De no detenerse, la violencia será mayor en el sexenio de Enrique Peña Nieto que en el de su antecesor Felipe Calderón, el panista que sacó a soldados y marinos a las calles al declararle la guerra al narcotráfico. Los funestos resultados están a la vista: más de 208 mil muertes en los últimos 10 años, sostiene Molly Molloy, investigadora de la Universidad Estatal de Nuevo México, y pone un ejemplo contundente: esa cifra supera las muertes violentas ocurridas en Colombia durante 52 años.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se acerca a los peores niveles de violencia de su antecesor. La guerra declarada por Felipe Calderón y mantenida por la administración del PRI ha dejado ya casi un cuarto de millón de víctimas, entre muertos y desaparecidos, de acuerdo con estimaciones estadunidenses.
La cifra comprende el periodo 2007-2016 y supera a las muertes ocurridas durante los 52 años de guerra entre las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército de ese país, dice Molly Molloy, investigadora de la Universidad Estatal de Nuevo México.
Desde que Calderón declaró la “guerra a las drogas” y ordenó a los soldados y marinos salir a las calles para combatir a los narcotraficantes, Molloy ha hecho un seguimiento puntual de las cifras oficiales, lo que la lleva a asegurar que México padece una violencia similar a la de los países donde hay guerra civil.
El gobierno de Peña Nieto se separó del discurso bélico de Calderón, pero mantuvo la misma política represiva y descabezamiento de los cárteles, lo que ha mantenido los altos niveles de violencia en el país. Y si bien en sus primeros tres años de gestión el número de víctimas disminuyó respecto a la su predecesor Calderón, desde mediados del año pasado no deja de crecer.
De acuerdo con las estimaciones de Molloy, en el sexenio de Calderón hubo 121 mil 613 homicidios dolosos. En los cuatro años de Peña, según las cifras de la investigadora, van 86 mil 530; es decir, 208 mil 143. El promedio anual de Peña Nieto en esa medición resulta ligeramente superior al de Calderón.
Latinoamericanista de formación, Molloy trabaja en la Biblioteca de la Universidad Estatal de Nuevo México, en el campus Las Cruces, a sólo 120 kilómetros de Ciudad Juárez, que en el gobierno de Calderón llegó a ser la ciudad más violenta del mundo por la disputa entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, convertida en el epicentro de la violencia en ese sexenio.
Coeditora y traductora de El sicario: La autobiografía de un asesino mexicano, publicada en 2011, es también creadora y editora de Frontera List, un foro de discusión sobre temas fronterizos, además de colaboradora en publicaciones periodísticas y los sitios especializados Narco News Bulletin y Small Wars Journal.
Molloy trabaja con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Desde marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo del SNSP da a conocer mensualmente la incidencia delictiva en el país a partir de las averiguaciones previas del Ministerio Público, desagregando los homicidios culposos y dolosos.
El Inegi integra la información de oficinas de registros civiles, agencias del Ministerio Público y servicios médicos forenses del país. En el caso de éstos, obtiene cifras de los certificados de defunción de muertes accidentales y violentas, mientras que de las oficinas del Registro Civil los datos que obtiene son respecto a los homicidios, en tanto que el Ministerio Público proporciona información sobre las averiguaciones previas iniciadas también por homicidios.
“Uso las cifras del Inegi tanto como sea posible, aunque éstas generalmente se dan a conocer después de algunos meses. En este caso, para calcular las víctimas de ‘la guerra a las drogas’ utilizo las cifras desde el 2007 hasta las que se dieron a conocer en julio del año pasado. Y para las estimaciones de este año, uso las estadísticas del SNSP”, explica por escrito a Proceso.
El SNSP y el Inegi contabilizan de manera distinta los homicidios. El Inegi usa la causa de muerte que obtiene de los certificados firmados por los empleados de las morgues, mientras que el SNSP parte de los datos de las investigaciones que se abren por homicidio en todas las fiscalías del país.
A diciembre de 2016, tomando en cuenta los datos divulgados en enero pasado por el SNSP y los del Inegi sobre el periodo 2007-2015, Molloy estima en 208 mil 143 los homicidios y en 25 mil los desaparecidos; es decir, 233 mil 143 personas asesinadas o desaparecidas en México desde que Calderón declaró la “guerra a las drogas”.
Esas cifras indican que el conteo diario de homicidios desde 2007 a diciembre del año pasado es de 57 por cada 100 mil habitantes. Esos niveles de violencia son similares a los de lugares con guerras civiles. Molloy cita el caso de Colombia, en donde 52 años de guerra entre el ejército y las FARC dejaron 220 mil muertos.
