Estímulo fiscal para salvar a la Conade

Pese al cuestionado manejo de su presupuesto, la Conade pretende endosarle a los empresarios el cumplimiento de sus objetivos prioritarios al final de este sexenio mediante el estímulo fiscal Efideporte. Aunque los interesados pueden invertir directamente en infraestructura deportiva o la formación de atletas de alto rendimiento, los plazos previstos los obligan a apoyar los proyectos prioritarios para el organismo que encabeza Alfredo Castillo.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseñaron un programa de estímulos fiscales para financiar el deporte de alto rendimiento que presentaron a la iniciativa privada sólo 12 días antes de que concluya el plazo para cumplir con un mar de lineamientos y requisitos generales.

El Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (Efideporte) fue presentado el miércoles 19 a un grupo de empresarios, representantes de cámaras comerciales y de la construcción, así como de despachos fiscales, quienes cuestionaron la premura con la que fueron avisados y de que haya requisitos imposibles de cumplir a tiempo, como contar con una licencia de construcción, trámite que dura meses.

El Efideporte es un estímulo fiscal creado bajo las mismas bases que el del cine: los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) –personas físicas y morales– pueden aportar recursos a proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas o a programas para la formación de deportistas de alto rendimiento.

Esto es, en lugar de que el contribuyente le pague el impuesto a la SHCP puede utilizar hasta 10% del ISR que le corresponde tributar por el ejercicio fiscal inmediato anterior para destinarlo directamente a estos proyectos o programas en beneficio del deporte.

El 1 de enero de este año entraron en vigor los cambios al artículo 203 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el 28 de febrero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento. Asimismo, la Conade emitió los Lineamientos de Operación para los proyectos y programas del Efideporte y publicó en su página de internet cinco de 15 proyectos que la dependencia propone como prioritarios.

El Efideporte opera de la siguiente manera: los contribuyentes aportantes (definidos como CA) deciden si quieren participar en los programas diseñados para el desarrollo, capacitación, entrenamiento y competencia de deportistas mexicanos de alto rendimiento (PAR) o en los proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas (PII).

Después tienen el derecho de proponer (sin licitación de por medio) a una empresa que tenga la capacidad de llevar a cabo ese tipo de proyectos. Para el primero se requiere una empresa especializada en deporte de alto rendimiento (Empresa Ejecutora de los Programas diseñados para el desarrollo, capacitación, entrenamiento y competencia de deportistas mexicanos de alto rendimiento, definida como EEPAR) y para el segundo una constructora que pueda ejecutar una obra deportiva (Empresa Ejecutora del Proyecto de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, denominada EEPII).

Una vez que ambas partes se hayan puesto de acuerdo sobre qué proyecto realizarán –ya sea uno propio o que elijan uno de los 15 que propone la Conade– deberán presentarlo de manera conjunta a través de un sistema en línea.

Entonces un Consejo de Evaluación (CE) integrado por un representante de la Conade, uno del Comité Olímpico Mexicano (COM) y “un grupo de evaluadores con experiencia en deporte de alto rendimiento” revisarán la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, así como tiempo de ejecución, entre otros. Después un Comité Interinstitucional (CI), en el que también participará Hacienda, dará el fallo definitivo para determinar si se ejecutará o no.

Al Consejo de Evaluación le tomará entre 45 días y tres meses anunciar su decisión.

Plazos imposibles

Parte de esta información se dio a conocer en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) el pasado miércoles 19. Alrededor de 100 representantes se dieron cita desde las 11:00 horas en un encuentro que se extendió hora y media.

Durante la primera hora, funcionarios de la SHCP y de la Conade explicaron el proyecto. Los siguientes 30 minutos se aclararon dudas y se respondieron preguntas de los asistentes.

Uno de los primeros en participar fue el representante del Consorcio Inmobiliario Casah (no se identificó), quien preguntó en qué momento deben presentar la licencia de construcción para poder inscribir los proyectos de infraestructura a través del sistema en línea disponible en la página de internet de la SHCP.

Respondió Arturo Mejía García, director de la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP: “No somos expertos en construcción y una licencia no es tan rápida, pero deben subirla (a la página) al momento de presentar el proyecto”.

“Eso es casi imposible –lo interpeló el representante de Casah–. ¿Hay algún consultor aquí? ¿Un arquitecto? La licencia tarda de dos a tres meses teniendo toda la documentación. Tenemos 10 a 15 días ahora. Es muy corto el plazo y ninguna dependencia nos va a entregar una licencia. Ninguno de los que estamos aquí podríamos cumplir con el requisito.”

