Aunque el gobernador priista ha reiterado su compromiso en el combate al cambio climático y ha participado en importantes encuentros internacionales al respecto, el grave problema global no se aborda en los informes de gobierno ni en la página de Transparencia del estado. La razón: no existen logros concretos en la materia.
Costosas giras, discursos y planes constituyen toda la acción en materia ambiental de Jalisco en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz.
En 2016 se comprometió, por medio de la Comisión Interinstitucional para la Acción del Cambio Climático (CIACC) en Jalisco, a desarrollar 42 proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en edificios gubernamentales, pero no cumplió la meta.
Desde junio de 2012 el gobierno federal publicó la Ley General de Cambio Climático y en agosto de 2015 el estado hizo lo propio con su Ley Para la Acción Ante el Cambio Climático de Jalisco.
En noviembre de 2015 se instaló la CIACC, que sesionó por primera vez el 23 de marzo de 2016, según lo difundió en un boletín la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), dependencia estatal que encabeza María Magdalena Ruiz Mejía.
En ese documento se dice que una de las principales metas de la CIACC para aquel año era aplicar 42 proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en edificios gubernamentales. No obstante, la página de la Semadet no informa sobre dichos proyectos.
Tampoco se especificaron en el IV informe de gobierno. Únicamente se mencionó que “desde las diferentes secretarías estatales” se elaboraron y actualizaron instrumentos de planeación para identificar las regiones más vulnerables ante los impactos del cambio climático. Pero esta información data de 2013, cuando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático federal publicó que los 13 municipios más vulnerables a ese fenómeno son Atotonilco El Alto, La Barca, Cabo Corrientes, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, Jocotepec, Mezquitic, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Tototlán, Zapotlán de Vadillo y Zapotlán del Rey.
Al respecto, en el cuarto informe de gobierno la administración de Sandoval Díaz afirma:
“Se realizaron jornadas de sensibilización y capacitación para la adopción de hábitos sustentables; implementación de tecnologías para el uso eficiente de la energía, y desarrollo de proceso y prácticas que bajo su aplicación reducen la vulnerabilidad de la población, aumentan la resiliencia ante el cambio climático y contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.”
No se especifica cuáles tecnologías se “implementaron” ni dónde.
En el mencionado boletín del 23 de marzo de 2016 se detalló que la CIACC sesionará cada cuatro meses. En su reglamento interno, que se publicó el 30 de abril de 2016 en el periódico oficial Tomo CCCLXXXV (capítulo III, “De las sesiones”, artículo 7) se estableció que la “comisión sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses y de manera extraordinaria cuando sea necesario por convocatoria del secretario técnico, previo acuerdo con el presidente”.
Sin embargo, la CIACC no se atuvo a su reglamento, puesto que en la página de Transparencia de la Semadet se publica que el año pasado sólo hubo dos sesiones: el 23 de marzo y el 22 de junio. En la segunda sesión se abordaron estos temas: “seguimiento de los acuerdos de la primer sesión, presentación de los reportes semestrales de avances y funcionamiento de los grupos de trabajo”.
Presuntos logros
En el tercer informe de gobierno, que Sandoval Díaz presentó en marzo del año pasado, se lee que, en materia ambiental, “entre los resultados más destacados están el nombramiento de Jalisco para presidir el Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF) en 2016 y la confirmación de Jalisco como sede de la segunda edición de la Cumbre de Cambio Climático de las Américas”. El encuentro se realizó del 31 de agosto al 1 de septiembre del mismo año.
En la página 47 del mismo informe, el gobernador señaló: “Con el Plan de Gestión de Carbono (PGC), el gobierno del estado tiene como meta reducir el CO2(dióxido de carbono) en un 40% para el 2018”. Especificó que “hasta ahora, el PGC se ha implementado en dos dependencias”, que son la Subsecretaría de Administración, donde se instaló el primer “muro verde” de todos los edificios públicos estatales, y la Semadet, que contaba ya con 320 paneles en su sistema fotovoltaico.
El mandatario mencionó que, como parte de su compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero, en 2015 el estado se sumó a la plataforma The Climate Group y ese mismo año fue “firmante fundador del Acuerdo de Colaboración de Liderazgo mundial ante el cambio climático, el cual está integrado por 57 gobiernos subnacionales a nivel internacional, de los cuales seis son estados mexicanos”.
En diciembre de 2015 Sandoval Díaz viajó a París para participar en la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención-Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lo acompañaron su secretario particular, Manuel Alfaro Lozano; el entonces jefe de gabinete, Alberto Lamas, y el director de Asuntos Internacionales, Diego Adrián de León Segovia.
Los gastos de los tres últimos funcionarios en esa gira sumaron casi 374 mil pesos. En la justificación del gasto anotaron que el objetivo del viaje era “posicionar al gobierno del estado de Jalisco como líder en la materia en la República Mexicana y dar seguimiento en los proyectos en la materia para su fortalecimiento y desarrollo”. En el apartado “resultado”, escribieron: “Se cumplió el objetivo”, sin explicar en qué forma.
En la convención de París Sandoval Díaz reafirmó su compromiso de reducir “emisiones de gases de efecto invernadero con el propósito de evitar que el incremento en la temperatura global del planeta supere los 2° C, y las consecuencias catastróficas que esto traería a toda la humanidad”.
