La coordinadora de Proyectos de la Contraloría del Estado, Verónica Isabel Batres Jiménez, insiste en que pese al fallo a favor de Salvador Uribe Avín, extitular del comité administrador del CAPECE, “el señor no está exonerado”. De manera similar se expresa el exdiputado panista Juan Carlos Márquez Rosas, quien hace cuatro años fue uno de los promotores de las investigaciones sobre los manejos irregulares en esa dependencia. Dice que él presentó un expediente con pruebas suficientes para sentenciarlo.
“Sólo se perdió una escaramuza”, comenta Verónica Isabel Batres Jiménez, coordinadora de Proyectos de la Contraloría del Estado, con respecto al reciente fallo de la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) cuando se refiere al caso de Salvador Uribe Avín, extitular del Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE).
El hecho de que Uribe Avín –acusado de los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, según el expediente 76/2014– enfrente su proceso en libertad, luego de que un juez determinó condonarle la reparación del daño que ascendió a 148.1 millones de pesos y redujo a la mitad el pago por su libertad personal (Proceso Jalisco 653), no significa que sea inocente ni elimina la posibilidad de aportar más elementos que fortalezcan la causa, sostiene la funcionaria.
E insiste: “Todavía la causa no está resuelta”, pues el juicio se encuentra en la etapa de instrucción. “Los elementos de juicio permitirán al juez hacer una valoración para determinar la culpabilidad o inocencia”.
No obstante, admite que desde noviembre de 2013, cuando se presentó la denuncia contra Uribe Avín –bajo la batuta de Juan José Bañuelos Guardado–, no se ha ampliado el trabajo técnico contable o fiscal para acreditar el daño ocasionado al erario.
En noviembre pasado, en la sesión del pleno del Senado, el PRI presentó un punto de acuerdo en el cual exhorta a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones correspondientes de los malos manejos de recursos públicos durante la administración del panista Emilio González Márquez.
El grupo parlamentario del PRI en el Senado promueve una propuesta para pedir a la Contraloría del Estado un informe pormenorizado relativo al avance en los procedimientos administrativos y penales iniciados por los presuntos desvíos de recursos.
“En la propuesta, difundida ayer en la Gaceta del Senado, los priistas relatan que en octubre de 2013, el entonces contralor de estado de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, informó que la dependencia a su cargo había detectado que durante el último año de la administración del panista Emilio González Márquez, la entidad sufrió un daño patrimonial al presupuesto superior a siete mil 573 millones de pesos” (Excélsior, 16 de noviembre de 2016).
Hasta febrero de 2015 se habían presentado 12 denuncias penales contra funcionarios de la administración de González Márquez.
Asignaciones sesgadas
Batres Jiménez recibe a Proceso Jalisco en la sala de juntas del inmueble denominado Casa Beatriz, que ocupa la Contraloría del Estado en la colonia Americana, con un juego de copias de la denuncia presentada contra Uribe Avín.
Asegura que el documento se presentó a la fiscalía con una serie de anexos y precisa que toda la información está en manos de la instancia encargada de la procuración e impartición de justicia: “Nosotros conservamos una versión de la denuncia solamente”, puntualiza.
Sólo se realizó una revisión pormenorizada de 29 contratos del programa de obra de 2012 del CAPECE, adjudicados en forma directa por el ahora inculpado.
“Se trata de una revisión aleatoria que realizó la dependencia, por instrucción de Bañuelos Guardado, y cuyo dictamen sirvió de base para la denuncia presentada ante la fiscalía el 19 de noviembre de 2013”, declara la entrevistada.
Al verificar los contratos de obra del ejercicio 2012, la Contraloría estatal se enfocó sólo a los 29 contratos: “Mediante dos oficios signados por el maestro Juan José Bañuelos Guardado, dirigidos al arquitecto Josué Lomelí Rodríguez, director general del OPD CAPECE –que actualmente se denomina Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco–, se solicitan 29 contratos, todos ellos de obra pública y correspondientes al ejercicio presupuestal 2012; con todo lo actuado en la etapa de licitación o concurso y demás documentación del expediente técnico”, informa la dependencia.
Los montos de ocho contratos de obra pública asignados mediante la modalidad de “adjudicación directa” rebasan los 20 mil salarios mínimos, equivalentes a montos tope por las cantidades de 1 millón 211 mil 400 pesos y 1 millón 246 mil pesos, agrega el órgano fiscalizador.
Conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco (LOP), las contrataciones –motivo de la revisión en el CAPECE– debieron realizarse mediante “concurso por invitación”, a por los menos tres contratistas, o bien por medio de “una licitación pública”.
En su artículo 104, la LOP indica que los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante adjudicación directa, concurso por invitación y licitación pública. Y el 105 señala que por dichos procedimientos se otorgue “la obra pública cuyo monto total a cargo del erario público no exceda de 70 mil salarios mínimos”.
