El partido en el poder en Argentina se estremece al ver cómo crecen los frentes de conflicto en su entorno. Por un lado, la Confederación General del Trabajo y el magisterio se aprestan a movilizarse contra los ajustes económicos y los despidos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri; por otro, el fantasma de Cristina Kirchner, que pese al juicio que se le sigue por presunto lavado de dinero incrementa sus simpatías electorales como líder opositora. Algunos analistas consideran que el proceso contra la expresidenta no es más que una “cortina de humo”.
Buenos Aires.- La del próximo martes 7 amenaza con ser una jornada tensa en Argentina: la Confederación General del Trabajo se manifestará en la capitalina Plaza de Mayo contra el ajuste financiero y los despidos masivos, los docentes cumplirán su segundo día de huelga (con lo cual se pospone el inicio del ciclo escolar), en tanto que la expresidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración ante los tribunales federales.
El juez Claudio Bonadío, aliado del gobierno, le imputa a la exmandataria el supuesto uso de una empresa familiar para lavar dinero. Su posible detención tras la indagatoria es motivo de polémica. Cristina Kirchner es la líder más importante en todo el arco opositor y su elevada intención de voto, de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo, preocupa al oficialismo. La expresidenta, posible candidata a senadora, se ve como una perseguida política.
Los Sauces es la empresa inmobiliaria de los Kirchner. Administra el alquiler de 16 propiedades que la familia tiene en la provincia de Santa Cruz y en esta capital. Entre 2009 y 2015, 86% de la facturación de la empresa provino de dos clientes: el empresario de la construcción Lázaro Báez y el de juegos de azar y medios de comunicación Cristóbal López. Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), tanto Báez como López fueron adjudicatarios de obra pública y el juez cree que los Kirchner percibían un alquiler simulado por las propiedades de Los Sauces, a modo de “retorno” o retribución por haber facilitado aquellos negocios.
Por otra parte, un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, adjunto a la causa, refiere que los Kirchner retiraron de Los Sauces 5 millones 700 mil pesos (400 mil dólares) más de los que aportaron, sin repartir dividendos, tal como impone la ley.
La empresa está intervenida judicialmente desde diciembre de 2016 y su presidenta, Romina Mercado –sobrina de Cristina Kirchner–, está imputada en la causa. En la misma situación se encuentran los empresarios Báez y López. Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta, también declararán ante el juez en su carácter de accionistas de Los Sauces.
La investigación del movimiento en las empresas de la familia Kirchner comenzó en 2014. La causa judicial se montó sobre una investigación periodística del Grupo Clarín. El 20 de noviembre de ese año, Bonadío ordenó el allanamiento de las oficinas de Hotesur, empresa dueña del hotel Alto Calafate, a escasos kilómetros del glaciar Perito Moreno, un atractivo turístico de orden internacional en la patagónica provincia de Santa Cruz. La pesquisa apuntaba a determinar si este hotel se usaba para blanquear fondos de origen ilegal.
Tanto la dinámica como los actores en la causa Hotesur se repiten en el expediente de Los Sauces. El hotel Alto Calafate fue usado sobre todo por Báez y López, pues sus empresas alquilaron ahí cientos de habitaciones a lo largo de los años y no hay registro de que todas esas plazas hayan sido efectivamente ocupadas. El lujoso hotel, propiedad de los Kirchner, era sin embargo gestionado por Lázaro Báez mediante la empresa Valle Mitre.
Bonadío regresó
Bonadío es uno de los funcionarios más desprestigiados de un poder, el judicial, que en Argentina goza de un bajísimo nivel de credibilidad. La justicia federal es percibida por la prensa y la ciudadanía como un ámbito permeable a las necesidades del poder de turno.
En su afán de acorralar a Cristina Kirchner, Bonadío cometió numerosas irregularidades, por lo que en febrero de 2016 la Cámara Federal decidió apartarlo de la instrucción de la causa. Su lugar fue ocupado por Julián Ercolini. Este juez embargó más de 5 millones de pesos que hay en cajas de seguridad y cuentas de Florencia Kirchner. Considera que pueden ser parte de los fondos ilícitos que se investigan en la causa Hotesur.
