Un contrato firmado entre el gobierno mexicano y la subsidiaria estadunidense de la empresa alemana Sig Sauer –fabricante de armamento– prendió las alarmas en el Congreso de Estados Unidos, pues el acuerdo le permitirá a México ensamblar y reparar armas de esa compañía durante cuatro años, sin necesidad de reportarle nada a Washington. Además de lo inusual de la transacción –el monto es de 266 millones de dólares–, el convenio evidencia, según analistas, la intención de “militarizar” a las policías estatales y municipales mexicanas.
WASHINGTON.- Por conducto de su subsidiaria en Estados Unidos, Sig Sauer, la empresa alemana fabricante de armas, concretó con el gobierno mexicano un acuerdo para permitirle, sin restricciones y durante cuatro años, la manufactura en México de entre 300 mil y 400 mil armas de fuego, arreglo que causó preocupación en el Congreso estadunidense.
El contrato es por un monto de 266 millones de dólares; fue notificado al Capitolio el 15 de abril de 2015 y lo suscribieron Sig Sauer y la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia encargada de la compra de equipo bélico para cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. En términos monetarios y por el número de piezas, es el mayor que el gobierno de México ha firmado con una empresa privada desde finales del siglo pasado.
En el inciso DDTC-14-121, correspondiente al año fiscal 2015, del expediente “Notificaciones al Congreso sobre la venta de armas comerciales y militares a México”, del Departamento de Estado, se dice: “Sig Sauer ($266 millones de dólares). Para la manufactura –en México– de rifles y pistolas Sig Sauer, y la renovación de inventarios actuales para el uso de la Armada, Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación, Policía Federal y fuerzas policiales estatales y municipales”.
Documentos de los que Proceso tiene copia relativos a las adquisiciones de equipo militar y armas de fuego que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo a Estados Unidos en los años fiscales 2015 y 2016 muestran una serie de mecanismos por los cuales la Sedena no estaría obligada a reportarle a Washington el uso ni destino final de la masiva producción de rifles y pistolas en el caso de su actual convenio con Sig Sauer.
Esa falta de restricciones motivó que el senador federal demócrata por Vermont, Patrick Leahy, cuestionara al Departamento de Estado sobre el afán del gobierno de Peña Nieto en adquirir equipo militar y armas de fuego a granel.
La carta de Frifield
En una carta fechada el 21 de diciembre último y recibida el 18 de enero en la oficina de Leahy, el Departamento de Estado responde a la pregunta del legislador sobre el significado de “la venta de manufactura de rifles y pistolas” que hizo Sig Sauer a la Sedena.
La respuesta, firmada por Julia Frifield, subsecretaria de Estado para Asuntos Legislativos, indica:
“El acuerdo le permite a Sig Sauer (Sig) proveer a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) la información técnica, de control de calidad e inspección, así como de las técnicas y procedimientos para la renovación, con subcomponentes Sig Sauer, de rifles M16A2, M4 y AR-15; para el ensamblaje de equipos MPX SMG que serán entregados a la Semar; el ensamblaje de pistolas modelos Sig SP2022, P224, P226, MK25, y de pistolas semiautomáticas P229.
“De manera adicional, Sig suministrará a la Semar las herramientas y medidores para la inspección y prueba de las armas mencionadas. Se proporcionará a la Semar el respaldo de ingeniería para colocarles a varios rifles actualizados los nuevos componentes Sig, de su inventario actual de lanzagranadas M203 de 40 milímetros; 1.1 millones de dólares de los 266 millones del acuerdo serán destinados a la adquisición de servicios de defensa, información técnica, reparaciones y otro equipo de apoyo.”
Frifield anota que su explicación está basada en la información que en años anteriores le proporcionó el gobierno de México, el cual se halla sujeto a la Ley para Control de la Exportación de Armas de Estados Unidos por el hecho de haber signado el contrato con la subsidiaria estadunidense de Sig Sauer.
“Bajo este acuerdo (la suscripción del contrato), el Departamento de Estado no tiene control (de inspección) sobre el lugar al que destinarán la Sedena y la Semar las armas. Es claro que es un plan de militarización de las policías estatales y municipales y que le da a la Sedena la capacidad para fabricar armas de fuego”, dice en entrevista con Proceso John Lindsay-Poland, analista del American Friends Service Committee (AFSC), organización no gubernamental con sede en San Francisco dedicada a la supervisión de venta de armas y equipo militar en todo el mundo.
Lindsay-Poland sostiene que la AFSC solicitó información a la Sedena sobre la compra de armas de fuego a Sig Sauer entre 2007 y agosto de 2015, antes del contrato de los 266 millones de dólares.
La Sedena es la dependencia que recibe todas las importaciones de armas para corporaciones de policías federales, estatales y municipales, para policías ministeriales y todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la respuesta que dio la institución a la AFSC –folio 0000700121515, copia de la cual tiene este semanario–, en el periodo mencionado compró y distribuyó 4 mil 624 pistolas Sig Sauer, 2 mil 832 de ellas para fuerzas policiales estatales y municipales. Las restantes fueron revendidas por la Sedena a empresas de seguridad privada y a particulares.
“El monto total por las piezas adquiridas fue de 2 millones 777 mil 73 dólares con 60 centavos”, se destaca en el documento de la Sedena, que aclara que las pistolas las compró a Sig Sauer tanto en su sede alemana como en la de Estados Unidos.
Sobre la distribución de las 2 mil 832 pistolas entregadas a policías estatales y municipales, la Sedena anota que 237 fueron para el estado de Querétaro, 70 para Baja California, 123 para San Luis Potosí, 44 para Sonora, 75 para Tamaulipas, 200 para Hidalgo, 369 para Michoacán, 93 para Zacatecas, 16 para Tlaxcala, seis para Quintana Roo, 10 para Nuevo León, mil 572 para el Estado de México y 17 para Yucatán.
