Organizaciones defensoras de migrantes y activistas proderechos humanos detectaron que desde principios de este año comenzó a concretarse un plan para que el Comando Sur de Estados Unidos controle la frontera de México y Guatemala mediante una base en El Petén, donde históricamente la militarización sólo ha incrementado la violencia, el desplazamiento de los pueblos y la represión. Y aunque el objetivo oficial es combatir al crimen organizado, los activistas denuncian que más bien se buscará contener los flujos migratorios hacia el norte.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Alertados por la posible instalación de una base militar de la Fuerza de Tarea del Comando Sur de Estados Unidos en el Departamento de El Petén, cientos de organizaciones civiles y activistas de México y Guatemala han empezado a movilizarse en la frontera de ambos países.
Articulados por la organización defensora de migrantes Voces Mesoamericanas, pretenden evitar la militarización de la región, pues advierten que conllevaría graves riesgos y violaciones a los derechos humanos como la que en apariencia ya inició, con los primeros desplazamientos de indígenas que habitan la parte selvática de El Petén.
Afirman que en la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad y Economía para México y Centroamérica –que se realizará del miércoles 14 al viernes 16 de este mes en la base del Comando Sur estadunidense, en Miami, Florida– se modificará el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (de América Central) con un enfoque “primordialmente militar y de reinversión de capitales privados en la región”.
En un pronunciamiento conjunto, dichas organizaciones no gubernamentales denunciaron en mayo pasado que desde el inicio de este año se empezó a concretar el nuevo pacto militar para incrementar la presencia del Comando Sur en la frontera de Guatemala y México.
Señalaron que, si bien hasta al momento se dispone de escasa información pública y oficial al respecto, existen indicios de una nueva oleada de intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina, contra la que los activistas ofrecerán una resistencia transfronteriza para frustrar el despojo de sus territorios por la ocupación extranjera.
El pasado 25 de abril se llevó a cabo en Cozumel, Quintana Roo, la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec), donde participaron representantes de México, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de los observadores Canadá, Chile, Colombia, Reino Unido y República Dominicana.
Ahí se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur estadunidense en El Petén, para operar a lo largo de esa frontera en colaboración con los ejércitos mexicano y guatemalteco.
Estuvieron el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina de México, así como la general Lori J. Robinson, quien encabeza el Comando Norte, y el Almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
Al finalizar esa conferencia, que tuvo poca cobertura mediática, se anunció la instalación de al menos “una de las bases operativas” del Comando Sur en El Petén a fin de realizar operaciones conjuntas aéreas, marítimas y terrestres para vigilar los flujos migratorios y combatir a las bandas criminales.
También se destacó que ese encuentro oficial fue clave para afinar los mecanismos de comunicación, así como de intercambio de información sobre las rutas de migrantes, contrabando de ganado y el uso de viajeros para el paso de droga. “Con estas reuniones tratamos de estar mejor coordinados para generar gobernabilidad y restarle fuerza al crimen organizado”, se enfatizó en el comunicado de la Centsec.
Una zona bajo “gobierno” militar
Para Enrique Vidal Olascoaga, vocero de Voces Mesoamericanas, el posicionamiento político de los ejércitos de la región deja ver que el estamento militar está asumiendo las labores de “gobernabilidad” aun en países supuestamente democráticos y gobernados por civiles.
Por lo tanto, se privilegian los enfoques de seguridad nacional (en el caso de Estados Unidos, con carácter hemisférico) por encima de los derechos fundamentales de las poblaciones locales, que en la perspectiva oficial constituyen potenciales amenazas de seguridad y se les estigmatiza, persigue y criminaliza.
Entrevistado en su oficina, Vidal Olascoaga dice que de acuerdo con un telegrama filtrado por Wikileaks el 18 de octubre de 2012, esta nueva fase de la cooperación internacional data de antes de 2010, aún durante la administración de Barack Obama.
Lo que ahora preocupa a las organizaciones civiles es la secrecía con que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado convocaron a la conferencia de este mes en Miami, de la que se ha excluido a las ONG estadunidenses y mexicanas.
El primer día, miércoles 14, los representantes gubernamentales se reunirán en la base del Comando Sur, de donde se ha excluido hasta el momento la presencia de organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos o México. Para los activistas este encuentro se perfila como la conclusión de la serie de negociaciones a puertas cerradas que se han realizado durante los últimos meses.