Ercolini ordenó una pericia de 33 puntos para investigar el movimiento de las empresas de los Kirchner. En 14 de esos puntos se requieren precisiones sobre los alquileres, contratos y operaciones de Los Sauces. Es decir, la investigación sobre esta empresa es parte de la causa Hotesur. Sin embargo, en abril de 2016, una oportuna denuncia sobre Los Sauces ante el juzgado de Bonadío puso al juez, antes apartado, nuevamente en el caso.
La defensa de Cristina Kirchner asegura que la familia no se dedica al negocio hotelero, sino al alquiler de inmuebles, a un precio fijo, con contratos oficializados que respetan los valores de mercado. Hotesur no tendría de este modo relación con “habitaciones ocupadas o vacías”, ya que la gerencia del hotel corría por cuenta de otra empresa.
La defensa de la expresidenta sostiene, además, que no puede haber lavado de dinero, ya que toda la operación fue bancarizada y el total de los movimientos de Hotesur o Los Sauces fue menor de 0.02% de la obra pública adjudicada durante el kirchnerismo, por lo cual tampoco puede hablarse del pago indirecto de “retornos”.
“Se meten con sus propiedades y, como no encuentran nada, apelan a la ‘asociación ilícita’, que todos sabemos que es una figura que se usa cuando no se sabe bien qué conducta criminalizar”, dice a Proceso Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Encuestas
Cristina Kirchner sostiene que la ofensiva judicial en su contra responde a una persecución política con la que se busca difamarla y proscribirla, como así también ocultar problemas económicos y políticos. La expresidenta relacionó su citación por parte de Bonadío con la necesidad que tiene el gobierno nacional de “tapar este desastre”. Se refería a la economía en recesión profunda, la inflación que no cede, el aumento de precios y tarifas, la caída del consumo y el empleo.
“La irracionalidad en el colapso puede ser detener a Cristina o cualquier otra cosa”, sostiene Zaffaroni. “Estas políticas entreguistas y vendepatrias terminan en un embudo: menos consumo, menos recaudación, más deuda y, finalmente, crisis social y política”, sostiene.
Y trae a la memoria dos ejemplos recientes: la fuga hacia adelante de la dictadura militar que buscó “eludir el desprestigio del fracaso” mediante la Guerra de las Malvinas; o la declaración de estado de sitio en 2001, con la cual el entonces mandatario Fernando de la Rúa quiso frenar la revuelta popular, pero sólo precipitó el final de su Presidencia.
El gobierno se juega su continuidad en las elecciones legislativas de octubre. Una derrota de Cambiemos, la alianza que apoya al presidente Mauricio Macri, sepultaría su deseo expreso de reelegirse en 2019. A falta de índices positivos, desde el oficialismo se apela a la esperanza.
Los aumentos de precios y tarifas socavan cada día la paciencia colectiva mientras las mediciones de intención de voto ponen a Cristina Kirchner empatada con el también peronista Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, pues reúne a 37% del electorado. La alianza de gobierno marcha en tercer lugar, varios peldaños por debajo. La erosión de la figura de la exmandataria, quien apunta para ser candidata a senadora, se ha vuelto un tema medular para el gobierno.
“Es obvio que quieren sacar a Cristina de la elección de este año”, comenta Zaffaroni. “Pero el destino del proyecto de Cambiemos no depende de ninguna elección de legisladores, se agota porque se cierra el agujero del embudo, es inexorable”.
En cuanto al propio kirchnerismo, la incertidumbre ronda en torno a si exhibirá rasgos de identidad diferentes a los del periodo 2003-2015, asumiendo alguna forma de autocrítica tras la derrota en las últimas presidenciales. O si, tal como mostró Cristina Kirchner en un spot reciente, contrastará los logros menos discutidos de su gobierno con el mar de desencanto e incertidumbre que caracteriza al actual.
Por lo pronto, las apelaciones de Mauricio Macri en favor de la transparencia se han convertido en un campo minado. En apenas 15 días, el propio presidente ha sido imputado en dos ocasiones por la justicia.
La primera cuando su gobierno firmó un acuerdo que licuaba la millonaria deuda que el Grupo Macri arrastraba con el Estado por la concesión del servicio postal.
La segunda, el pasado miércoles 1, por privilegiar a Avianca en la asignación de rutas aéreas de cabotaje, pocos meses después de que los Macri le vendieran su aerolínea MacAir Jet a esa empresa colombiana.
