A partir de la tragedia que sufrió una familia, cuya vivienda fue destruida por la explosión de un cilindro de gas, la defensa de las víctimas demandó a la empresa causante del desastre. Con base en el nuevo sistema de justicia adversarial, los litigantes sustentaron el caso contra la persona moral Zeta Gas ante la Fiscalía General del Estado, que procedió penalmente.
Por primera vez en la historia procesal de la entidad se vinculó a una empresa, Zeta Gas, por su presunta participación criminal porque uno de sus cilindros estalló en la vivienda de la familia Rodríguez Molina y mató a dos personas.
La demanda fue presentada por el corporativo de abogados de Víctor Manuel Pérez Briseño quien logró que la gasera cubriera una fianza por más de 7 millones de pesos y se le asegurara una bodega.
Zeta Gas es una trasnacional valorada en 2 mil millones de dólares, cuyos propietarios son Miguel Zaragoza Fuentes y su exesposa Evangelina López Guzmán. Opera en nueve países y 950 ciudades mexicanas con una plantilla de más de 7 mil trabajadores.
La tragedia ocurrió el 11 de junio de 2016 en el número 3150 del Paseo de los Frambuesos, entre Paseo de las Caobas y Paseo de los Ocotes, fraccionamiento Tabachines, de Zapopan. Un cilindro provisto por Zeta Gas dejó escapar el combustible y explotó a la 1:30 de la madrugada, cuando todos dormían. La detonación mató a dos mujeres, tres de sus familiares (dos adultos y un menor) quedaron heridos, la casa se convirtió en escombros y una camioneta Explorer 2003 quedó calcinada.
Una de las fallecidas es Ana Isabel Rodríguez Molina, de 23 años, quien acababa de concluir la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac. Cinco días después del siniestro murió su mamá, Nora Edna Molina Muro, de 44 años, en una clínica del IMSS.
La abogada Molina Muro trabajaba en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Su hermano Bernardo dice que recientemente concluyó la maestría en amparo Laboral.
Marco Antonio Rodríguez Rodríguez, esposo de Nora Edna, recuerda en entrevista que Ana Isabel tenía su habitación en la parte alta de la vivienda y para llegar tenía que pasar por el patio donde se encontraba el tanque de gas. Ese día se despertó ante el fuerte olor a combustible y le avisó a su padre.
“Yo me levanto de la cama y voy a revisar el tanque de gas, y detecto una fuerte fuga de gas totalmente visible en la base del tanque, es decir, donde toca el suelo. Inmediatamente llamo al servicio de emergencia 066 para que acudieran al lugar, sin embargo, por un problema en la numeración registrada en la vivienda 3150, ya que a pesar de ser número par se encontraba en la acera de los nones, la ayuda de los rescatistas tardó en llegar”, relata.
Salió a la calle a buscar a los rescatistas para indicarles el lugar de la fuga. Pero antes avisó a los integrantes de su familia (su esposa, Ana Isabel y a sus hijos de 20 y 12 años) que se vistieran de inmediato y salieran. Sin embargo, en cuanto salió de la cochera la casa estalló. Refiere: “Yo fui arrojado por la fuerza de la explosión a más de 10 metros de distancia”.
Los peritajes arrojaron que el gas estaba disperso por toda la vivienda y no era necesaria chispa alguna para producir es estallido; pudo bastar la estática de la tela cuando los jóvenes se vestían.
“Quedé en shock, me llevaron al hospital y no sabía del paradero de mi familia, ni las condiciones ni los resultados. Hasta que mi hermano fue el que, preguntando, supo que uno estaba en la Delgadillo Araujo. Yo le dije: ‘Hermano, yo sé que tú no me vas a mentir, quiero que me digas qué pasó, cómo está la familia’ y él fue el portavoz de las malas noticias”, comenta Marco Antonio.
El hermano le dijo que sus dos hijos estaban graves, pero estables, y añadió “que mi esposa era la que tenía el mayor daño físico a raíz de la explosión, porque tenía el 80 o 90% de su cuerpo quemado y vía aérea, y aparte tenía al parecer problemas cervicales, algo así como desnucada… Y que Anita (la hija mayor) desgraciadamente falleció en el lugar, ya no se pudo hacer nada… trataron de reanimarla pero ya no pudo reaccionar. Ella traía contusión severa de tórax y cráneo”.
El hijo de 20 años estuvo aproximadamente cuatro semanas internado y el de 12 fue trasladado a un hospital privado durante algunas semanas más; ahora pasa por un lento proceso de rehabilitación física y psicológica.
Marco Antonio exige a la Secretaría de Energía mayor control y supervisión para las gaseras y lamenta la falta de tacto y humanidad de quienes dirigen el emporio Zeta Gas:
“Sé que, si llegara a ganar la demanda, el mucho o poco dinero que me dieran no me va a regresar a mi hija ni a mi esposa, pero que quede marcado para que no vuela a suceder. Le da a uno mucho coraje, porque solamente hasta que empezaron los juicios tuve acercamiento con la gasera; antes, ni una disculpa, ni un: vamos a mejorar.”
