociadas, Boxeo, Atletismo, Tiro con Arco y Frontón. Sobre esta última, solicitó a la federación internacional correspondiente que le quitara el aval a su presidente, Eduardo Villegas, y se comprometió a reorganizar este deporte en beneficio de los atletas.
Sin embargo, el sistema CompraNet y los recursos federales del capítulo 3000 le sirvieron a Castillo para otorgarle un sueldo a Jorge Alberto Molina Munguía, a quien por el poder de su dedo designó como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón. En 2015 la Conade le pagó a Molina 70 mil 800 pesos por dos meses.
En México los cargos de presidentes de federación son honorarios y, aunque algunos se han enriquecido a costillas de su deporte, no cobran salario alguno.
Entre los cientos de contratos de la comisión figuran nombres que, cuando se pregunta por ellos en el conmutador de la Conade o en el área de Calidad para el Deporte y Alto Rendimiento, nadie los conoce. Son los casos de Óscar Pucheta Martínez, Isela Guadalupe Pucheta Santillán, Miguel Ángel Loza Mendoza, Patricio Montiel Hernández, Óscar Conrado Torres Trucios, Jesús Antonio Solís Reynoso y Enrique Ángeles Ruiz, entre otros. En 2016 tuvieron contratos de entre 262 mil y 355 mil pesos cada uno.
El año pasado este semanario publicó que entre los becarios del programa Fodepar (conocido como CIMA), Castillo Cervantes otorgó recursos federales a otro grupo de amigos que tampoco desempeñaban las funciones necesarias para que se les otorgara el estímulo económico (Proceso 2078).
En 2017 Castillo ha dejado sin recursos a atletas de todos los deportes con la excusa de que el presupuesto sufrió un recorte y la Conade ya no puede hacer frente a todos los gastos.
La semana pasada se anunció el programa Efideporte (Estímulos Fiscales para el Deporte) en el que la dependencia les pide a los empresarios que destinen el pago del Impuesto Sobre la Renta de forma directa al deporte, para ayudar a los atletas de alto rendimiento.
Este semanario solicitó a la Conade que alguno de sus funcionarios explicara la labor que desempeñaron estas personas contratadas, pues claramente no cubren el perfil para ejercer las funciones que tienen asignadas al no ser médicos, fisiatras, metodólogos, nutriólogos ni psicólogos y por ende no están prestando servicio a los deportistas.
Hasta el cierre de la edición no había llegado la respuesta.