Y le pidió a un arquitecto presente que opinara. Éste dijo: “Sí, es complicada la tramitología de un permiso y aunado a eso se debe tener totalmente terminado el proyecto. Sería imposible tener la documentación en los tiempos requeridos”.

Mejía García abundó: “Lo que no queremos es que presenten proyectos que no tengan autorización (sic) en mucho tiempo. Entendemos el tema, lo vamos analizar, pero hoy están así las disposiciones”.

El invitado insistió. Las delegaciones de la Ciudad de México están en periodo vacacional, que concluye en agosto. No hay forma de obtener una licencia de construcción antes del 31 de julio. La respuesta de la autoridad fue: “Lo vamos a poner en consideración y a evaluar, y seremos conscientes que eso puede ser un impedimento”.

María Luisa Flores, de la Coparmex nacional, señaló que el tiempo entre la presentación que hicieron las autoridades y el cierre para presentar los proyectos es muy poco. “No sé si puedan ampliar el margen de tiempo para el registro. Para ingresar a estos estímulos tenemos 12 días contando fines de semana y además es julio, que son vacaciones. Es muy poco tiempo”.

El servidor público de Hacienda le reviró que la reforma al artículo 203 entró en vigor desde el 1 de enero y que el 28 de febrero se publicaron las reglas en el Diario Oficial. Los funcionarios públicos dieron por hecho que los empresarios llegarían solos a pedir su estímulo fiscal.

“Desde ahí nosotros consideramos que ya estaba abierto (el proceso) y que la gente (los potenciales participantes) podía ir documentándose. Ahorita estamos con la difusión, pero normativamente los tiempos ya están establecidos. Ya diferimos de mayo a julio el cierre del registro porque somos conscientes de que estábamos apretados. Seremos sensibles a lo que diga el sector, pero para este primer periodo tendremos que salir con los tiempos establecidos.”

Entre las invitadas se encontraban las hermanas María Elena e Irma Deschamps, de la asociación civil Espacios para Todos. Esta organización ha hecho aportaciones a Eficine, un estímulo fiscal para que los contribuyentes (de acuerdo con el artículo 189 de la Ley del ISR) apoyen la producción o posproducción de largometrajes de ficción, animación y documental, así como la distribución de películas.

En la reunión realizada en el CNAR les aclararon que las asociaciones civiles no pueden recibir el beneficio del Efideporte porque no pagan ISR.

José Serrano, representante de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, que aglutina a 2 mil 500 empresarios, proveedores y prestadores de servicios de este rubro, fue tajante: “Por lo que acaban de comentar, los constructores quedamos fuera de esto”.

Preguntó si la simple solicitud de la licencia de construcción podría ser suficiente para registrarse. Explicó que para cualquier obra se necesitan estudios de impacto ambiental y vial, legalizaciones de terreno y estudios de mecánica de suelo, entre otros requisitos.

Después cuestionó que quienes integran el Comité de Evaluación no tienen la facultad de revisar, por ejemplo, el proyecto de un hospital para deportistas porque eso lo autoriza la Secretaría de Salud.

“Considero que esta reunión debió hacerse los primeros meses después de que salió (el cambio a la ley), pero nunca es tarde y todo se puede resolver y mejorar si se quiere”, matizó Serrano.

Entonces el subdirector de Administración de la Conade, Óscar Juárez Davis, encontró la solución al problema: si en lugar de presentar sus propios proyectos, los contribuyentes eligen de entre los 15 de la Conade, esta dependencia le puede decir a las delegaciones Tlalpan e Iztacalco que les ayude a cumplir con el trámite en fast track.

“Sobre las licencias y permisos para estos proyectos, como son dentro de una instalación federal, conciliaríamos con la delegación Tlalpan (donde se encuentran las instalaciones de la Conade) o Iztacalco (donde se ubica el CNAR) y se hace una carta informativa. Se cubriría (el trámite). Lo estamos haciendo como dicen los lineamientos. Con este requisito podemos apoyar para que se resuelva”, explicó Juárez Davis.

Según Mejía García, los proyectos de la Conade sólo son una opción y no están preautorizados, pero claramente son los únicos realizables ante la premura. Así como la dependencia que encabeza Alfredo Castillo puede gestionar licencias de construcción, también puede ofrecer los servicios de empresas con las cuales ya tenga contacto para que ejecuten los proyectos.