Un informe preocupante
En junio del año pasado, cuando el incremento de la violencia ya era una tendencia, el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer su índice Global de Paz 2016. El informe coloca a México como uno de los países más violentos e inseguros el mundo, cerca de aquellos con un “índice de paz muy bajo”, como Siria, Afganistán, Irak, Paquistán, Libia o Somalia; es decir, con conflicto armado declarado (Proceso 2075).
De acuerdo con Molloy, en la década que lleva la “guerra a las drogas” México ha tenido en promedio 20 mil 800 homicidios al año, mientras que Colombia, desde que comenzó la guerra en 1964 y hasta la firma de la paz el año pasado registró 220 mil muertes violentas; es decir, 4 mil 230 al año.
“Aunque hay que tomar en cuenta las diferencias de población en los dos países en el transcurso de esos periodos, podemos decir en términos generales que la pasada década en México ha sido más violenta que los 52 años de guerra en Colombia”, asegura la investigadora.
Y aclara: “Sin ser estadística o demógrafa, la simple aritmética apunta a las cuestiones que tenemos que analizar. También hay que tener en mente que se está usando sólo la cifra de los homicidios reportados por las agencias oficiales y estos números no incluyen las estimaciones de las personas extraviadas o desaparecidas”.
Sobre el número de desaparecidos por la violencia, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señaló el viernes 3 que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del propio Secretariado Ejecutivo del SNSP, a diciembre de 2015 sumaban 26 mil 128, lo cual no representa la gravedad del problema, pues sólo se denuncian dos de cada 10 casos debido a la falta de garantías de seguridad y protección a los denunciantes.
El colectivo, que urge a la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares –actualmente detenida en el Congreso–, declaró que la cifra oficial actualizada es de 30 mil 942 desaparecidos, y atribuyó el incremento de los casos a “la inseguridad y la militarización”.
Molloy señala que el sexenio de Peña Nieto podría terminar siendo más violento que el de Calderón por lo que atañe al número de homicidios. En promedio, insiste, el actual gobierno ha visto más de 20 mil en todo el país. Los totales han declinado desde el punto más alto en 2011, en el penúltimo año del gobierno de Calderón, pero la cifra no ha bajado mucho, de acuerdo con el método que la investigadora aplica.
Agrega que ese año, el de la mayor violencia registrada oficialmente hasta la fecha, la tasa de asesinatos alcanzó 24 por cada 100 mil habitantes. Después bajó a 17 en 2015, en los tres primeros años de Peña. Pero la caída se revirtió desde mediados del año pasado, cuando la tasa de asesinatos llegó a 19 por cada 100 mil habitantes.
Como resultado de lo anterior, el promedio de homicidios por día se mantiene en 56, prácticamente el mismo número de los seis años de Calderón, dice Molloy.
Las propias cifras del SNSP reconocen esta tendencia. En su informe de homicidios dolosos registrados en enero pasado, esa instancia de la Secretaría de Gobernación reportó oficialmente 2 mil 152 casos de ese tipo en todo el país, lo que hizo de ese mes el más violento de los últimos 20 años.
En enero de 2011, el año más violento bajo Calderón, hubo mil 867 averiguaciones previas por homicidio doloso. Las cifras no son del todo comparables, porque a partir de 2014 el SNSP empezó a reportar el número de bajas por esa misma causa, además de que las averiguaciones del Ministerio Público pueden tener más de una víctima.
La cifra de enero pasado, sin embargo, representó un incremento alarmante, pues comparada con el mismo mes del año pasado aumentó en casi 600, lo que significa un alza de 39%, tendencia que no se veía desde 2010, según estimaciones del analista de seguridad Alejandro Hope publicadas el 22 de enero pasado en el periódico El Universal.
Molloy considera que tanto las estrategias del gobierno de Calderón como del de Peña Nieto han provocado una fragmentación de las organizaciones criminales en muchos grupos sin control, lo que a su vez ha derivado en la proliferación de grupos que pelean en territorios más pequeños pero asesinando a más personas. Además, dice la investigadora, la militarización ha provocado muchas más muertes.
“Lo principal que he tratado de hacer en mi trabajo es llamar la atención de la violencia en México y que hemos visto un gran incremento desde que la llamada ‘guerra a las drogas’ comenzó con Calderón.”
Molloy dice que ninguna agencia de cumplimiento de la ley o funcionarios gubernamentales de México o Estados Unidos pueden demostrar que haya declinado la cantidad de drogas disponibles para su venta en uno u otro país o que sus precios sean más bajos, comparados con los de antes de que la “guerra” fuera declarada.
Y se pregunta: ¿Cuál es entonces el significado de todas estas muertes?
