Señor director:
Hace unas semanas empezó a circular Cárdenas por Cárdenas, escrito por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Oportuna y atinadamente, en el contexto de las protestas por el gasolinazo –que han llegado a cuestionar los cambios a los artículos 25, 27 y 28, que en su conjunto conocemos como reforma energética–, Proceso reprodujo en su número 2100 un fragmento de esta obra que se refiere a la Expropiación Petrolera.
La coyuntura que vive el país y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nos obligan a conocer o recordar lo que sucedió entre 1935 y 1938. Este último objetivo se logra, en buena medida, con el libro mencionado.
En Cárdenas por Cárdenas se mencionan algunos antecedentes de la Expropiación Petrolera: el Plan Sexenal, la creación del Sindicato Nacional de los Trabajadores Petroleros y la negociación de un contrato colectivo único, que rigiera en todas las empresas del ramo. Quiero ahondar en algunos aspectos.
En agosto de 1935, luego de constantes luchas, de derrotas y triunfos, más de 20 sindicatos de empresa –principalmente de El Águila y La Huasteca– constituyeron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Meses después de este logro, elaboraron y presentaron a los gerentes de las principales compañías un documento de 247 cláusulas; lo denominaron Proyecto de Contrato General Aprobado en la Primera Gran Convención Extraordinaria del STPRM.
Para los obreros y empleados de la industria petrolera, el aglutinamiento de su fuerza en un organismo único y las demandas para mejorar sus condiciones laborales representaron un avance considerable. A lo largo de varios lustros, y conforme cobraba mayor importancia la explotación de los hidrocarburos, el binomio conformación-del-sindicato / negociación-del-contrato-colectivo fue inseparable. Una cosa iba ligada a la otra y eso fue lo que concretaron, a escala nacional, entre 1935 y 1936.
Un último apunte, y no por ello menos importante. El espíritu de la época, o lo que según Ortega y Gasset cada generación denomina “nuestro tiempo”, se manifestaba en las decisiones del presidente Cárdenas y otros gobernantes. En especial, se tenía la convicción de que la función del Estado consistía en representar a la nación y no a un sector de privilegiados. De ahí que una huelga, al desembocar en un conflicto entre los poderes constitucionales y los intereses privados, finalizara con el decreto del 18 de marzo de 1938. Dicho suceso en el fondo se debió a que las compañías extranjeras defendieron “su” soberanía y su extraterritorialidad (principio sagrado para ellos, según Adolfo Gilly); mientras que el jefe del Estado mexicano, en ejercicio de la legítima soberanía, aplicó la ley: la de Expropiación por Causa de Utilidad Pública.
Atentamente:
Alonso Torres Aburto
