La reforma constitucional de 2013 trajo una nueva legislación en radiodifusión y telecomunicaciones (Ley del 2014), así como el establecimiento de un órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ambas instancias aportaron mejoras y retrocesos en el manejo del espectro.
Las primeras con la inclusión de la defensoría de las audiencias como obligación de todo concesionario y la autonomía del IFT. Entre las segundas: haber limitado al 50% del mercado la declaración de “dominancia”; aceptar 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones; la absurda figura de “concesiones de uso social” en lugar del permiso para medios no lucrativos, y en términos generales evitado un nuevo reparto equitativo de canales al apoyarse en la misma estructura anterior, caracterizada por un espacio mayor para los privados y marginal para los públicos.
Hoy los escasos avances sufren ya un retroceso. Las audiencias están por perder lo que habían ganado gracias a una controversia llegada de Los Pinos. El IFT disipará también prerrogativas, lo cual acabará con el escaso margen de maniobra que tenía. A eso debemos agregar que el propio instituto está abonando a la percepción de no ser neutral y, peor, la de ser ineficiente.
Algunos datos ilustrativos de lo anterior son, por un lado, haber otorgado “concesiones de uso social” a organismos sin fines comerciales, vinculados con poderosos grupos empresariales. La más reciente es aquella ligada a la licitación de frecuencias radiofónicas. En cuanto se abrió la subasta se dijo que había 208 interesados, de los cuales 167 se autorizaron y 68 se declararon inhabilitados. Entre las bases estaba el no aceptar a los grandes emporios mediáticos en la subasta.
Los requisitos no han sido respetados. Hasta donde se ha dicho (La Jornada, 23 de mayo) hay cuatro licitantes que no pagaron las contraprestaciones en efectivo que se exigen, solamente para ser considerados como postulantes. Entre ellos se encuentra TECNORADIO, que no abonó los 270 millones de pesos requeridos y aun así obtuvo las concesiones junto con un descuento del 15%. La puja, gracias a esta empresa, se fue a la alza, con lo que los demás se vieron afectados. Peor: resulta que integrantes de la empresa están vinculados por vía de parentesco con aquellos de la mayor compañía de radiodifusión del país, RADIORAMA.
A esto se agrega otro elemento que abona a la presunción de que se está incurriendo en actos ilegítimos, pues el presidente de TECNORADIO, Alí Eduardo Bañuelos, es propietario de la empresa Polaroid de Diamonds Electronics, proveedora de las pantallas digitales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, regaladas a la población en 2015 y 2016 para que se diera viabilidad al apagón analógico.
Una vez más la corrupción asoma la oreja. Los afectados somos los ciudadanos, cuyos impuestos se ven utilizados para favorecer a la concentración de capitales mientras se recorta en becas para alumnos, salud, transporte público, educación y desarrollo de la ciencia.
