Mientras el trabajo del Consejo Redactor de la Iniciativa de Ley de Cultura en la Cámara de Diputados no concluye, debido a la necesidad de revisar e incorporar elementos de otros proyectos, el Senado de la República ya va en su tercera propuesta, esta vez suscrita por senadores como Gerardo Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Gamboa, Mariana Gómez del Campo e incluso Carlos Romero Deschamps.
Así, aunque cada uno de los presidentes de las comisiones de Cultura en el Senado, y de Cultura y Cinematografía en Diputados, Santiago Taboada, se han comprometido a sacar sus respectivos proyectos en este periodo de sesiones, el trabajo de los legisladores deberá partir de dictaminar todas las propuestas (a las cuales se suma la presentada en la legislatura pasada por la entonces senadora Blanca Alcalá); y, a menos que logre imponerse una de ellas, deberán elaborar una nueva con la integración de las existentes.
Presentado en el Senado el pasado 9 de marzo con el título “Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura”, el más reciente proyecto del Senado se suma a los propuestos, el 17 y 29 de marzo de 2016, respectivamente por Angélica de la Peña (quien suscribe este nuevo), entre otros senadores, y Rabindranath Salazar Solorio.
A diferencia del Senado, el de la Cámara de Diputados acaparó la atención desde su inicio. Y su proceso se ha ido enturbiando.
Durante las “Audiencias públicas para la creación de una Ley de Cultura”, diversos sectores, entre ellos los trabajadores de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), hicieron señalamientos en el sentido de que habían sido discusiones “a modo” y se había “obsequiado el acceso a las mesas” sólo a quienes tenían interés en lucrar con las expresiones culturales y el patrimonio de los mexicanos, consignó en septiembre de 2016 la reportera Niza Rivera en apro.
El 14 de diciembre el panista Santiago Taboada presentó el Consejo Redactor para que elaborara una iniciativa de Ley de Cultura. Lo integran, entre otros, el economista Ernesto Piedras, la antropóloga Lucina Jiménez, el fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu) de la UAM Eduardo Cruz Vázquez, el investigador y analista de comunicación y cultura Carlos Lara González, la representante de la UNESCO en México Nuria Sanz, el legislador por Morena Alfonso Suárez del Real.
Asimismo, el especialista en derecho cultural Raúl Ávila Ortiz, la directora del Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Cecilia Genel (no hay nadie del INBA o la Secretaría de Cultura), el secretario de Extensión y Cultura de la UANL Celso José Garza, y Carlos Villaseñor, asociado fundador y presidente del Consejo Académico de Interactividad Cultural y Desarrollo, A.C.
Se dijo entonces que luego de tres sesiones de trabajo, este grupo presentaría el proyecto final el 20 de enero pasado. Luego de la primera sesión, Nuria Sanz pidió que los trabajos se realizaran a puertas cerradas y se emitiera al final un comunicado, lo cual fue visto como un acto de opacidad.
Hace unas semanas, la noticia de la intervención de la consultoría privada Legispol, fundada por Carmen Segura Rangel (extitular de Protección Civil de Gobernación de Felipe Calderón, quien fue inhabilitada como presunta responsable de un ilícito, y luego absuelta por la Secretaría de la Función Pública), puso nuevamente en tela de juicio la transparencia del proceso de elaboración del ordenamiento legal.
Se sumó la circulación de un “documento base” hecho “a partir de las conclusiones puntuales de las 10 audiencias públicas realizadas en diversas cedes (sic) del país”, integrado por 4 títulos, 13 capítulos y 58 artículos, que junto con las dos iniciativas presentadas en 2016 en el Senado, integró una carpeta que Taboada entregó al Consejo Redactor al inicio de los trabajos.
La pregunta fue si ese documento lo elaboró el despacho de Segura. La propietaria de Legispol declaró al diario Reforma estar asesorando a la Comisión de Cultura “en cada uno de los productos que se van desarrollando”. A través del mismo medio, Cruz Vázquez demandó que Taboada explique la situación. Este semanario buscó al diputado, su asistente ofreció enviar la información por correo electrónico, y hasta el cierre de esta edición nunca llegó. Por su parte Raúl Ávila y Suárez del Real dijeron que el Consejo Redactor se limitará a entregar el proyecto a la Comisión y ésta tiene el derecho de contratar a cualquier empresa o consultoría.
Contrario a lo afirmado por Segura, Taboada negó vínculos con su empresa, cuya página de internet tiene como imagen el patio central de la Cámara de Diputados, y anuncia entre sus servicios la elaboración de iniciativas o reformas de ley, puntos de acuerdo y dictámenes legislativos:
“La consultoría Legispol no participa en los trabajos del Consejo Redactor, en la elaboración de sus documentos, ni en cualquier otra función de asesoría bajo ningún esquema de contratación o colaboración”, dijo Taboada.
Entrevistado por Proceso vía telefónica, Lara dice que el diputado les entregó un proyecto de ley, además han consultado varias iniciativas, incluso algunas precluidas, pero el trabajo del grupo partió de cero. Añade que fue la Comisión de Cultura de la legislatura pasada, donde sí trabajó una iniciativa Antonio Zepeda Segura (hijo de Carmen Segura):
“Ahí sí me consta que estuvo yendo a las reuniones, haciendo trabajo de técnica legislativa y nosotros de contenido. Yo conozco a Antonio y sé que no está trabajando (ahora)… Vamos a hacer un proyecto totalmente nuevo.”
Se ha cuestionado también si el Consejo Redactor está asumiendo labores del legislativo; de ser así, si puede intervenir la representante de la UNESCO, quien es de nacionalidad española. Al respecto Lara afirma que no se está redactando la ley, sino un proyecto de iniciativa. Se espera que el Consejo Redactor entregue su documento final en los próximos días.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información para conocer los fundamentos constitucionales y legales sobre los que se nombró a dicho Consejo, la Comisión de Cultura y Cinematografía respondió “categóricamente” que no se está delegando la función legislativa:
“El nombramiento del consejo redactor tiene fundamento legal en el artículo 70 constitucional, así como en la fracción XII del artículo 39; el numeral 4 del artículo 44; y numeral 6, inciso e), f) y g) así como el numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción l; 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.”
Consultado por Proceso acerca de esta respuesta, el especialista Bolfy Cottom señala una contradicción, pues habla de fundamento legal basado en la constitución; entonces “¿es fundamento legal o es constitucional? Si se habla de Constitución debe llamarse fundamento constitucional, si se habla de leyes, debe ser fundamento legal”.
Y no duda en calificar de “puro cuento” el que el artículo 70 faculte a las comisiones nombrar un Consejo Redactor. Los ciudadanos pueden presentar iniciativas, pero con los requisitos establecidos en el artículo 71 de la Constitución, “no sólo porque se me ocurre formar un grupito”.
Agrega entonces el especialista, investigador del INAH:
“En estricto sentido, quien tiene la obligación de redactar un proyecto de ley es el legislador. Eso sí, puede contratar asesores o pedir asesoría a instituciones especializadas, centros de investigación… Lo que no se puede hacer es formalizar un grupo de personas que no fueron votadas para un cargo público, y asuma el papel del legislador.”
Dice finalmente sobre Legispol que las consultorías son un aspecto de lo “más oscuro”, porque su contratación es discrecional, no está normada, regulada ni legislada.
