TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- “Ejército Mexicano, prohibido el paso, aquí inicia el predio Piedra Blanca, propiedad de la Defensa Nacional”, decía el letrero que hombres y mujeres derribaron en una protesta contra las empresas mineras y de la instalación de un cuartel militar en el municipio fronterizo de Chicomuselo.
Desde que el actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, era comandante de la VII Región Militar en Chiapas, se planeaba construir ese cuartel en la región limítrofe con Guatemala. Ya en la Sedena, Cienfuegos retomó el proyecto con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello.
Oficialmente se ha dicho que dicha edificación es producto de los acuerdos surgidos en la reunión de Seguridad Nacional Sur-Sureste, a fin de reforzar el esquema de seguridad de Chiapas.
El cuartel tendrá una extensión de más de 60 hectáreas, las cuales fueron compradas a campesinos con recursos públicos y donadas por el gobierno de Chiapas a la Sedena.
Las obras costarán entre 250 y 300 millones de pesos y contará con una unidad tipo corporación (batallón), incluyendo una unidad habitacional.
Pese a todo, los trabajos no han comenzado. En enero pasado el gobernador Velasco Coello solicitó al Congreso del estado la autorización para contraer un préstamo de 125 millones de pesos para la construcción del cuartel. No tuvo éxito.
El presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que la nueva instalación militar perteneciente a la VII Región se construirá en el predio Piedra Blanca, de Chicomuselo, y servirá “para cuidar una parte de la zona fronteriza que no está vigilada”.
Pese a que todavía no empiezan los trabajos, la población ha manifestado su rechazo a esos planes. Entre otros grupos, la Organización Campesina Emiliano Zapata, del Movimiento de Liberación Nacional. (OCEZ-MLN), señaló que alrededor del nuevo cuartel crecerán problemas comunitarios como el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución.
Además, están convencidos de que la instalación militar es una avanzada gubernamental para otorgarle seguridad a las empresas mineras que saquean los recursos naturales en la región.
La frontera coladera
En los 573 kilómetros de frontera terrestre entre México y Guatemala sólo existen ocho cruces formales donde las autoridades migratorias, aduaneras, federales y militares controlan el intercambio entre ambos países.
Sin embargo, en esa extensión hay 56 puntos donde cualquier vehículo todoterreno y persona puede cruzar y traficar mercancías, personas, drogas o armas, sin que ninguna autoridad lo impida.
La mayoría son caminos de terracería que conectan a comunidades rurales donde mexicanos y guatemaltecos se han fusionado en una misma cultura, lengua y lazos familiares. Lo mismo pasan la línea fronteriza para ver a un familiar o a un amigo, que para ir a las tierras donde tienen sus cultivos.
En esta zona la frontera es imaginaria, pues nadie pide papeles para entrar y salir por esos 56 “agujeros” detectados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala (CILA) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y registrados en su Inventario de los Cruces Fronterizos Vehiculares Informales existentes en la Línea Divisoria Internacional Terrestre entre México y Guatemala”.
En ese documento la autoridad explica que en dichos puntos desprotegidos se ha limitado a colocar letreros o monumentos blancos de concreto o mojoneras para señalar el inicio y el fin de ambos territorios. Hay unos mil 704 de esos monumentos.
En marzo de 2014 el reportero le pidió a la CILA ese documento que detalla los 56 puntos de cruce informal, pero respondió con una negativa y consideración de reserva en respuesta a la solicitud 000500029614 por la Ley de Transparencia. Según la comisión:
“Se corre el riesgo de que la misma (información) pueda llegar a manos del crimen organizado nacional y trasnacional, lo que indudablemente incrementaría el cruce ilegal entre ambos países de bienes, productos, armas, drogas, animales y personas, al tener conocimiento documentado que aquellos puntos geográficos de cruce informal de vehículos en la línea divisoria internacional terrestre entre México y Guatemala, en los cuales no existen autoridades de revisión de ninguno de ambos países.”
Aparte de estos 573 kilómetros de frontera terrestre existen dos fronteras fluviales: el río Suchiate, de 81 kilómetros, y el Usumacinta, de 305. El segundo es muy caudaloso, pero se puede pasar en cualquier punto con lancha de motor o de remos. El Suchiate baja su nivel en tiempo de seca y entonces se puede vadear a pie.
Tres de los cruces fronterizos formales están en las márgenes del Río Suchiate: el de la mexicana Ciudad Hidalgo hacia Tecún Umán, Guatemala, por el Puente Dr. Rodolfo Robles; el de esas mismas ciudades sobre el Puente Ing. Luis Cabrera, y el de la mexicana Talismán a El Carmen, Guatemala, por el Puente Talismán.
Otros dos cruces fronterizos formales están en Ciudad Cuauhtémoc (hacia La Mesilla, Guatemala) y en Carmen Xhan (hacia Gracias a Dios, Guatemala), y otro más del poblado mexicano Nueva Orizaba y el guatemalteco de Ingenieros.
Asimismo, en el margen del Río Usumacinta se encuentra el cruce Frontera Corozal, México-Bethel, Guatemala, y el octavo paso formal es el de El Ceibo, muy cerca de Tenosique, Tabasco.
En abril de 2016, al formalizarse la Zona Económica Especial en esta región, el presidente de la Coparmex-Costa de Chiapas, Rafael Rojo Galnares, consideró que el gobierno federal debía incrementar la vigilancia en la frontera sur y “clausurar o controlar los pasos vehiculares ilegales”.
En un documento que la cúpula empresarial entregó a senadores de las comisiones de Hacienda, Sur-Sureste, de Comercio y Fomento Industrial, Población y Desarrollo, Estudios Legislativos y Especial de Productividad, se hizo un recuento de los riesgos que entrañan los cruces informales entre ambos países.
