Una radiodifusora de Vallarta reportó en Semana Santa que el hijo del fiscal Eduardo Almaguer Ramírez y sus escoltas intimidaron a una familia en ese destino turístico. El escándalo se extendió a las redes sociales pero personal de la Fiscalía General del Estado se pregunta por qué no hay ninguna foto o video que compruebe la acusación; además, el presunto agraviado no ha presentado su queja. Pese a ello, la imagen del fiscal continúa deteriorándose.
A casi dos años de arribo a la Fiscalía General del Estado (FGE), un nuevo escándalo envuelve a su titular, Eduardo Almaguer Ramírez, e involucra a su hijo Eduardo Almaguer Ureña y a los guardaespaldas de éste, quienes presuntamente intimidaron a una familia en Puerto Vallarta durante Semana Santa.
Según el reportero Evaristo Tenorio, de la radiodifusora Ke Buena de Puerto Vallarta, propiedad del empresario nayarita Antonio Echevarría Domínguez, el martes 11 por la tarde, Almaguer Ureña protagonizó una trifulca vial en ese destino turístico arrebatado al PRI desde 2015 por el emecista Arturo Dávalos Peña.
El incidente estuvo a punto de terminar a balazos, según la versión difundida por Tenorio al día siguiente en el noticiario El Faro. Relató que los escoltas de Almaguer hijo amagaron con sus armas a una familia que viajaba en una camioneta.
Alfaro reportó: “Estos sujetos, estos jovencitos –Alfaro Ureña y sus escoltas– andan paseando a todo lo que da; y por supuesto con camionetas de escoltas de la fiscalía y sujetos armados”.
Según él, Alfaro Ureña y sus acompañantes circulaban en tres autos racer todoterreno y se le cerraron a una camioneta en la cual viajaba una familia.
Al ver que los racer iban a exceso de velocidad, el conductor de la camioneta se regresó a su carril, para evitar problemas, según Tenorio, pero uno de los vehículos se le acercó y comenzó a discutirle, al tiempo que uno de los tripulantes –presunto escolta de Almaguer Ureña– le apuntó con un arma al conductor de la camioneta y a su familia.
“De repente –añadió el reportero vallartense– atrás viene circulando una camioneta de la fiscalía de aquí, asignada a Puerto Vallarta, ellos (sus tripulantes) observan el movimiento y también reaccionan y se arma un relajo ahí.
“Los de la fiscalía también se bajan armados… y los escoltas del hijo de Eduardo Almaguer también empiezan a cortar cartucho. Entonces, ¡imagínate lo que vivieron los automovilistas (cuando) todo mundo sacaba armas y empezaron a apuntarse unos a otros!… Afortunadamente, después de gritoneos y jaloneos se pusieron de acuerdo los escoltas de los hijos de Eduardo Almaguer y el personal de la fiscalía.”
Los portales Fisgón Político y Jalisco Rojo difundieron un reporte similar. En uno de ellos, la reportera Daniela Chávez escribió:
“Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de marzo (sic) a plena luz del día y se dieron a conocer al día siguiente en un noticiario radiofónico matutino del puerto, cuyas fuentes son los propios elementos de la fiscalía de Jalisco adscritos en Puerto Vallarta.”
Chávez apuntó que entre los tripulantes de los racer que circulaban sobre avenida Francisco Medina Ascencio iba el hijo del fiscal, aunque no dio su nombre:
“De acuerdo con esas fuentes (de la fiscalía), se trataba de vehículos racer todoterreno o tubulares que iban ingresando por la avenida principal de Puerto Vallarta, la Francisco Medina Ascencio, cuando los juniors, entre los que se encontraba el hijo del fiscal de Jalisco, conducían a exceso de velocidad y se le cerraron a un vehículo donde viajaba una familia, y al detenerse, escoltas de los juniors apuntaron con armas largas a la familia, por lo que apareció otra camioneta de la fiscalía, pero con elementos adscritos a Puerto Vallarta. Fue entonces cuando se apuntaron todos con armas largas.”