Según la Semadet, de no detenerse el aumento de la temperatura originada por la contaminación del aire, las cuencas en la costa norte del estado pueden sufrir las consecuencias de un aumento de hasta cinco metros en el nivel del mar. De acuerdo con la dependencia, en 2014 Jalisco emitió 25.7 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que las emisiones de carbono negro totalizaron 803 toneladas.
En 2015 el gobernador se presentó con la misma bandera ambiental en la reunión anual del Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF) en Barcelona, España, y en la Primera Cumbre de Cambio Climático de las Américas, en Ontario, Canadá. En la página de Transparencia estatal no existe ningún reporte sobre esos viajes.
En la página 50 del siguiente informe, el cuarto, se lee que se gestionó el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la “obtención de asistencia técnica con un valor aproximado de 50 mil dólares, que será aplicada en 2017 a los proyectos de energía renovable del PGC, lo que permitirá contar con un diagnóstico energético actualizado de las dependencias de gobierno”.
En la página de la Semadet no se encontró ninguna información que ofreciera más datos sobre ese financiamiento.
Del 11 al 15 de noviembre de 2016 el gobernador y Alfaro Lozano acudieron a la Conferencia de las Partes (COP 22) que se celebró en Marrakech, Marruecos. Ambos gastaron casi 390 mil pesos.
En la justificación del viaje, el secretario particular de Sandoval Díaz escribió que su objetivo fue “acompañar al C. Gobernador Constitucional del estado de Jalisco, el cual participará dentro del COP 22, en el panel como vicepresidente a nivel de América Latina de Climate Group en el evento Emprendimiento y Territorio hacia un cambio sostenible”. En resultado escribió la palabra “satisfactorio”. No existe o no está publicado el reporte correspondiente al mandatario estatal.
Sin embargo, en su cuarto informe Sandoval Díaz destaca que para combatir el cambio climático en 2016 “se están desarrollando 73 Programas Municipales de Cambio Climático (Pacmun) y siete Planes de Acción Climática Regional (Pacreg), próximos a publicarse”.
Aunque la elaboración de instrumentos de planeación no es una propuesta nueva, ya que se anunciaron desde 2012 y se pretendía concluirlos en 2015, en este año apenas se estaban trabajando en los planes para las cuencas del río Ayuquila, y en las costas sur y norte, según declaró la titular de la Semadet, Ruiz Mejía, al periódico El Informador del 16 de noviembre.
El 1 de agosto de 2016, Ruiz Mejía y el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida, firmaron un convenio con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC) para asignarle recursos a la consulta pública e integración de resultados de los Pacmun. En esa ocasión se le entregaron 91 mil 45 pesos al representante de la JISOC, Enrique Cibrián Corona.
A finales de febrero y principios de marzo pasados se lanzaron de nuevo convocatorias para otras consultas públicas de los Pacreg de la JISOC, correspondientes a la Cuenca del Río Coahuayana (Jirco) y de la Cuenca Baja del Río Ayuquila.
Lo mismo ocurrió con los Pacmun de los municipios de la Sierra Occidental y Costa: Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.
De la región sur y sureste: Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán el Grande, San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y Valle de Juárez.
Y de la sierra de Amula: Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tula.
Sin resultados concretos
En 2015 el gobernador se fijó como meta reducir la deforestación en 80% para el año 2020. La meta resulta lejana, si se toma en cuenta que hasta el año pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ubicó a Jalisco junto con Veracruz y el Valle de México como los lugares con mayor incidencia de tala clandestina.
Son siete las áreas identificadas en el estado: “La Sierra Occidental, donde se ubican Ayutla y Cuautla, en riesgo; Sierra de Amula, donde la región boscosa de Chiquilistlán también está en estado crítico; sureste, con las zonas de Mazamitla y Santa María del Oro; sur-costa norte, a la que pertenece Puerto Vallarta; costa sur y sureste” (El Universal, 20 de marzo de 2016).
Incluso fracasó la propuesta del gobernador para combatir la contaminación con recursos de un Fondo Verde. Según esta iniciativa, el fideicomiso obtendría recursos por la concesión de los verificentros y de las multas a los automovilistas que incumplieran con la verificación.
Ruiz Mejía informó que el número de autos verificados este año disminuyó 50% en comparación con el anterior. Mientras que la intención de concesionar los verificentros provocó que la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares de Jalisco solicitara al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que organice un referéndum con miras a derogar el decreto 25921/LXI/16, emitido por el gobernador y aprobado por el Congreso, para impedir la instalación y operación de los verificentros concesionados (Proceso Jalisco 642). La petición fue desechada por el instituto el pasado 28 de marzo.
Con esos antecedentes se realizó en Guadalajara, del 26 al 31 de marzo pasados, la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
En la presentación a los medios de comunicación, la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María Amparo Martínez Arroyo, explicó que este año se hizo una evaluación de las políticas públicas federales de cambio climático.
Al preguntarle este semanario sobre los resultados, respondió: “La evaluación que vamos a entregar más o menos el 30 de abril al Congreso (de la Unión) se refiere a dos instrumentos, en esta ocasión. Vamos a ir también a nivel estatal y municipal, donde están tratando de reproducir esto, pero primero es sobre una gran visión del anexo transversal de cambio climático y sobre el programa especial de cambio climático, ambos federales, pero que tienen incidencia en los estados”.
Martínez Arroyo admitió que faltan criterios precisos para la asignación de recursos y que no existan contradicciones en los programas y leyes contra el cambio climático. Además, que el sector industrial todavía se muestra reticente para invertir en nuevas tecnologías que mitiguen la contaminación.
