La mala fama del Tribunal de lo Administrativo del Estado –un “casino donde se compra y se vende la justicia”– se debe a magistrados como Alberto Barba Gómez, acusado de otorgar resoluciones a modo para construcciones y comercios que violan reglamentos municipales. Sin embargo, según especialistas consultados, el Congreso del estado, donde se desahogan dos solicitudes de juicio político y otro de procedencia, no va por buen camino jurídico para poder sancionar al controvertido juzgador.
El Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) “desde siempre ha sido el outlet de la justicia”, asegura Carlos Sepúlveda Valle, quien por nueve años se desempeñó como magistrado de este organismo y considera que la mala fama pública de la instancia judicial es producto de la deshonestidad, el abuso en las resoluciones, así como de la carencia de liderazgo moral y dirección institucional.
Advierte que el tribunal es un “casino” donde se compra y se vende la justicia, “y al venderse para que opere el negocio, todos ganan: abogados, funcionarios, litigantes y corruptos”.
Sepúlveda Valle, director jurídico del Congreso del Estado, afirma que los legisladores permanecen atentos a los procedimientos jurídicos contra el magistrado Alberto Barba Gómez, presidente de la Sexta Sala Unitaria del TAE, quien enfrenta dos juicios políticos y uno de procedencia, acusado de corrupción y emitir resoluciones apartadas de la ley.
Barba obtuvo del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa una suspensión definitiva –queja número 127/2017– contra el juicio de procedencia; con ello los diputados están impedidos de fincar responsabilidad penal alguna contra el magistrado hasta que no se resuelva la demanda de amparo que interpuso.
El propio Sepúlveda Valle se desempeñó como magistrado del TAE desde que arrancó operaciones, en marzo de 1998, hasta marzo de 2007. Los diputados decidieron no ratificarlo en 2005 y el 23 de enero de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el dictamen, por considerar que Sepúlveda Valle actuó en forma imprudente al denunciar los actos de corrupción del tribunal ante el Congreso y los medios de comunicación. Todo ello, pese a que era el aspirante con la mayor productividad; sólo fue ratificado Eleuterio Valencia Carranza, con menor puntaje en la correspondiente evaluación.
Sepúlveda Valle asegura que la solución al problema del TAE no es la vía política, sino el cambio de rumbo de la justicia administrativa:
“No voy a hablar de personas ni de hechos, pero sí de las resoluciones: han admitido una serie de irregularidades como la construcción de torres chuecas, de edificios elevados, con desproporcionada altura, el funcionamiento de casinos por encima de la Secretaría de Gobernación.
“Han otorgado notarías sin tener facultades para ello, han autorizado gasolineras sin el visto bueno de Petróleos Mexicanos, cosas que son muy graves, como lo es también obligar a la autoridad a adquirir de manera monopólica medicinas a sobreprecio (…) y algo más, que me parece sumamente delicado: existen oficialías de partes particulares de magistrados para recibir demandas que los abogados quieren que conozcan en determinadas salas (a modo).”
Resume que lo anterior va contra el elemental sentido de honestidad, imparcialidad y justicia y que el problema, por lo tanto, no es político, “es un problema de conductas delincuenciales (…) No es que se trate de cambiar a magistrados para que los sustituyan de otro partido, se trata de cambiar el rumbo de la justicia administrativa en Jalisco”.
El también exnotario, quien renunció al fiat, señala que así como se le retiró al TAE la facultad para decidir sobre notarías públicas se le debe suprimir lo relativo a las afirmativas fictas, por el daño que el abuso de esta figura ha causado a la sociedad.
Califica de “sorprendente” que Pemex y Gobernación no hayan actuado contra la operación de gasolineras y casinos basadas en afirmativas fictas emitidas por el TAE para que los ayuntamientos expidan las licencias, cuando se rigen por normatividad federal.
Para el expresidente del TAE, en el ámbito local es una osadía otorgar afirmativas fictas para construir un edificio. “Todo esto nos habla de actos temerarios de funcionarios”, comenta, ya que el gran problema de la afirmativa ficta es, desde su punto de vista, el abuso y su escaso sustento jurídico.
–¿De qué se lamenta o qué habría hecho diferente en su paso por el TAE? –se le plantea al exmagistrado.
–Debí combatir antes la corrupción. Fui tolerante dos años por actuar con prudencia y evitar enfrentamientos. Después fue inevitable el choque y había que asumir las consecuencias. Creo que el gran problema de los magistrados y jueces del Poder Judicial es su escaso compromiso con el interés general y su escasa responsabilidad social. Viven en una nube, por encima de la ley y de los mortales, me parece que eso debe corregirse.
–¿Cuál es la diferencia del TAE inicial con el de ahora?
–Como cuatro o cinco veces más juicios y 40 o 50 veces más corrupción que antes.
–¿Qué debe cambiar en el nombramiento de los magistrados?