Además de padecer las pérdidas de sus familiares, el entrevistado tuvo que reponer los muebles, que sumaban 600 mil pesos, gastos que la gasera no le quiso cubrir por falta de comprobantes pese a que la vivienda desapareció totalmente por la explosión. Además, debió pagar aparatos ortopédicos y medicamentos, así como los servicios de una psicóloga para su hijo menor.
Dos casas aledañas a la vivienda de la familia Rodríguez Molina también resultaron afectadas en su estructura.
Responsabilidad
penal de las empresas
A fin de proteger los intereses de la familia Rodríguez Molina, el abogado Pérez Briseño presentó una demanda contra Zeta Gas, la primera que se logra promover contra una persona moral por un presunto acto criminal.
La demanda penal quedó registrada bajo la carpeta administrativa, 350/2016 y la carpeta de investigación con el número 2679/2016, tramitadas ante el juez Quinto de Control y Juicio Oral.
La compañía fue obligada a cubrir una fianza por más de 7 millones de pesos y se le aseguró una bodega donde concentra gran cantidad de cilindros defectuosos.
“Vamos en contra de una empresa gasera, que estamos procesando. No sé si sea la primera demanda en el país, pero sí es la primera en Jalisco. Es la primera vez que se vincula a proceso a una empresa por su presunta participación criminal”, dice el litigante.
–¿Esto es parte de las nuevas herramientas que concede el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial? –se le plantea.
–En 2008 se modificó la Constitución, pero la ley nace en 2014. El Código Nacional de Procedimientos Penales aplica para todos los juicios penales de toda la República y es el que por primera vez establece la responsabilidad penal de las empresas.
La ley se publicó el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y se modificó el 17 de junio de 2016. A partir de 2014, “en los artículos 421 y 423 la responsabilidad penal de las personas jurídicas (morales) y es algo totalmente novedoso en el estado”, dice Pérez Briseño.
Y añade: “La fiscalía estaba nerviosa, no le quedaba muy claro cómo iba a llevar a proceso penal a una empresa, pero a base de diálogo logramos que se convencieran que la empresa como tal realmente tiene un acto criminal y la ley es muy clara; por primera vez lo logramos”.
Indica que la vinculación a proceso contra la empresa ocurrió el pasado 22 de febrero e incluye a empleados como el representante legal, el supervisor y el repartidor.
Pérez Briseño comenta que el bufete de abogados que encabeza fue contactado por Marco Antonio Rodríguez porque se especializa en juicios relacionados con daños.
–¿Cómo ve hasta ahora la respuesta de la fiscalía, del Ministerio Público y el Poder Judicial en este juicio?
–Estoy extraordinariamente sorprendido de la seriedad, responsabilidad con la que ha actuado la fiscalía en este caso. Seguro que hubo intentos de la gasera para corromper a funcionarios a fin de que no llegara este momento, pero ellos se han mantenido totalmente apegados a la ley.
Destaca que el fiscal Eduardo Antón Vázquez llevó a cabo un trabajo “ejemplar” para relacionar y describir los datos de prueba requeridos por el juez Quinto en materia de Oralidad, a fin de conseguir la vinculación al proceso.
Aunque sabe de litigantes, funcionarios judiciales y fiscales que se quejan de algunos aspectos del nuevo sistema penal, el abogado de la familia Rodríguez Molina expone:
“Los juzgados me parecen muy dignos. Yo esperaba un juzgado como el de antes, y no: las instalaciones, los medios audiovisuales, todo me parece que está ad hoc. Como siempre, es mejorable, pero estoy gratamente sorprendido de que tenemos en Jalisco gente honesta, y creo que el sistema adversarial va a funcionar.
“Hasta ahora lo único que tenemos es que fueron vinculadas a proceso personas físicas y morales en lo que antes se le denominaba auto de formal prisión; este es el equivalente. Ahora sigue el juicio”, explica Pérez Briseño.
Destaca que ya hay medidas cautelares importantes contra la gasera y su personal: “Son dictadas por el juez… Está asegurada una bodega con cilindros defectuosos para que no salgan a la venta; ninguno de los imputados puede salir del estado; los imputados tienen que ir a firmar todos los lunes y tienen que dar fianzas por un total aproximado de 7 millones de pesos. Yo creo que es un gran logro”.
A raíz de estos resultados y de las investigaciones que se derivan, afirma, hay nuevos elementos que serán utilizados por la defensa de la familia para promover la demanda civil.
“La presentaremos pronto y va en torno a la responsabilidad por daños y perjuicios; por el daño moral y lo que se llama daños punitivos, que se impone a este tipo de empresas con criminal acontecer para que no incurran de nuevo en estos daños.”
A juicio de Pérez Briseño, ese juicio servirá como antecedente de otras demandas. “Estamos decididos a que se ponga un castigo ejemplar. Esta empresa está llevando la muerte a los hogares; es una obligación social impedir que empresas que tienen esa actuación negligente y criminal lo sigan haciendo en Jalisco”.
Indica que Zeta Gas también provocó la muerte de dos personas en el accidente de una pipa de gas LP, en Tonalá. Además, dice,“hubo otro incidente, donde también hubo muertos, en Vallarta Universidad por instalaciones inadecuadas de la pipa; ocasionó que estallara un tanque estacionario. Murió una persona y una niña de siete u ocho años perdió el rostro, las manos… quedó gravemente herida. No ha muerto pero quedó lesionada de por vida”.
