En los cambios de alcalde muchos empleados son despedidos de manera injustificada. Ese círculo perverso se repite cada trienio, lo que lleva a los afectados a presentar su queja ante las juntas de conciliación y arbitraje. Y cuando los tribunales emiten sus laudos, las autoridades deben pagar millonarias sumas a los demandantes. Tras una investigación, Proceso Jalisco descubrió que, de 2000 a 2016, las sangrías sobrepasaron los mil 500 millones de pesos.
La deuda que arrastran los municipios de Jalisco por laudos laborales acumulados entre 2000 y 2016 sobrepasa los mil 500 millones de pesos, una cantidad equivalente al presupuesto que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan destinaron a pavimentación durante el año pasado o al crédito que contrató el Ejecutivo estatal con Banorte para solventar la deuda pública.
Cuando hay cambio de administración –la gubernatura se renueva cada seis años; las alcaldías cada trienio– son comunes los despidos de empleados municipales, sobre todo cuando otro partido toma el poder. Por lo general, las autoridades entrantes colocan a su personal en esas vacantes.
Según la información obtenida por el reportero mediante la Ley de Transparencia, en lo que va del siglo, en los 32 municipios con mayor índice poblacional (incluidos los de la zona metropolitana, los más endeudados), por lo menos 2 mil de los trabajadores agraviados han presentado su queja ante las autoridades laborales.
La solicitud incluyó el número de demandantes, así como el monto generado por los laudos. Y aun cuando varios ayuntamientos se negaron a responder, gracias a los sistemas de transparencia estipulados en el artículo 87 de la Ley de Transparencia, la suma de la deuda se pudo calcular en mil 538 millones 252 mil 411 pesos.
Esa cantidad es similar a la que se está invirtiendo en la remodelación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara o al adeudo del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome).
En su respuesta enviada el 24 de marzo último (expediente DTB/2014/2017 y el folio 01528217), el ayuntamiento tapatío, que encabeza el emecista Enrique Alfaro Ramírez, respondió que adeuda mil 128 millones 252 mil 411 pesos por mil 920 laudos. Para solventarla, Alfaro debe destinar un poco más de 10% de su presupuesto.
Tlajomulco, encabezado por el también emecista Alberto Uribe Camacho, debe 196 millones 959 mil 737 pesos; Tonalá, cuyo alcalde es el priista Sergio Chávez Dávalos, debe, según datos recabados en los periódicos, 50 millones.
Le siguen Zapopan, gobernado por el emecista Pablo Lemus, con 40 millones; Tlaquepaque, controlado por la alcaldesa María Elena Limón, del partido naranja, con 19 millones 894 mil 17 pesos, y Chapala, con 12 millones 950 mil 483.
El municipio de Tala, cuyo acalde es Aarón César Buenrostro, debe entre 18 y 20 millones, y el de Vallarta, con Arturo Dávalos Peña a la cabeza, adeuda 25 millones.
En su respuesta a la solicitud del reportero, la número 1462/2017, la Unidad de Transparencia del municipio zapopano indicó: “Esta dirección no se encuentra en la posibilidad de dar respuesta a la solicitud toda vez que no reúne los elementos que se requieren, tales como la denominación de la información o algún dato contenido en ella, la temporalidad o periodo de la información y cualquier dato adicional para identificarla, por lo cual consideramos que la solicitud del particular es poco clara”.
El firmante del documento es el síndico Luis García Sotelo. La dependencia no permitió al solicitante el derecho de presentar un “acuse de prevención” para aclarar las dudas al ayuntamiento. Sin embargo, resulta extraño el documento, toda vez que 28 ayuntamientos sí respondieron a la petición.
Las autoridades de Tonalá, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno –este último encabezado por el priista Juan Alberto Márquez de Anda– se dijeron “incompetentes” para resolver la solicitud, según los expedientes 219/2017, 531/2017, 0424/1/2017, respectivamente.
