El 7 de septiembre de 2011, Javier García Morales, también conocido como El Javiercillo, ingresaba a un restaurante de la colonia tapatía de Providencia cuando fue acribillado de varios tiros en cabeza, tórax y piernas. Tenía 58 años. Su agresor huyó del lugar en una motocicleta que manejaba un cómplice.
Era hijo de Javier García Paniagua y nieto del general Marcelino García Barragán, exgobernador del estado a mediados del siglo pasado. Las raíces de estos personajes políticos tienen asiento en el área de Autlán.
Sería largo reseña traer a colación todos los puestos públicos detentados tanto por El Javiercillo, como por otros de sus familiares. A pesar de que se trata de personajes encumbrados de nuestra farándula política, se ha de constatar que ya pasó más de un lustro de la comisión de este crimen y sigue sin darse a conocer información oficial alguna que le esclarezca al público los móviles. El respetable, pues, continúa en tinieblas.
El 22 de septiembre de 2014, en la traficada avenida del periférico tapatío el diputado federal por el distrito XVIII, con cabecera en Autlán, el médico Gabriel Gómez Michel fue detenido y secuestrado. Al día siguiente encontraron calcinado su cuerpo, junto con el de su chofer. Los videos relativos a esta desaparición circularon profusamente en las redes. Antes de ascender a la curul federal este médico, muy estimado por sus paisanos, había ocupado la plaza de alcalde de El Grullo, población de la que era originario. Las autoridades se comprometieron a investigar a fondo el caso de su muerte, para esclarecer los móviles a que obedeció tan cruel sacrificio. Por promesas no paramos, pero sigue sin trascender avance alguno de su artera y nunca aclarada inmolación.
No pasó un año del crimen de Gabriel, cuando el 19 de junio de 2015 Javier Galván Guerrero fue asesinado. Javier había sido alcalde de Autlán, en el trienio 1998-2000; después ocupó la curul local, seguida luego por la federal por el distrito XVIII. Dejó el puesto cuando fue designado para dirigir al PRI a nivel estatal. Era un político joven, de los más renombrados de la aplanadora priista, que ya no lo es tanto. A la hora de su muerte se desempeñaba como delegado general del ISSSTE en Jalisco. Encontró la muerte por la calle de Angulo, cerca de su cruce con la traficada avenida López Mateos, en Guadalajara. Unos sicarios le cortaron la existencia. Su cuerpo quedó al interior de la camioneta que él mismo manejaba.
Diez días después, la Fiscalía General de Jalisco consignó y entregó a la PGR a seis presuntos implicados en el crimen. De uno de ellos se dijo que era miembro de
la policía de Guadalajara. Por su parte, familiares de estos detenidos aseguraron que las autoridades los torturaron y les obligaron a firmar una declaración a modo, es decir, inventada. De las indagaciones resalta la queja interpuesta ante la CEDHJ por los familiares, que es la que contiene estas afirmaciones. Por su parte, la fiscalía misma no los acusa de la muerte de Galván sino sólo de delitos colaterales, como la portación de armas exclusivas del Ejército y la posesión de drogas. El delito entonces sigue siendo investigado por la PGR. Seguramente concluirá con el fin de los tiempos. El dato duro reside en que, para el público, del que formamos parte la gran mayoría de peregrinos contemporáneos, no trasciende avance alguno.
Un mes después de la muerte de Galván, el 15 de julio de 2015, Enrique González Gómez también se encontró con la huesuda. Enrique había sido alcalde del municipio de Cihuatlán en el trienio de 2007 a 2009. Al ir abriendo la puerta de su casa, fue alcanzado por un solo impacto de bala en el rostro. Fue suficiente para causarle la muerte. Sus restos fueron trasladados a la población de El Grullo, de donde era originario, para recibir sepultura. Tampoco se sabe de avance alguno en la investigación que aclare al público los móviles que derivaron en esta tragedia.
Por los días 12 y 13 de agosto del año pasado (2016) se hizo del dominio público la ejecución de Humberto Ortiz García, fundador y primer presidente del partido Morena en el estado de Jalisco. Su cuerpo fue encontrado a las orillas del puerto de Manzanillo. Un crimen más en la humanidad de políticos de nuestro estado. Aunque con el caso de Humberto debe señalarse la diferencia de bandería con todos los anteriores mencionados. Mientras la adscripción de los aquí mencionados antes que él tiene que ver con el partido tricolor, Humberto fue siempre un militante de izquierda, desde los viejos tiempos del PSUM. Los últimos tres años se desempeñó como presidente del nuevo partido de Morena, cuyo líder nacional es Andrés Manuel López Obrador y que cada vez suena más fuerte en todo el país. Al igual que en todos los casos anteriores, para el público pesa una loza de silencio sobre el caso de este malogrado líder izquierdista.
El pasado domingo 16 de abril, a un lado de la carretera que va del pueblo de Copala hacia Zapotitlán, en un paraje conocido como Lomas de San Simón, fue encontrado el cuerpo de quien fuera el jefe de la policía de la ciudad de Autlán. Respondía al nombre de Alejandro Heriberto Villaseñor Rojas y se desempeñaba como maestro del Centro Universitario Costa Sur de la UdeG. En el trienio anterior había ocupado el puesto de comandante de la policía. El ayuntamiento del trienio anterior en Autlán fue ganado con las siglas de Movimiento Ciudadano (MC). El ahora occiso sonaba fuerte para contender por la alcaldía de este municipio, otra vez con las siglas de MC.
La pésima nota de falta de respeto por la vida humana, el peor lastre con que se puede tachar a un pueblo, parece tomar de nuevo carta de ciudadanía entre los mexicanos. Que nuestras diferencias extremen a los rijosos a cortarle la existencia al otro es la peor salida. Antes nos decían que era solución a la que recurrían los desesperados. Veíamos a todos los que se implicaban en medida tan extrema como a entes que perdían la cordura y buscaban la puerta falsa, la que no resuelve nada; al contrario, complica todas las sendas. Ha habido épocas en las que el crimen se ha enseñoreado de nuestro pueblo, lastimosamente. ¿Estaremos reeditando esta perversa rutina malhadada?
¿Vamos a salir con la chicana distractora, como se maneja con el estigma de la corrupción, de que la desvalorización de la vida de los semejantes está imbricada en la cultura de nuestro pueblo? Un puente para cegar tan infames inercias debe empezar por esclarecer todo hecho de sangre y castigar a los infractores. Ningún crimen se justifica. No hay por qué buscarle tres pies al gato en tales cuestiones. Deben aclararse, y poner a buen recaudo a sus autores. Pero si constatamos con tristeza que ni los crímenes en contra de personajes encumbrados, como los que enlistamos arriba, se llevan a la luz, ¿qué vamos a esperar para los ultrajes en contra del resto de paisanos, alejados de las bondades del poder establecido? ¿Hemos de aceptar que nada trascienda, que nada se cuente? Como en el cuadro literario proveniente de los tiempos de la colonia, ¿volveremos para todos los casos a la coletilla del famoso monje loco: “nadie sabe, nadie supo”?
