El particular Francisco Jasso, que desde 2012 ha combatido las irregularidades que detecta en las fotomultas aplicadas por la empresa Autotraffic, solicitó juicio político contra tres integrantes del gabinete de Aristóteles Sandoval por considerarlos responsables directos de cobrar ilegalmente dichas infracciones. En entrevista, el demandante expone su argumentación jurídica.
El 10 de marzo, el automovilista Francisco Jasso Méndez solicitó al Órgano de Control del Congreso de Jalisco un juicio político contra el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez; el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, y el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, por presunto abuso de autoridad al aplicar fotomultas por exceso de velocidad sin autorización de los municipios.
El demandante argumenta que, según la Constitución mexicana, para hacer efectivo el cobro de la multa o de otros impuestos, el Ejecutivo debe establecer un convenio de colaboración con los municipios en materia de movilidad.
Las sanciones impuestas contra los automovilistas en esta modalidad de multa van de 10 mil a 35 mil pesos, a pesar de que la ley marca que ninguna sanción administrativa contra una persona física puede ser tasada por arriba del salario mínimo, dice Jasso Méndez.
En lo que mucha gente considera una “cacería” de automovilista, no se escapan ni los vehículos oficiales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), reconoce el director de ese organismo, Luis Octavio Cotero Bernal. Consultado por el reportero, afirma que en ocasiones sus unidades son multadas aunque circulan con la sirena abierta y farolas encendidas.
El problema, dice Jasso Méndez –que el lunes 13 ratificó su demanda en el Congreso–, es que “no nos dan ninguna seguridad de que las cámaras que están utilizando sean las que realmente están siendo autorizadas para esa atención y un grupo de empresarios hacen un convenio con una autoridad no competente, pues tanto el gobierno de Jalisco como la empresa que está operando ese proyecto trabajan en forma ilegal”.
En la exposición de hechos de su solicitud de juicio político, explica: “En completo y absoluto desapego a las reglas aplicables para la operación del Ejecutivo del estado en materia de tránsito vehicular… se puede tipificar una actividad administrativa irregular.
“El Ejecutivo estatal y las dependencias citadas han operado la atribución municipal de tránsito vehicular, que les otorga el artículo 115 constitucional a los municipios, sin contar con el instrumento o la plataforma jurídica requerida.”
Indica que es una obligación legal realizar convenios de colaboración vial entre el Ejecutivo estatal y los municipios, y que los actuales ya no están vigentes. Además, recuerda que Zapopan y Guadalajara cuentan con direcciones de tránsito municipales, por lo que existe duplicidad de funciones en detrimento de los ciudadanos.
Detalla que las fotomultas estatales son ilegales porque contravienen “el 21 constitucional, en su párrafo 4, pues no te pueden multar como persona física, como ciudadano, por más de un salario del que tú percibas, si no pueden comprobar lo que ganas al día”.
Los contratos con Autotraffic
El gobierno de Jalisco busca establecer como mínimo la aplicación de 50 mil sanciones por mes, a través de su contrato con la empresa Autotraffic, S.A. de C.V., según consta en el contrato de licitación pública LPL02/2014, vigente del 1 de mayo de 2014 al 30 de septiembre de 2018. De manera extraña, ese documento está fechado en la primera fecha, un día no laborable.
El documento fue signado por el subsecretario de Finanzas, Salvador González Reséndiz, exalcalde de Puerto Vallarta e hijo del líder priista en Jalisco, Rafael González Pimienta, ambos cercanos al gobernador Aristóteles Sandoval.
La empresa poblana Autotraffic, con operaciones en su entidad de origen, Hidalgo y Veracruz, estableció un contrato similar con el gobierno de la Ciudad de México con vigencia del 31 de septiembre de 2015 al 1 de diciembre de 2017, en el cual se compromete a aplicar 5 mil fotomultas al día (acuerdo SSP/3E/S/312/2015); es decir, cosecharía al menos 150 mil multas en su periodo de vigencia.
Además se acordó que la empresa tendrá una ganancia de 46% por cada multa aplicada, lo que significaría un monto de cerca de 50 millones de pesos (revista digital Emeequis, 6 de enero de 2016).
El gobierno de Jalisco reconoce que la administración de Aristóteles Sandoval ha tenido un ingreso superior a mil 200 millones de pesos en cuatro años por concepto de fotomultas, un promedio de 300 millones anuales.
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, José García Mora, indica que el año pasado el gobierno estatal calculó que obtendría ingresos superiores a 506 millones de pesos sólo por las fotomultas.
En 2013, el Ejecutivo estatal recaudó 280 millones por ese concepto, al año siguiente 340 millones y en 2015 ingresaron a las arcas 400 millones. A raíz de eso, el legislador presentó en 2016 una iniciativa de ley para acabar con la discrecionalidad en el uso de recursos provenientes de esas infracciones y obligar a la autoridad a utilizar ese dinero con fines específicos.