Con ello, los tres ayuntamientos incumplieron el artículo 87 numerales 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según los cuales los datos deben ser públicos, de libre acceso a los solicitantes.
Según la ley, las autoridades están obligadas a informar sobre los estados procesales de los laudos (o cualquier procedimiento jurídico en ejecución, siempre y cuando se presenten únicamente versiones públicas), como lo hicieron los ayuntamientos que sí respondieron a la solicitud.
Un diputado con suerte
Por negarse a pagar un laudo de casi 1 millón en un plazo de 15 días, el alcalde de Chapala, Javier Degollado González, estuvo a punto de ser suspendido. Se salvó luego de que un juzgado federal le otorgó un amparo.
Ramón Demetrio Guerrero Martínez, El Mochilas, quien fue alcalde de Vallarta (actualmente es diputado) también obtuvo un amparo, según admitió él mismo. En entrevista con Proceso Jalisco, sostiene que la crisis financiera derivada de los múltiples laudos es real en los 125 municipios de la entidad, pues existe una laguna legal. Eso permite, dice, que los trabajadores sancionados ganen los laudos.
Y pone un ejemplo: la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, obliga a los municipios a retirar a los agentes que no aprueben sus exámenes de control de confianza y los boletina, para impedir que sean contratados en otra localidad. Pero, por el otro lado, los afectados tienen derecho a demandar a la autoridad y ganar el caso.
Con respecto a la deuda acumulada en el ayuntamiento de Vallarta cuando él estuvo al frente, El Mochilas asegura que ya había logrado un acuerdo con el demandante; sin embargo, arrastraba más de 20 millones de pesos en otros juicios laborales que aún se mantienen abiertos.
El entonces alcalde vallartense interpuso tres amparos: el 2194/2013, 180/2013 y 355/2014, para evitar ser suspendido de su cargo, según el juicio laboral 170/2007-D1, tramitado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y Trabajo resolvió que se negara esa suspensión.
El diputado priista Jorge Arana Arana, quien actualmente preside la Comisión de Gobernación, tuvo una experiencia similar cuando fue alcalde de Tonalá.
Es frecuente que los tribunales laborales pidan suspender por 15 días y sin goce de sueldo a los alcaldes que tienen adeudos, lo que no resuelve los problemas de fondo, pues no los exime de esa obligación. Lo menor es llegar a convenios con la parte demandante.
Relata que cuando llegó al ayuntamiento recibió 500 laudos sin pagar, de los cuales pudo resolver 200 por falta de presupuesto. Se requerían 50 millones de pesos para finiquitarlos. “Eso te da una idea del problema”, dice.
En la legislatura anterior, los diputados argumentaron que las sanciones contra los alcaldes que fueron demandados por las deudas derivadas de laudos laborales no se encuentran expresadas en la Constitución, por lo que los inculpados libraron los juicios laborales.
La Comisión de Desarrollo Municipal se adhirió a los dictámenes de la Comisión de Gobernación, que rechazaba las solicitudes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el estado para que suspendiera hasta por 15 días sin goce de sueldo a los alcaldes que no cumplían con el pago de laudos.
Ellos fueron Javier Degollado, de Chapala, en cinco asuntos; Juan Francisco O’Shea Cuevas, de Jocotepec, en dos. También Dámaso Pérez, Joel Teodoro González, Víctor Carrillo, Antonio López, Héctor Robles, Rodolfo Ruvalcaba, de Atoyac, El Salto, Poncitlán, Tala, Zapopan y Villa Corona, respectivamente, según los dictámenes aprobados.
Al someterlos a votación, Idolina Cosío Gaona, presidenta de la Comisión en esa Legislatura, explicó que ni la Constitución federal ni la estatal prevén como causa grave el no pago de los laudos, por lo que no procedía que el Congreso del estado aceptara la aplicación de la sanción solicitada por el citado tribunal.
