Aunque en la entidad se reconoce el acoso sexual como un grave problema social, en la práctica las instituciones siguen reticentes a admitirlo como un delito y, en algunos casos, incluso lo solapan para proteger a funcionarios y otras figuras de autoridad. Este esquema de impunidad cobra especial relevancia cuando se aplica en centros educativos.
Lo que para Jessica parecía una simple invitación a comer, tenía tintes de hostigamiento y acoso por parte del jefe de departamento de su carrera en la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Jessica es una joven activa en la organización estudiantil y los grupos de mujeres. Inició su experiencia académica desde una etapa temprana en la universidad, por lo que tuvo la oportunidad de acercarse en confianza con el personal docente y administrativo. Está a punto de terminar sus estudios en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y recuerda que durante sus visitas para realizar trámites administrativos, el funcionario mencionado se le acercaba para presumirle su sueldo y comentarle que con lo que él ganaba le podía comprar un teléfono celular mejor.
Al igual que varias de sus compañeras, Jessica jamás lo denunció ante las autoridades universitarias. Dice que le tienen miedo por su alto puesto administrativo. Además, dice que las estructuras universitarias han permitido que no existan sanciones reales para los profesores que se “vuelan” e invitan a salir a sus alumnas.
“Me decía cosas como ‘no te juntes con esas personas, no te van a hacer bien para tu carrera’, y llegaba a sacarme platica en el jardín de filosofía sin que yo lo invitara”.
Su caso no llegó a la violencia sexual explícita ante la negativa constante de ella a salir con él. Sin embargo, Jessica sabe de casos de estudiantes que, presionadas por obtener una mejor calificación, caen en la trampa sexual de profesores y administrativos.
A decir de la académica del CUCSH Celia Magaña García, en un estudio aún no publicado se observó que los casos en los cuales las estudiantes se dijeron víctimas de acoso son pocos, pero la cifra se incrementa cuando se les pregunta si saben de compañeras que fueron víctimas del mismo; eso permite deducir que los casos se comparten internamente, pero difícilmente se denuncian.
Coincide con Jessica en que la falta de sanciones inhibe a las víctimas de señalar a los responsables ante las autoridades universitarias, ya que se les piden siempre más elementos que comprueben el hostigamiento.
“No es que no me mires, sino no me mires así”, expresa Jessica, consciente de que si acusa a un funcionario puede encontrarse con que éste tiene un padrino en niveles más altos de la casa de estudios o de la justicia del estado y no será castigado.
En la edición 640 de Proceso Jalisco se publicó que en la UdeG existe una denuncia por acoso sexual en contra del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas cuando se desempeñó como jefe del departamento de Derecho Público del CUCSH. Este semanario cuenta con un acta circunstanciada del 3 de marzo 2014 en la cual una estudiante que prestaba su servicio social en dicha área relata la forma en que fue acosada por Covarrubias.
Su expediente se sumó a otros 46 conocidos por la autoridad universitaria y a los que este semanario tuvo acceso a través del expediente 786/2016 de la Unidad de Transparencia de la casa de estudios.
La respuesta de la institución educativa, contenida en 17 oficios de distintas áreas de la red universitaria, da cuenta sólo de 46 casos clasificados por la UdeG como acoso u hostigamiento sexual entre 2007 y 2016.
De esa información se desprende que 22 casos ocurrieron en los centros universitarios metropolitanos y regionales, en tanto que 24 sucedieron en los planteles del Sistema de Educación Media Superior, lo que quiere decir que las adolescentes de preparatoria son más vulnerables a este tipo de violencia.
Planteles como el de las preparatorias 5, 16, 7, la de Ocotlán y la de Tepatitlán resaltan por las agresiones denunciadas ante la autoridad universitaria. El 80% de las víctimas (49) son mujeres; de los restantes, 11 son hombres y en un caso se desconoce el género, porque fue una denuncia anónima.
El hostigamiento no sólo se da contra estudiantes. De las 61 víctimas reportadas por la universidad, 57 son estudiantes, tres docentes y se desconoce el estatus de una. De los 46 agresores, se sabe que 31 eran docentes de la UdeG y seis formaban parte de la estructura administrativa.
Pese a que la UdeG tiene los registros de acoso sexual, no ha hecho nada al respecto y carece de un protocolo de actuación y de normatividad que le permita sancionar a los acusados o canalizarlos a la justicia.
Desde febrero de 2016 el rector general de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, anunció la conformación de un Comité Técnico Institucional cuyo objetivo es realizar un diagnóstico para medir e identificar acoso, agresiones y cualquier tipo de violencia contra las mujeres (estudiantes, trabajadoras académicas y administrativas).
No obstante, a la fecha no se cuenta siquiera con indicadores claros para conocer el número de mujeres que sufren acoso dentro o fuera de sus diferentes planteles educativos.
Entrevistada aparte, la Coordinadora General Administrativa de la UdeG, Carmen Rodríguez Armenta, enfatizó que la casa de estudios tiene “avances significativos” en seguimiento al programa He For She de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que impulsa la igualdad de género.
En agosto de 2016, la universidad se comprometió a la creación de programas de capacitación para mujeres de la Red Universitaria; a la conformación del comité institucional para integrar las cuestiones de género al interior de la universidad, así como la creación de cinco guarderías para madres estudiantes en diferentes planteles.
Sin embargo, el tema de las guarderías tampoco parece avanzar, pues únicamente se cuenta con una de ellas en el CUCEA y el resto se encuentra en un avance de 10 a 30%, pese a que se espera terminen este año.
El pasado 8 de febrero, la académica Raquel Partida Rocha dijo que el próximo 27 de marzo la universidad presentará un protocolo de actuación en temas de violencia contra las trabajadoras de la UdeG.
