Señor director:
El 26 de mayo el franelero Ricardo Becerra Garfias dañó mi auto y me amenazó con dañarme. Después de que la policía lo presentó ante el juez cívico (boleta 1027852), y como ha sucedido en varias ocasiones según los propios agentes, fue liberado tras pagar una leve multa.
Este individuo y otros que operan alrededor del Hospital de Pemex en Azcapotzalco tienen atemorizados a trabajadores y pacientes que estacionan sus autos en la vía pública. Los obligan a pagar una tarifa decidida por ellos mismos –algo fuera de la ley– y funcionan como una mafia. Además, suelen estar bajo el influjo de drogas y muchos vecinos de la zona los ligan con actividades de narcomenudeo, todo lo cual hace que el caso parezca ser de delincuencia organizada.
Por esto, las autoridades deberían actuar de manera contundente y no esperar que los afectados denuncien y carguen con todos los riesgos que representa enfrentar a este tipo de grupos delincuenciales, especialmente cuando al hecho se suma el abuso dirigido contra una mujer –como en mi caso y otros semejantes– de los que son responsables estos individuos.
Atentamente:
Maestra María Teresa Lechuga Trejo,
profesora de la UNAM