Destaca la cantidad de armas que la Sedena entregó al Estado de México, entidad que en años recientes ha registrado uno de los mayores incrementos del país en el índice de violencia, de actividades de narcotráfico y crimen organizado.
En el cuestionamiento por escrito que hizo Leahy al Departamento de Estado (en agosto del año pasado), y posiblemente al enterarse de la distribución que hizo la Sedena de las armas que compró a Sig Sauer en años anteriores, el legislador pregunta si hay regiones o estados de México excluidos de la entrega de armamento.
“Actualmente no existen restricciones geográficas para las exportaciones de artículos de defensa por medio de la Venta Comercial Directa o de la Venta de Equipo Militar al Extranjero. Sin embargo, cada una de las ventas es evaluada caso por caso. Antes de autorizar la licencia de venta y después del envío, con frecuencia se llevan a cabo verificaciones para mitigar el riesgo de que las armas sean entregadas a organizaciones criminales”, responde el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado tiene la autoridad de negar una transacción de venta y exportación de armas a México si la decisión se sustenta en informes fehacientes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los usuarios finales.
En su respuesta a Leahy, Frifield notifica que para el caso de México se han realizado algunas inspecciones sobre las armas transferidas a las fuerzas de seguridad; inspecciones que se identifican con la clave Linterna Azul. De 2010 a la fecha el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo en México 52 investigaciones Linterna Azul; 17 fueron negativas, es decir, casi una de cada tres.
“La razón de la determinación desfavorable va desde errores administrativos sobre inventario de armas hasta imprecisiones o falta de respuesta al monitoreo del uso de las armas por las partes interesadas (Sedena)”, explica Frifield y acota: “Estaremos complacidos de informarle a usted personalmente, o a sus asesores, sobre los datos específicos de estas investigaciones de Linterna Azul”.
Las preguntas
La preocupación del senador Leahy por el hecho de que el acuerdo entre la Sedena y Sig Sauer carece de restricciones geográficas para la entrega del armamento en México tiene un solo fundamento, y de ahí el cuestionamiento del legislador al Departamento de Estado.
“La empresa Sig Sauer en Alemania se sujeta a las restricciones impuestas por el gobierno alemán a la venta de armas comerciales y militares, leyes que son muy estrictas sobre el destinatario final de las armas y el monitoreo de su uso”, explica a Proceso un asesor de Leahy.
“Sedena concretó el contrato por 266 millones de dólares para la adquisición de armas con la subsidiaria de Sig Sauer en Estados Unidos, que se encuentra en New Hampshire, y por ello el acuerdo no está bajo restricciones como las que le hubiesen impuesto en Alemania”, agrega el asesor de Leahy.
A su vez, el senador le solicita al Departamento de Estado una explicación de las jurisdicciones internacionales sobre la venta de armas a las que podría estar sujeta Sig Sauer en New Hampshire, tomando como base que la empresa está incorporada como tal en el estado de Delaware y como afiliada de la sede en Alemania.
La Junta Directiva de Sig Sauer está integrada por cinco miembros, dos de los cuales son alemanes que viven en Alemania.
“Bajo los reglamentos internacionales y por contar con dos integrantes de la Junta Directiva que son alemanas y viven en Alemania, la venta de armas de su subsidiaria en Estados Unidos podría estar sujeta a las restricciones impuestas por el gobierno alemán”, enfatiza al asesor del senador.
En el documento oficial del Departamento de Estado sobre la venta comercial y militar de armas a México de los años fiscales 2015 y 2016, por 836.5 millones de dólares, además está registrado un solo acuerdo de exportaciones directas del Pentágono y siete con empresas privadas.
El contrato del Pentágono con la Sedena, por 110 millones de dólares, lo constituye la venta de tres helicópteros UH-60M Black Hawk, seis motores T700-GE-701D, seis sistemas de posicionamiento global H-764G, seis ametralladoras M134 calibre 7.62 milímetros, tres sistemas de radar con rayos infrarrojos con mira progresiva tipo Star Safire III, tres sistemas de plantación para misiones aéreas y 12 binoculares de visión nocturna AN/AVS-9.
Los contratos de compra comercial de armamento son:
–Uno por 3 millones de dólares con la empresa Colt Defense para la adquisición de mil 10 carabinas-rifle calibre 5.56 milímetros.
–Otro con Textron Corporation, por 232 millones de dólares, para la compra de 24 aeronaves T-6C. Con esta misma empresa hubo otro acuerdo por 97 millones de dólares para adquirir otros 11 aviones T-6C para la Semar.
–Uno más, por 3 millones de dólares en el año fiscal 2016 –que concluyo el pasado 30 de septiembre–, mediante el cual la Sedena le compró a la empresa Glock 11 mil 130 pistolas calibre 9 milímetros y 101 más calibre .45.
–A US Ordnance, por medio de un contrato por 1 millón de dólares, Sedena le compró 10 lanzagranadas MK19 calibre 40 milímetros, cinco ametralladoras M242 calibre .50, cinco ametralladoras M240 calibre 7.62 milímetros y otras 50 ametralladoras M-60.
–Con Trijicon la Sedena firmó un contrato por 2.5 millones de dólares para la obtención de 2 mil 100 miras telescópicas para rifle destinadas a la Semar.
–Y por último, un contrato por 12 millones de dólares con Beechcraft Defense Company para la adquisición de 12 aviones T-6C+ para la Sedena.
“Actualmente no hay una licencia para producir armas de Sig Sauer en México. Por ello buscaron una autorización máxima (de cuatro años) en el Departamento de Estado para no tener que volver a pedir otra”, concluye Lindsay-Poland. l
