A unos días de que concluya la administración de Felipe Álvarez en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trabajadores de ésta denuncian que, además de la anomalía de repartir plazas entre recomendados del PRI y del PAN, a estos últimos se les cobra un porcentaje de su salario.
Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que obtuvieron el puesto con la anuencia del ómbudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián –quien concluye el 31 de julio su mandato, que se prologó a una década– a petición de influyentes panistas, tienen que corresponder el favor con el pago de un porcentaje de su nómina.
En la CEDHJ priistas y panistas se reparten las plazas con mejores salarios (Proceso Jalisco 657), pero uno de los afectados señala en entrevista: “Hemos detectado que sólo pagan, desde hace varios años, los empleados que son afines al PAN”.
El pago es quincenal y lo recogía un exdiputado local de Acción Nacional en la propia sede de la comisión. “No sé si lo siga haciendo él o cambiaron de personaje, pero esa práctica persiste”, afirma el trabajador consultado. La cuota varía según el puesto del empleado y alcanza hasta 50% del salario.
Dos empleados de la CEDHJ, en entrevistas por separado, sostienen que el dinero ilegalmente recabado se le entrega a José Antonio de la Torre Bravo, exdiputado local por el PAN y quien mantiene a su esposa Rosa Icela Díaz Gurrola en el área de presidencia del organismo autónomo, donde tiene un salario base mensual de 62 mil 718 pesos.
Ambos indican que “el moche” no llega al PAN estatal, “se lo queda” la pareja mencionada, cuyo operador es Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo de la CEDHJ, quien percibe un sueldo base de 80 mil 639 pesos al mes, como consta en la nómina de la segunda quincena de enero pasado.
Iván Vallejo Díaz es el quinto visitador en el organismo, con sueldo base de 84 mil 233 pesos mensuales. Él y Colunga Perry trabajaron en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) con Rodolfo Ocampo Velázquez, en una administración señalada por desvíos de recursos millonarios. “Ya se saben el caminito, lo mismo que hacían en el SIAPA lo hacen en la comisión”, comenta el trabajador consultado.
En su perfil de la CEDHJ –cuya copia tiene este semanario–, donde se reseña su formación académica, experiencia profesional y cursos, Colunga Perry y Vallejo Díaz omitieron su paso por el SIAPA.
Esta situación es similar a la que se cometió en el SIAPA durante la administración de Ocampo, quien abultó la nómina, dio empleos con altos sueldos a sus amigos y a los de otros influyentes, de modo que para pagar la nómina desvió recursos de un crédito de mil 200 millones de pesos originalmente destinados a mejorar la red hidráulica para hacer llegar agua potable a varias colonias.
Ocampo cumplió una condena de cuatro años en el penal de Puente Grande por peculado y desvío de recursos del programa “Todos con Agua”. Fue el único funcionario de primer nivel de la administración del panista Emilio González Márquez procesado en el mandato del priista Aristóteles Sandoval Díaz.
La omisión
El secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés, afirma que ha escuchado la queja de los trabajadores de la comisión que entregan parte de su salario a los panistas, pero temen denunciarlo públicamente porque “saben de la actitud represiva de Álvarez Cibrián, no cuentan con apoyo del sindicato y tienen dinámicas propias en su partido, no sé si lo acepten porque no les queda de otra”.
–¿El dinero llega al partido político o se le queda al padrino?
–El padrino. Pero se supone que éste es el partido porque lo utiliza para hacer las tareas que crea convenientes; sin embargo, eso es explotación en un contubernio atroz, porque Álvarez Cibrián está enterado.
Pese a la omisión del titular de la CEDHJ y de otros directivos, así como el temor de las víctimas, el dirigente sindical señala que es fácil dar con la persona que “cobra plaza” en el organismo autónomo:
“Basta analizar cómo ingresó a la institución ese grupo de personas, quién las recomendó y por qué tienen los mejores salarios, además de comparar ingresos con funciones; quienes aportan parte de su sueldo son aquellos trabajadores que ganan entre 40 y 50 mil pesos.”
Los del distrito 11
En agosto de 2007 Álvarez Cibrián llegó a la presidencia de la CEDHJ impulsado por Gustavo González Hernández, quien fuera diputado local y federal del PAN.
Priistas y panistas han apoyado la permanencia de Álvarez Cibrián en el cargo y a cambio los dos grupos han colocado gente en puestos de primer nivel de la CEDHJ (Proceso Jalisco 657), pero las fuentes de la comisión dicen que los panistas acaparan los puestos más redituables.
Otro denunciante asegura que los empleados panistas provienen sobre todo del distrito 11 e incluso entregó una lista de 44 nombres, encabezada por Vallejo Díaz y Colunga Perry. En las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015 ese distrito fue ganado por el partido Movimiento Ciudadano (MC): la diputación local la consiguió Kehila Kú Escalante y la federal Verónica Delgadillo.
Peña Cortés insiste en que se debe investigar la situación en la CEDHJ y practicarle una auditoría ciudadana a fin de limpiarla de empleados que llegaron por recomendaciones políticas, además de que “los diputados locales actuales que tienen intereses en la comisión deben abstenerse en el proceso de selección del próximo ómbudsman. La comisión está podrida, pero se puede sanear”.