–Que se haga una evaluación de sus antecedentes y desempeño de su vida privada primero, y luego de la pública. Esto tiene gran importancia en su vida pública y se cree que no importa, pero es el gran error.
–Los juicios contra el magistrado Alberto Barba y los señalamientos contra el magistrado Armando García mantienen a la sociedad atenta. ¿Qué relevancia tiene esto para el combate a la corrupción?
–El repudio a este órgano, desacreditado casi desde su origen, con una sociedad cansada y que hace presión, es importante para que la institución corrija su rumbo (…) Yo creo que los juicios políticos y las solicitudes de procedencia penal que existen en el Congreso deben ser resueltas con toda legalidad y apego a derecho.
–Muchos dicen que los juicios políticos no sirven para nada.
–De acuerdo. Aunque recuerdo algún extesorero municipal y más recientemente una exregidora (contra quienes sí procedieron). Los juicios políticos no sirven para nada y son de muy difícil configuración, de acuerdo a la ley y las razones que los propician. A nivel nacional no ha habido ninguno en 37 años. En Jalisco no ha habido más de cinco, y son de 1982 para acá, después de la reforma. Por lo tanto, tenemos que corregir el rumbo de la justicia administrativa.
Procedimiento deficiente
Adán Romero Meza, abogado laboralista y catedrático en derecho contencioso administrativo en la Universidad de Guadalajara, critica el camino que el Congreso ha tomado para que el magistrado Barba Gómez pague por sus excesos, “ya que es a todas luces improcedente”.
Aclara que “no metería ni un dedo al fuego por él, pero aquí (en los juicios políticos y el de desafuero) el problema es que los diputados y sus asesores no saben el procedimiento”.
Romero Meza, litigante desde 1968 y exdirector de Relaciones Laborales de la Secretaría de Administración, opina que los asesores de los diputados, en vez de advertirles de las deficiencias del procedimiento, aseguran su buena paga quedando bien con sus jefes.
Asegura que Barba Gómez ha logrado una suspensión definitiva, con lo que detuvo el intento de desafuero y por lo tanto su caso no podrá resolverse hasta dentro de uno o dos años, cuando concluya el juicio de amparo contra el desafuero. Esto, debido a que si llega a perderlo aún se puede ir a la revisión.
El presidente de la Sexta Sala Unitaria del TAE enfrenta dos juicios políticos, solicitados por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y el de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, así como uno de procedencia, mediante el cual se busca quitarle el fuero para fincarle la imputabilidad.
El Congreso avaló el inicio de los procedimientos legales con 35 de los 39 votos posibles y se pusieron bajo la lupa 36 resoluciones presuntamente irregulares. No obstante, Romero Meza hace un llamado a los diputados para que tracen una estrategia jurídica eficaz, “porque de intentos de procesar vivales ya está llena la historia”.
El controvertido magistrado del TAE recurrió al juicio de amparo para impedir que lo sancionen y obtuvo la protección que limita al Congreso a hacer la determinación final de los juicios políticos.
Ismael del Toro Castro, presidente de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) –al que pertenecen tanto Alfaro como Lemus–, explica que Barba Gómez obtuvo la suspensión con base en un criterio de la Corte que data de 2004, cuando no existía la figura de la afirmativa ficta.
Con base en dicha figura el juzgador cuestionado ordenó que se entregaran licencias para abrir negocios y construir edificios que contravienen los planes parciales de desarrollo urbano y las normas municipales. En tanto, el Congreso continúa con los tres juicios.
Romero Meza sostiene que la jurisprudencia que invoca el magistrado Barba “no se circunscribe a la afirmativa ficta, como lo comunicó el coordinador de MC en el Congreso, sino que abarca cualquier decisión jurisdiccional”.
Invoca al artículo 116 de la Constitución, que establece como prerrogativa de los poderes judiciales estatales la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ésta consiste en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de ningún otro poder y sin subordinación o dependencia de otro poder u órgano del Estado.
De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden, plantea la controversia constitucional.
De acuerdo con el incidente de suspensión tramitado por Barba Gómez (queja 127/2017), del que este semanario tiene copia, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió el pasado 6 de abril proteger al magistrado para que no se le dicte sentencia.
En su fallo unánime, los magistrados José Manuel Mojica Hernández, Hugo Gómez Ávila y Elías H. Banda Aguilar exponen que “es fundado el argumento del quejoso relativo a que se debe precisar que el alcance de la suspensión concedida se surte respecto del procedimiento para que no se dicte la resolución que refiere el derogado artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco”.
Aunque el pasado 12 de marzo Barba Gómez envió un comunicado donde se declaraba dispuesto a responder las dudas de los diputados sobre las imputaciones, la Comisión de Responsabilidades en el Congreso, que preside la panista Pilar Pérez Chavira, confirmó que tiene conocimiento de cuatro amparos promovidos por su defensa, de los cuales uno se sobreseyó y tres siguen vigentes.
El magistrado ha conseguido tres suspensiones a través del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en Jalisco.
