Las firmas GC3, y Terracerías y Caminos de Occidente, fundadas por colaboradores del gobernador nayarita Roberto Sandoval, fueron señaladas por recibir contratos de obra pública en su estado, pero también de ayuntamientos jaliscienses y la federación.
Tras darse a conocer que funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de Nayarit fundaron empresas exprofeso para asignarse contratos a sí mismos, igual que a familiares y amigos, este semanario encontró que en Jalisco y en la federación ese grupo recibió adjudicaciones de contratos en materia hidráulica por más de 7 millones de pesos.
Las cuatro compañías señaladas por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) por recibir contratos millonarios de las autoridades nayaritas son Urbanizaciones Jamaica, Construcciones Pafer, GC3, y Terracerías y Caminos de Occidente. Las dos últimas consiguieron obra en Jalisco.
Fred Alberto Bernal Aguirre, Luis Arciniega Alvarado, Juan Ignacio Ávila Ruiz y Gianni Ramírez son los funcionarios que aparecen como socios de las empresas, son cercanos al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
De acuerdo con el acta constitutiva del Registro de Comercio de Nayarit, Terracerías y Caminos de Occidente se constituyó el 3 de agosto de 2005 ante el notario José Daniel Saucedo Berecochea (folio mercantil 7856). Como socios quedaron Oswaldo Ulises Estrada Delgado y
Gianni Raúl Ramírez Ocampo, actual secretario de Obras Públicas de Nayarit. Aunque éste abandonó legalmente la compañía después de fundarla, ésta recibió al menos un contrato firmado por el propio Ramírez mientras aún era formalmente su dueño.
La empresa que más contratos consiguió fue GC3, que se constituyó el 29 de diciembre de 2009 ante el notario Élfego Mayorquín Flores. En el folio mercantil 8878 se estipula que sus dueños son Salvador Verde Balcázar y Juan Ignacio Ávila Ruiz. Cuando éste era subsecretario de Obras Públicas, GC3 recibió al menos cuatro contratos.
Durante el sexenio del gobernador panista Emilio González Márquez, GC3 participó sin éxito en diversos concursos licitación de Jalisco. Sin embargo, a mitad del sexenio los funcionarios nayaritas encontraron una entrada más fácil: las licitaciones municipales. Ganaron la primera con proyectos hidráulicos.
El consorcio nayarita obtuvo su primer contrato el 22 junio de 2011 en Tequila y siguió concursando. Aunque la información de los contratos se considera semiconfidencial, la Secretaría de Hacienda de Nayarit confirmó que dicha empresa recibió un pago por sus servicios.
El Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL) le pagó 1 millón 20 mil 821 pesos a GC3 para que construyera un muro de mampostería para proteger los taludes en Santa María, colonia Linda Vista.
Esta firma nayarita aún aparece en el padrón de proveedores del gobierno del estado, en el giro de construcción.
Contrato federal
GC3 consiguió su primer contrato federal, el 3-R-CF-A-527-W-0-3, por 6 millones 166 mil 688 pesos, el 1 de octubre de 2013. Se lo otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para “la conservación a base de renivelaciones aisladas, reconstrucción de base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico en tramos aislados del Ramal E.C. Federal 15 – Pescadero del Km. 0+000 Al 7+400. Con una meta de 7.4 Km., en el municipio de Rosamorada, en el estado de Nayarit”.
Con base en esa experiencia, la empresa consiguió otro contrato federal. En esa ocasión las autoridades de Nayarit intercedieron con el gobierno de Enrique Peña Nieto para que, vía la Comisión Nacional del Agua y la Dirección de Protección Civil federal, se hiciera uso del recurso disponible del Fondo Nacional Contra Desastres Naturales (Fonden) para adjudicarle otros 2 millones 689 mil pesos.
El nuevo proyecto consistió en la excavación de un pozo profundo en la localidad de El Tizate, municipio de Santiago Ixcuintla, para abastecer de agua a las comunidades aledañas.
En las especificaciones del contrato se estipulaba que el trabajo debía ser concluido el 30 de junio del 2014. Sin embargo, algunas de las zonas rurales del entorno costero del Tizate continúan sin agua potable.
La señora Blanca Cecilia, oriunda de Tizapán, denuncia ante este semanario que uno de los grandes problemas con el abastecimiento de agua es el grado de contaminación:
“Ya preferimos ir a la playa. Antes uno podía ir a los ríos a bañarse con la familia, pero eso fue hace como 10 años. Ahora todo está contaminado y uno ya no puede ir. El canal es otro problema.”
Auditoría
Mientras GC3 continúa recibiendo recursos públicos, las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrieron sendas carpetas de investigación: respectivamente la 138/000146/2017 y la 00017417.
Los documentos oficiales de los que disponen ambas dependencia federales –de los que Proceso Jalisco tiene copia– apuntan a que GC3 no cumple los requisitos para acreditar su actividad comercial y aun así obtiene contratos oficiales como constructora.
Según informó la SHCP, en febrero del 2017 la Contraloría del estado de Nayarit solicitó copias simples de los contratos efectuados entre el gobierno federal, el de ese estado y la empresa GC3 entre 2011 y 2016. La dependencia federal respondió en el folio 00017417 que no todos los contratos solicitados son competencia de la Contraloría nayarita, por lo que únicamente se le informó sobre la suma a la que ascendían dichos acuerdos.
Según dicha indagación oficial, la inversión de recursos públicos que recibió GC3 asciende a los 128 millones 366 mil 851 pesos: 20 millones más de lo que consiguieron en conjunto el resto de las empresas.
La SHCP aclara que su respuesta se fundamenta en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en el mismo documento informa a la Contraloría nayarita que los contratos y demás anexos firmados no se celebran con esa dependencia federal, por lo que recomendó dirigir la solicitud de información a la SCT.
Respecto a los documentos comprobatorios de los contratos, Hacienda comunicó que el Comité de Transparencia acordó reservarlos hasta por cinco años con el argumento de que se trata de documentación de carácter privado, con fundamento en los artículos 79 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nayarit.