Por si fuera poco, estos proyectos sustantivos servirán para cumplir el compromiso número 146 de gobierno, uno de los 266 que el presidente Enrique Peña Nieto firmó al inicio de su gestión, en 2012.

La iniciativa privada será la mejor aliada para que en 2018, en pleno año electoral, Peña Nieto pueda decir que, al menos en el ámbito deportivo, cumplió ese compromiso.

Las prioridades de Castillo

Los servidores públicos de ambas dependencias les dijeron a los invitados que les van a dar toda la asesoría necesaria para que cumplan con los lineamientos y no se queden sin “aprovechar” el estímulo fiscal.

La información que no recibieron los invitados es que la Cámara de Diputados ha etiquetado de 2009 a la fecha alrededor de 10 mil millones de pesos para la construcción de infraestructura deportiva, obras que no han sido debidamente supervisadas por la Conade y que la entrega de los recursos federales se dio sin que estados ni municipios presentaran al menos los proyectos ejecutivos.

Muchas de estas obras no se realizaron porque el dinero fue desviado para rubros no autorizados –como los procesos electorales locales– y otras quedaron inconclusas o sin equipamiento deportivo ni personal para prestar servicios, y mucho menos con recursos para operarlas y darles mantenimiento.

Los representantes de Hacienda y la Conade tampoco les dijeron a los asistentes que algunos funcionarios pidieron “moches” a cambio de entregar el dinero y que éste no fue comprobado, lo cual causó un daño patrimonial irreparable.

Tampoco les informaron que los recursos federales que se designan a la Conade son dilapidados por los servidores públicos que los administran, como el fracasado Programa Ponte al 100, al que se le invirtieron más de 100 millones de pesos, o que los amigos de Alfredo Castillo cobran salarios de 100 mil pesos mensuales como beneficiarios del programa de becas conocido como CIMA y no desarrollan las funciones para las cuales fueron contratados.

El dinero que cobran disfrazado de becas se justifica como si fueran parte de los equipos multidisciplinarios que atienden a los deportistas de alto rendimiento.

Y mucho menos les dijeron que mientras recortaron el presupuesto para los atletas que se prepararan para el próximo ciclo olímpico, para las Academias Conade –un programa que Castillo se sacó de la manga para favorecer los deportes profesionales– han erogado alrededor de 43 millones de pesos, de los cuales 32 millones se gastaron sólo en 13 eventos de beisbol.

Otros 600 mil euros pagó la Conade a la academia del tenista español Rafael Nadal, según información entregada mediante solicitudes de acceso a la información al periódico Excélsior.

Para endulzarles el oído a los asistentes, los funcionarios de la Conade les informaron que preparar a los atletas mexicanos de alto rendimiento cuesta mucho y que la Conade no tiene suficiente dinero. Les dijeron que para captar talentos deportivos y convertirlos en ganadores internacionales que pongan a México en “el nivel que merece” necesitan de sus aportaciones; que quieren convertir al CNAR en la mejor instalación deportiva del mundo pero que la Conade no puede invertir.

Durante una hora desfilaron con micrófono en mano cinco funcionarios federales que intentaron persuadir a los asistentes de que si los atletas ganan, ellos y México también ganan; que no dejen pasar la oportunidad de recibir el estímulo fiscal. A cambio, les prometieron cuentas claras y transparencia en el uso del dinero o los recursos que en especie aporten al deporte.

Alfredo Castillo no estuvo presente.

Cinco de los 15 proyectos que la Conade marcó como prioritarios –y que le urge realizar– tienen los montos más altos permitidos: 99 millones de pesos.

Cuatro de ellos cuestan 20 millones de pesos cerrados: la construcción del pabellón de tenis de mesa en el Centro Paralímpico Mexicano, la construcción de la unidad de terapia y recuperación funcional en el Centro de Alto Rendimiento de Villas Tlalpan y la construcción de un pabellón de usos múltiples y otro de deportes de combate en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos.

El quinto, por 19 millones, es para adquirir nueve equipos a fin de conseguir que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) vuelva a certificar al Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje.

En noviembre pasado, la WADA suspendió la instalación por irregularidades en su manejo y tras un falso positivo que dejó a la esgrimista Paola Pliego fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para reabrirlo, la Conade pretende pasarles la factura a los empresarios.