La mano de Aristóteles
En septiembre pasado, menos de un año antes de que Álvarez Cibrián dejara el cargo, el Sindicato Único de Trabajadores de la CEDHJ convocó a una asamblea para renovar su dirigencia, pero el presidente de la comisión hizo lo que pudo para que Iram Peña Cortés continuara al frente “y así tratar de seguir controlando la comisión a través del sindicalismo”, asegura Cuauhtémoc Peña, hermano de Iram.
A decir del dirigente de la FGTEM, Álvarez Cibrián “apuntaló a un sindicalismo corporativo, patronal y blanco. Desafortunadamente corrompió al dirigente del sindicato (Iram Peña) e intentó secuestrar la asamblea de elección. Yo tuve dos reuniones muy acaloradas con el presidente porque le exigí que la parte patronal no metiera las manos, pues él permitió que la asamblea sindical se realizara en las oficinas de la comisión y así le dio cobertura al sindicato para que manipulara el proceso, ya que pretendía una reelección sin rendimiento de cuentas”.
Hugo Rodríguez, quien encabeza la planilla contraria a Iram Peña, impugnó a través de la FGTEM el proceso por las irregularidades ya señaladas y dice tener pruebas de que Aristóteles Sandoval intervino en favor de Peña en la Junta de Conciliación y Arbitraje, a través del secretario general, Roberto López Lara.
“A Hugo Rodríguez lo tienen amenazado para que se desista del amparo, sin embargo creemos que nos darán la razón porque la junta local se excedió en sus funciones”, asegura Cuauhtémoc Peña.
–¿Cómo se supone que intervino el gobierno del estado?
–Los plenos de la Junta Local se llevan a cabo el primer viernes de cada mes. Tenemos un representante en la Junta Especial número 11 porque demostramos que somos la federación con mayoría de OPD (Organismos Públicos Descentralizados).
“El caso es que nuestro representante, Alejandro Rivera, me dijo: ‘Está pasando algo muy extraño: le están hablando a cada uno de los representantes de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), de la Confederación de Trabajadores de México y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de parte del Chino López Lara. Él les está pidiendo que saquen la toma de nota porque es un asunto del gobernador’.
“Los que tenemos experiencia en litigar temas colectivos sabemos que para que se dé una toma de nota en esa circunstancia debe haber una presión muy fuerte. El único que puede hacer esa presión es el gobernador.”
El dirigente de la FGTEM relata que en septiembre de 2016 se reunió con Francis Bujaidar Ghoriachy, entonces representante de la Coparmex en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y actual coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el ayuntamiento de Zapopan. Según Peña Cortés, Bujaidar admitió: “Lo que presentó Iram no tiene sustento, se le va a negar la toma de nota”. Sin embargo, dice, “lo aprietan y sale la toma de nota (…) Por supuesto que nos amparamos y se admitió la audiencia constitucional”.
–¿La intervención del gobierno fue espontánea?
–No.
–¿Qué interés tiene?
–En principio, en el gobierno del estado no ven bien a esta federación. Dice que querían neutralizarlo porque la FGTEM ha denunciado pública y legalmente las irregularidades en contra de empleados del Sistecozome, lo que llevó a enfrentamientos verbales con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, y con el fiscal general, Eduardo Almaguer.
“La FGTEM defendió a empleados de Teocuitatlán de Corona ante injusticias laborales e hizo visible el despojo de nuestros bienes en el Instituto de Pensiones de Jalisco; hemos denunciado al presidente de ese organismo, Francisco Ayón López, como uno de los artífices de ese fraude equiparado para saquearnos mil 200 millones de pesos.”
–¿Qué va a ocurrir después de la impugnación?
–Tenemos la experiencia que algunos jueces federales están controlados también. En donde creemos que se nos va a aplicar la justicia es en los organismos colegiados; esperamos que nos den la razón. En el peor de los casos nos dirán que se reponga el procedimiento.
–¿El problema laboral puede resolverse antes de que termine la administración de Álvarez Cibrián?
–No lo sé, pero también armaremos una queja en la Organización Internacional del Trabajo por la intervención del gobierno del estado en este proceso electoral, porque primero se le niega la toma de nota (al sindicato oficialista) y después se le otorga.
Este semanario publicó que Álvarez Cibrián celebra su cumpleaños con recursos provenientes de sus empleados y hasta del erario, mientras la sede del organismo carece de suministros básicos, como agua para beber, papel sanitario y jabón. Los empleados cooperaban para las francachelas del ómbudsman con cuotas de entre 150 y mil 500 pesos (Proceso Jalisco 537).
El jueves 27, el pleno del Congreso local elegirá al presidente de la CEDHJ para el periodo del 2 de agosto de 2017 al 1 del mismo mes de 2022.
El pasado jueves 13, Álvarez Cibrián declaró a la prensa que la comisión ya no tiene dinero para el gasto operativo en lo que resta de 2017; lo atribuyó a que en los últimos cinco años no se le aumentó el presupuesto y a que ahora el organismo aporta más a las pensiones.