García Mora propuso destinar 45% de esa recaudación a impulsar la movilidad no motorizada y fomentar el uso de la bicicleta; destinar otro 45% para el desarrollo de educación y cultura vial, y 10% a las becas para estudiantes destacados (Proceso Jalisco 608). Las propuestas no han prosperado.
El gobierno del estado y Autotraffic firmaron un convenio modificatorio el 13 de octubre de 2015, en el cual se dan mayores detalles de la aplicación de las fotomultas por medio de cámaras que estarán a bordo de vehículos y en lugares fijos “en vías a cargo del estado de Jalisco”.
Sin embargo se omite hablar del convenio que de manera obligada debe de estar vigente, resalta Jasso Méndez en la entrevista. E indica que con ese tipo de acuerdos el gobierno del estado deja de manifiesto su intención recaudatoria.
En dicho acuerdo, la empresa obtiene 40% del monto por cada fotomulta, es decir casi 300 pesos. Cada una de esas infracciones tiene un costo oficial de 730 pesos, sin el descuento por pronto pago. Además, en el contrato se garantiza aplicar más de 900 multas mensuales, lo que garantiza alrededor de 22 mil fotoinfraciones en la última fase del gobierno de Aristóteles Sandoval.
Según el acta constitutiva 38579, Autotraffic se estableció el 10 de enero de 2008 ante el notario público Rafael Gutiérrez, con los siguientes socios: Alfonso Miguel Vélez Iglesias –hermano de la excomisionada de la Comisión de Transparencia Gubernamental y Acceso a Datos Personales del Congreso de Puebla– y Jaime Enrique Ferrer Aldana.
Una empleada del gobierno de Jalisco, que prefiere no publicar su nombre, se queja del hostigamiento a los ciudadanos. A ella le llegó un cobro de más de 8 mil pesos en unos meses, a pesar de que no recuerda haber transgredido los límites de velocidad.
El repudio a la instalación de nuevas cámaras de fotomultas es tan grande que sólo se colocaron 10 de las 22 contempladas, y una fue vandalizada con insultos en pintura roja de aerosol.
Adicionalmente están en operación 32 radares fijos y nueve móviles, dos radares a bordo de vehículo y 10 cámaras para luz roja. Se pretende incrmentar el equipo a 22 cámaras radares móviles y cuatro más para luz roja y vueltas prohibidas. Los aparatos fijos estarán distribuidos en las avenidas López Mateos, Lázaro Cárdenas, Periférico Norte, Mariano Otero, Vallarta, Periférico Sur, Laureles y Colón.
Inconformidad
La presión hacia los automovilistas con presuntas infracciones injustificadas ha provocado que a través de internet se vendan micas para ocultar las placas de las cámaras, así como números y letras negras que no son captadas por los aparatos.
De igual forma, gestores prometen al cliente el cambio de placas y el registro de vehículos en Colima, Michoacán o el Estado de México, debido a que el gobierno de Jalisco no tiene convenio con esas entidades para hacer efectivos los cobros fuera de su jurisdicción.
Hace años que Jasso Méndez da seguimiento a las irregularidades en la aplicación de las fotoinfraciones (Proceso Jalisco 511). “Desde el 2012 estoy estudiando este asunto –comenta–, primero por una afectación a mi persona y a mi economía, y porque vi, en el actuar del gobierno de Jalisco, una forma totalmente injustificada de afectar a todos los jaliscienses. Afortunadamente tengo conocimientos jurídicos para defenderme ante el abuso de autoridad, que en este caso es de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Finanzas.
“Mi expectativa es hacer conciencia, sobre todo con los señores diputados, de que no sólo hay temas políticos que ver, sino lo que está perjudicando a la sociedad. En este caso la actuación de la Secretaría de Movilidad y la de Finanzas es totalmente irregular y está perjudicando el patrimonio de los jaliscienses.”
Denuncia, por ejemplo, que del monto recaudado por fotoinfracciones no se entrega ni un peso a los municipios:
“De acuerdo a la información que solicité a través de transparencia y que me han entregado la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Finanzas, pues se han levantado, desde la fecha en que lo solicité hasta 2016, un promedio de 4 mil millones de pesos que han cobrado en multas en forma totalmente ilegal y de un dinero que no regresa ni un solo peso a los municipios, o sea que el estado se queda con todo, a pesar de la irregularidad en la que incurre (…) porque el artículo 115 de la Constitución, en su última reforma le dio esa facultad a los municipios, precisamente para que tuvieran un ingreso adicional para su operación.”
Otros conceptos que a su juicio cobra la administración estatal sin tener la correspondiente facultad son: expedición de licencias, permisos de autos de alquiler, refrendos de licencias y expedición de cédulas de notificación de infracción.
–Usted menciona que el principal problema es de Movilidad y de Finanzas, pero el documento también pide juicio político al fiscal general.
–Porque la policía vial, la comisaría de la policía vial, depende directamente del fiscal general, aunque está adscrita a la Secretaría de Movilidad.
