Señor director:
Lo que ocurre en la Ciudad de México o que afecte directamente a sus habitantes tiene resonancia nacional o internacional. Tal es el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, salida de los chilangos a uno de sus destinos de recreo favoritos. Quizás si la obra hubiera sido una de relevancia sólo local para Morelos, el escándalo no habría sido tan grande.
¿Qué ocurre en el resto de la República?
Va un ejemplo: en León, Guanajuato, en la zona del Campestre, tal vez la más importante desde el punto de vista comercial, económico y social de toda la ciudad, una obra lleva tres años: es la construcción de un distribuidor vial, el Benito Juárez, que presuntamente ayudará a desahogar el tráfico en esta zona.
Esta obra, de responsabilidad federal (del funcionario responsable del socavón, Gerardo Ruiz Esparza), se volvió un desastre: la zona está devastada, el proyecto tiene un retraso cercano a los dos años y el dinero invertido rondará los mil millones de pesos o más. La primera parte de la obra estuvo a cargo de Aldesa, la misma del socavón en Morelos, y a la que le detectaron fallas estructurales serias que le obligaron a corregir, para, poco después, dar por terminado el contrato que tenían con ella.
A partir de ahí han sido otras cuatro las constructoras que se han pasado la bolita, posponiendo una y otra vez la fecha de entrega del distribuidor. Lo único cierto es que un cruce vial que antes le tomaba a los residentes de la zona un par de minutos sortear, semáforo incluido, se ha convertido ahora en un rodeo en el cual se pierden hasta 30 minutos. Un verdadero paso “exprés”.
Hace también casi dos años que he denunciado esto en la prensa local y ante funcionarios de todos los órdenes, desde el secretario de Obra Pública del municipio, Carlos Alberto Cortés Galván, hasta el presidente de la República, pasando por el presidente municipal de León, Héctor López Santillana; el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez; el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, José Leoncio Pineda Godos, primero, y ahora Roberto Mauricio Vallejo Rábago; y el hoy celebérrimo Gerardo Ruiz Esparza.
A todos ellos los tengo denunciados por corruptos (obtienen un salario sin devengarlo) ante la contraloría municipal, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas estatal, la Secretará de la Función Pública federal y la Presidencia de la República.
Por último, la única parte de la obra que ha sido liberada hasta la fecha es un paso elevado para conectar dos vialidades. Es lo único que pudo entregar Aldesa antes de que le fuera rescindido el contrato. ¿Quién nos garantiza que este puente no se colapsará cuando el flujo vehicular sea mayor en la zona, habida cuenta de la fatídica experiencia de Morelos?
Atentamente
Raúl Gutiérrez y Montero