A decir de Vidal Olascoaga, todo indica que en esta conferencia se pretende modificar sustancialmente el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte a fin de promover una mayor inversión privada estadunidense, intensificar el comercio oficial de armas y equipo militar, así como extender la presencia de la Fuerza de Tarea del Comando Sur.
El integrante de Voces Mesoamericanas señala que ese es el contexto de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales.
A esos mismos planes atribuye el desplazamiento de unas 700 personas de la comunidad guatemalteca de San Andrés, en Laguna Larga, municipio de La Libertad, en El Petén, a quienes el gobierno señaló como invasoras de un área natural protegida y las conminó a retirarse.
El gobierno de su país estaba listo para desalojar la zona con más de mil efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército, por lo que esa comunidad indígena cruzó la frontera mexicana y se refugió en La Candelaria, Campeche, donde vive en condiciones precarias.
Desde el punto de vista de Vidal Olascoaga, la militarización en la región mesoamericana históricamente ha incrementado la violencia, el despojo territorial y de bienes naturales, así como el sometimiento y el empobrecimiento de la población.
Además, acota el activista, hasta ahora no se sabe cuántos efectivos desplegará el Comando Sur para controlar los casi mil kilómetros de la frontera sur mexicana (terrestre y fluvial), qué tecnologías utilizará y si se convertirá en una instancia extraterritorial.
Actualmente el Comando Sur, cuya base principal es la de Miami, tiene presencia en 17 países latinoamericanos. En todas sus instalaciones rigen las leyes estadunidenses y operan en red, además de que han sido señaladas como centros de vigilancia política.
Una base del Comando Sur en El Petén implicaría el despliegue de la Fuerza Aérea, Ejército y Marina, así como de la CIA, la DEA, el Pentágono y las demás corporaciones y agencias de seguridad de Estados Unidos, con el pretexto de luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y específicamente el narcotráfico.
Sin embargo, Vidal Olascoaga observa otro fenómeno que el gobierno de Donald Trump considera una amenaza: la migración. Y aunque en sus leyes y en el discurso político los gobiernos de México y Centroamérica reconocen el derecho de sus ciudadanos a emigrar, con la planeada militarización de la zona criminalizan el flujo de personas hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida.
“Ya hay una militarización de la política migratoria impuesta desde Estados Unidos, en la cual forzarán a México a participar”, dice el activista.
La “concesión” mexicana
El pasado 29 de enero altos oficiales del Comando Sur volaron desde su base militar en Honduras a la que tienen en el poblado fronterizo guatemalteco de Tecún Umán. Al día siguiente, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, sobrevoló la frontera sur con funcionarios de la embajada estadunidense y oficiales del Comando Sur. La aeronave despegó del aeropuerto internacional de Tapachula.
Desde entonces, señala Vidal Olascoaga, se ha visto una intensa cooperación militar de ambos países. Y recuerda que desde 2010 el gobierno estadunidense considera que su vecino del sur se enfrenta a la “narcoinsurgencia” –según el cable que filtró Wikileaks al respecto–, lo que podría afectar la seguridad.
Si bien aquella vez el gobierno mexicano le respondió al de Estados Unidos que no era necesaria su intervención militar, a decir del activista de Voces Mesoamericanas, el discurso intervencionista ha evolucionado y se empieza a abrir la posibilidad de que se acepte la injerencia del Comando Sur.
“Para nosotros hay una pieza clave –comenta–, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si yo no tengo sobre la mesa elementos económicos de libre mercado para negociar de tú a tú, y si me estás presionando con una pantalla mediática del muro, las cartas de negociación tienen que ver con la militarización de la frontera sur de México por Estados Unidos.
“Es una radicalización de la ‘externización’ de la frontera sur de Estados Unidos hacia la frontera sur de México. Pero es una concesión del gobierno mexicano: ‘No me jodas con lo del muro, yo te ofrezco que entres a mi frontera sur; desde acá vamos a controlar estos flujos migratorios y estamos en el mismo discurso’.
“Parece más una oferta del gobierno mexicano como una moneda de cambio ante el muro, y no una imposición del gobierno de Estados Unidos”, plantea. Sin embargo, advierte que con la militarización se avizora una grave escalada de violación histórica y masiva de los derechos humanos, lo que atenta contra la armonía y el desarrollo de los pueblos de la región mesoamericana.