En un informe entregado a este semanario, el órgano fiscalizador precisa: “Los montos encontrados en los contratos verificados por esta Contraloría en 21 contratos del ejercicio 2012 rebasan los 70 mil salarios mínimos y se debieron haber celebrado mediante licitación pública”.
Y puntualiza: de los 29 contratos de obra pública, en 16 se pactaron anticipos superiores a 25% para la iniciación de las obras, para la compra y producción de materiales y demás insumos; “debiendo ser hasta un máximo de 25% de la asignación aprobada para el contrato respectivo”.
La posición dogmática
Uribe Avín estuvo preso únicamente siete semanas. Fue detenido el 9 de marzo pasado y el 27 de abril los magistrados de la Décima Sala del STJ emitieron el fallo que le favoreció, por lo cual quedó libre bajo fianza. El Ministerio Público (MP) no acreditó el monto al que pudiera ascender el desvío de fondos públicos ni solicitó la reparación del daño (Proceso Jalisco 653).
“Nosotros damos los hechos y ellos dan el derecho”, afirma Batres Jiménez, para señalar que el MP es el encargado de determinar el tipo de delitos que se denunciaron. E insiste en diferenciar que para el delito de peculado se requiere otro tipo de elementos de prueba.
La auditoría que se hizo sobre los 29 contratos, dice, “es de obra. No es auditoría fiscal, sino de obra”.
Sin embargo, ella mantiene la coadyuvancia con el MP y el pasado 29 de abril se puso en contacto con él, pero aún no le habían notificado del resolutivo de los magistrados. “Apenas estamos en el proceso… y el juez de la causa va a determinar si el tipo penal se da o no, pero apenas está iniciando”.
Insiste en que apenas estamos en la etapa de instrucción, “que es para perfeccionar; hay otros elementos que podrán verse al final (del juicio)”.
Cuando se le pregunta si el caso está inflado –por la elevada expectativa social cifrada, ya que algunos empresarios acusaban a Uribe Avín de extorsión y enriquecimiento ilícito– Batres Jiménez se muestra reacia a aceptarlo. Señala que el juez puede reclasificar los delitos y hay forma de aportar más pruebas:
Y remata: “El señor no está exonerado”.
Como penalista, Verónica Isabel Batres Jiménez hace notar que el juez es “el elemento de defensa y ataque del MP”. De tal suerte que, dice, si el juzgador decide citar a los auditores, ellos acudirían al proceso.
Y añade: “Nosotros trabajamos con ellos. Les damos los hechos y ellos ponen el derecho, pero trabajamos y vamos formando el documento con ellos que se va a llevar a la consignación”.
Desde el 6 de febrero de 2014, el juez Primero de lo Penal obsequió la orden de aprehensión contra Uribe Avín. El exfuncionario compareció amparado ante el juez 11 días después.
El 22 de junio de 2016 el juez le dictó la formal prisión y luego de varios recursos de defensa, en diciembre de ese año le fijó la fianza personal por 100 mil pesos y la reparación del daño por 148.1 millones de pesos.
Mientras la FGE es señalada por los magistrados de la Décima Sala del STJ de no hacer bien su trabajo, la diputada priista María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, impulsa una iniciativa para que los funcionarios a los que se les comprueben actos de corrupción sean sancionados hasta con 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Actualmente, mediante juicio político, se les suspende hasta por seis años.
Sorpresa y coraje
El panista Juan Carlos Márquez Rosas, presidente de la Comisión de Responsabilidades en la pasada Legislatura local –hoy es regidor en el ayuntamiento de Guadalajara–, fue uno de los promotores de las investigaciones sobre los manejos irregulares en el CAPECE.
Aportó los datos de las escrituras de las propiedades a nombre de Uribe Avín, así como las de la Promotora Dubai, cuyo representante es su hijo Manuel Uribe Aldana. Según la información, la fortuna que el entonces funcionario y su familia amasaron durante el sexenio de González Márquez fue de aproximadamente 70 millones de pesos.
Entrevistado sobre la fianza concedida al inculpado para que enfrente el proceso en libertad, Márquez Rosas se muestra sorprendido porque, dice, hace cuatro años, cuando se hizo la acusación, hubo señalamientos directos de corrupción y elementos suficientes para realizar las investigaciones y acreditar los desvíos.
En 2013, Márquez Rosas entregó al entonces director jurídico de la Contraloría, Avelino Bravo, el expediente correspondiente por órdenes de Bañuelos Guardado.
“Era un expediente completo, con documentos esenciales para acreditar malos manejos (del inculpado). Había señalamientos de compras a sobreprecio, compra de productos fantasma, uso de recursos para desviarlo a otras actividades y particularmente para la construcción de plazas comerciales de su propiedad”, puntualiza el edil.