La respuesta del fiscal
El viernes 14, el fiscal Almaguer Ramírez difundió un comunicado en el cual deslindó a su hijo del incidente: “Desde el 12 de abril ha venido circulando un audio de un noticiero matutino en Puerto Vallarta sobre un incidente vial suscitado entre particulares, donde se menciona la participación de mis hijos.
“Les comento que es totalmente falso que haya participado alguien de mi familia, en particular mi hijo o mi hija. He girado instrucciones para investigar a los responsables y aclarar los hechos. Jamás he mezclado mi vida privada con mi actividad pública.”
Almaguer Ramírez insistió en que el propósito es dañar su imagen: “Hay actores que por ambiciones políticas están dispuestos a ofender y malinformar a la población con noticias falsas que atentan en contra de mi familia, utilizando las redes sociales y trolls”.
Almaguer se refería, sin mencionarlo por su nombre, al empresario Echevarría Domínguez, quien fue gobernador de Nayarit de 1999 a 2005 y cuyo hijo, Antonio Echevarría García, busca ahora la gubernatura impulsado por la alianza PAN-PRD.
Posteriormente, Almaguer Ureña envió su propio comunicado en el cual apuntó que el supuesto incidente era “una mentira armada” que tenía la finalidad de dañar la imagen de su padre.
“Lamentablemente –decía su comunicado– páginas como Fisgón Político y Jalisco Rojo han tomado esta información falsa (difundida por la radiodifusora Ke Buena) y la han usado para tratar de seguir dañando nuestra imagen.
“Lastimosamente estas páginas malinforman a la ciudadanía y no presentan pruebas de los hechos que aseguran sucedieron, sin darse cuenta y sin importarles el daño que eso genera a mi persona y a mi familia y difamándonos.”
En la FGE varios empleados se preguntan por qué no hay una sola foto o video del presunto incidente, sobre todo cuando ocurrió a la vista de los turistas que estaban en Vallarta el martes 11; además, dicen cerca del lugar está una cámara de vigilancia que opera el municipio.
Otros se preguntan por qué la parte agraviada no ha presentado una denuncia en la propia FGE o en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco contra los escoltas de Almaguer Ureña; unos más cuestionan al reportero de la Ke Buena por omitir detalles sobre la camioneta en la cual viajaba la familia presuntamente agraviada.
Proceso Jalisco corroboró que hasta el cierre de edición la FGE no había recibido ninguna denuncia relacionada con el incidente de Vallarta. Pese a ello, la dependencia inició una investigación interna para saber qué ocurrió realmente.
Cabos sueltos
Para la periodista vallartense Susana Mendoza Carreño no hay elementos para afirmar que el altercado haya ocurrido. Ella fue regidora por el partido Movimiento Ciudadano y actualmente conduce un noticiario en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara.
De manera similar se expresan otros reporteros consultados por Proceso Jalisco. No hay forma, dicen, de confirmar el dato.
Empleados de la FGE comentan al reportero que el presunto incidente de Vallarta ocurre precisamente cuando Almaguer Ramírez ha sido cuestionado por analistas y expertos en tema de seguridad y justicia por su poca efectividad en el combate a las bandas delincuenciales.
En su edición del domingo 9, Proceso Jalisco publicó incluso un reportaje en el que el exconsejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, habló de los elevados niveles de impunidad en Jalisco.
Pese a que el Congreso local promovió 315 reformas en las leyes durante los últimos años, en la entidad 99% de los ilícitos denunciados no son castigados, dijo Partida Caballero; también llamó la atención sobre el desmesurado incremento presupuestal a la dependencia entre 2013 y este año, pues pasó de 809 millones de pesos a 6 mil 450 millones.