No obstante, cuando este semanario solicitó, por la Ley de Transparencia, información al respecto, la casa de estudios respondió mediante el oficio 107/2017 que no existe un comité técnico para prevenir el acoso escolar, por lo tanto no se han realizado reuniones, acciones, diagnósticos ni campañas en ese sentido, como lo comunicó Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo de la UdeG.
En entrevista, Nadia Paola Mireles, coordinadora de Relaciones Institucionales de la UdeG, reconoce que uno de los mayores retos en la institución educativa es la detección y sanción de acoso.
Sobre el hostigamiento sexual que sufrieron las activistas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la UdeG el pasado 2 de marzo, cuando difundían las actividades para el Día Internacional de la Mujer, Mireles refiere que, mientras no se cuente con el mencionado protocolo, cada centro debe trabajar de acuerdo con su normatividad.
Admite: “Es una información difícil de estimar, pues muchas de las estudiantes no quieren denunciar el acoso o llevarlo a un nivel de formalizarlo. Es complicado llevar una numeraria, pero se espera que a medida que se vaya avanzando en el protocolo, se puedan tener indicadores más precisos”.
Contrario a la UdeG, los reglamentos de la Universidad Panamericana (UP) sancionan el acoso sexual, pero de manera general y sin un procedimiento claramente establecido. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) se trabaja en la elaboración de un protocolo de Alerta de Género Universitario desde hace un año. El reglamento de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) prohíbe que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”.
En tanto, los protocolos de acoso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guanajuato están en proceso de aprobación.
Lacra social
De acuerdo con los primeros datos arrojados por la Encuesta de Percepción sobre Calidad de Vida 2016, del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, más de seis de cada 10 mujeres se sienten totalmente inseguras en su ciudad. Este dato es el más alto registrado en los últimos cinco años. En 2014 la proporción fue de 44.2%, pero esta cifra se disparó el año pasado al llegar a 63.5%.
También se incrementó el número de mujeres víctimas de algún delito, al pasar de 11.2% en 2014 a 17.7% en 2016. Lo mismo ocurre con el nivel de insatisfacción con la seguridad pública, que aumentó de 41.4% a 57.4%, de acuerdo con los cuestionarios aplicados a ciudadanas de El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara.
A su vez, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en la vía pública, ya que ocho de cada 10 víctimas de delitos sexuales en México son mujeres.
La propia encuesta Envipe revela que 75% de los hombres afirma haber visto a una mujer acosada física o verbalmente en la calle. Es importante mencionar que la mayoría de los mexicanos considera que el acoso a las mujeres en las calles es un problema de la sociedad. Sin embargo, resulta alarmante que 14% de los hombres encuestados considere que las propias mujeres provocan estas conductas.
En Jalisco, el transporte público es el lugar en donde más acoso sexual se registra. De cada 10 tapatías, ocho lo han sufrido en las unidades que transitan por la zona metropolitana de Guadalajara.
Según una encuesta del Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM), los manoseos, repegones, insinuaciones sexuales e incluso relaciones sexuales forzadas se registran sobre todo en rutas como la 380 –a la cual incluso se le conoce popularmente como la sexochenta–, 629 y 622. El 72.4% de las mujeres no sabe dónde denunciar en caso de sufrir violencia sexual, por lo que desde 2015 el IJM y la Secretaría de Movilidad imparten capacitación para identificar y prevenir el acoso, así como atender la violencia en el transporte público.
Programa fallido
En el nivel estatal fracasó el programa para prevenir los delitos sexuales en los complejos educativos de la Secretaría de Educación Jalisco, promovido por su titular, Francisco Ayón López, y por la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Jalisco), Lorena Jassibe Arriaga Rosa, esposa del gobernador.
Al anunciar dicho programa en noviembre de 2016, Arriaga Rosa afirmó que el Ejecutivo llevaba dos años trabajando en el protocolo para reducir los casos. En su discurso, aseguró que 80% de los casos de agresión sexual a menores se presenta en el hogar, pero las cifras registradas por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) revelan el incremento desmesurado de delitos sexuales.
Tan sólo en enero pasado la FGE, en el apartado de estadísticas e indicadores relativos a la procuración de justicia, reportó 83 carpetas de averiguación abiertas en la ZMG por presuntas agresiones sexuales contra menores de nueve a 14 años.
En el mismo mes del año pasado se reportaron sólo 61 casos, lo que significa que no disminuyó su número sino que se incrementó significativamente.
En la Consulta Infantil y Juvenil 2015 del INE (la más reciente) se detectó que 15.1% de los niños de Jalisco de seis a 17 años (3.25 millones) han sufrido de algún tipo de agresión sexual en la escuela, en su casa o en la calle.
El 11.6% de los niños de seis a nueve años respondieron que son víctimas de agresiones (sin especificar cuáles) de sus profesores. Y 3.4% de los niños de 10 a 13 respondieron que habían sido agredidos sexualmente en sus escuelas, mientras que –contra las afirmaciones de la presidenta del DIF Jalisco– 2.9% respondieron que habían sido violentados en sus casas.
En los infantes de 14 a 17 años, la cifra aumentó: 10.2% de los entrevistados dijeron haber sido víctimas de algún tipo de abuso sexual y 26.7% (8 mil 123 niños) afirmaron que no se sentían seguros en sus escuelas.
En Jalisco, el programa Escuela Segura, que opera con fondos federales, tiene como objetivo mitigar los casos de violencia sexual en los centros educativos. En 2016 recibió 17 millones 654 mil 765 pesos, pero la autoridad estatal no especificó en qué gastó esa cantidad.