Almaguer Ramírez tampoco ha podido detener los ataques a funcionarios y policías ligados a la fiscalía. El viernes 7 fue acribillado el coordinador de Delegaciones Regionales, Luis Carlos Rodríguez Ramírez, en Periférico Sur y avenida 8 de Julio, al sur de la ciudad.
El martes 18 por la tarde, elementos de la Comisaría de Guadalajara y agentes de la FGE estuvieron a punto de enfrentarse a balazos en Oblatos. Los gendarmes tapatíos realizaban una operación vestidos de civil pero armados. Cuando los elementos de la FGE les pidieron identificarse, se negaron, por lo que fueron desarmados y retenidos.
Almaguer y Caro Cabrera tuvieron un desencuentro por ese incidente. El comisario se quejó: “Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y otros cuerpos policiales se dedican a defender delincuentes”.
Vecinos aseguran que los policías de Guadalajara habían detenido en Oblatos a un presunto conejero (ladrón), quien circulaba en una motocicleta sin placas y que después llegaron a liberarlo los elementos de la fiscalía; incluso golpearon y sometieron a los policías vestidos de civil.
Jaloneos
El asunto de Oblatos se ventiló en las redes sociales. “El señor Caro se está metiendo en cosas que no nos corresponden, y todo eso por órdenes de (Enrique) Alfaro, para dejar en evidencia al fiscal (Eduardo Almaguer), ya que quieren su puesto.
“Los compañeros que andan en el punto se arriesgan mucho, no cuentan con la autorización correspondiente para andar armados en calidad de civiles y en las calles patrullando”, decía uno de los mensajes.
En Facebook, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, reclamó: “Esto ya es el colmo. Elementos de la Fiscalía General de Jalisco golpearon a los de la Policía de Guadalajara por detener a un sospechoso. Justo cuando pensábamos que no había algo peor que sacar de la cárcel a los criminales que nosotros sacamos de las calles.
“Una fiscalía que en lugar de cuidar a los ciudadanos y hacerles justicia, protege a los delincuentes y detiene a los policías cuando cumplen con su trabajo. Esta ciudad no puede seguir secuestrada. Si ellos no pueden con su parte, que nos dejen hacer la nuestra. ¿Qué más tiene que pasar para que Almaguer presente su renuncia?”
Algunos medios de comunicación destacaron lo que establece el artículo 77 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, según el cual los elementos operativos deben portar su uniforme e identificación oficial a menos que sean autorizados por el comisario a no utilizarlos, pero bajo “su más estricta responsabilidad”.
También mencionaron el artículo 62 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para Jalisco: los elementos deben portar identificación oficial y exhibirla al ejercer las funciones propias de su cargo, dice la norma.
El caso de Oblatos es muestra de la descoordinación en la que se mueven las dependencias que encabezan Caro Cabrera y Almaguer Ramírez, sostiene el catedrático Francisco Jiménez Reynoso, de la Universidad de Guadalajara.
Las dos instituciones –la Policía de Guadalajara y la fiscalía–, dice, “exhiben un triste espectáculo ante la opinión pública, mientras la delincuencia se desató en la zona metropolitana. Lamentablemente la Seguridad Pública en Jalisco se encuentra politizada y ese asunto así lo muestra”.
Y añade: “La policía encubierta ha sido una tentación de los gobernantes en turno desde hace décadas. Pero esa propuesta debe apegarse a los protocolos de actuación marcados por las leyes vigentes. En las detenciones debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y evitarse la rudeza innecesaria.
“Los policías deben someter al presunto delincuente y remitir al agente del Ministerio Público a la persona para ponerlo a disposición del juez, con la finalidad de que se le absuelva o condene, según el caso concreto.”
Por desgracia, la rivalidad entre la comisaría tapatía y la fiscalía afecta a las dependencias municipal y estatal, pero sobre todo a la sociedad, pues ninguna le está ofreciendo la seguridad que requiere, reitera Jiménez Reynoso.
