Para Diego Prieto, nuevo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, éste debería coadyuvar a la política cultural nacional dentro de la propia Secretaría de Cultura, más que redefinir su papel frente a ella. Pero eso linda con temas espinosos como el del patrimonio como fuente de inversión económica, según han alertado académicos del propio INAH. Y aunque Prieto afirma no estar por la comercialización o privatización del patrimonio, desliza que “de suyo crea dinámicas económicas buenas”. Dice también que el trabajo en zonas arqueológicas “genera mucha ocupación”, pero a partir de este año los empleados por contrato tendrán condiciones más precarias, sin contar con el duro golpe a la investigación.
A 78 años de su fundación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se plantea nuevos retos, entre ellos fortalecer las políticas culturales del Estado, en un momento en el cual su director, Diego Prieto, define a la cultura como el espacio donde la nación y las comunidades adquieren identidad, cohesión, sentido, fortaleza simbólica, y en ámbitos de toda índole: lingüístico, ético, religioso, sexual.
Apenas en septiembre pasado, ante la inminente publicación del reglamento de la Secretaría de Cultura (SC), el antropólogo y jurista Bolfy Cottom advirtió sobre la pretensión de debilitar al instituto, mediante ese ordenamiento, en lugar de fortalecerlo (Proceso 2082): “Darle mayor presupuesto para hacer mucho más fuertes sus atribuciones, dotarlo del personal necesario”, así como no otorgarle a la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la SC las facultades y atribuciones que ya detentan por ley el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Por lo cual, pidió incluso defender el futuro de la institución:
“Y cuando digo futuro del instituto es determinar qué papel juega la historia, la memoria histórica, en la dinámica cultural en este modelo de país, en este proyecto de nación del actual gobierno.”
Prieto, en cambio, no ve la necesidad de que el instituto redefina su papel ante la existencia de esta nueva secretaría, pues los dos institutos, INAH e INBA, se seguirán rigiendo por sus leyes orgánicas y “los ordenamientos que nos corresponde aplicar, en este caso la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.
Ratificado por la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, como titular del INAH, luego de haber sido su director encargado desde agosto de 2016, antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Políticas por la UNAM, exsecretario técnico del instituto y exdirector del Centro-INAH Querétaro, Prieto vislumbra –en todo caso– la posibilidad de plantear una nueva relación con la secretaría.
Colaborar en la construcción de su proyecto a nivel nacional, porque el instituto puede aportar su presencia en todo el país, a través de su red de 121 museos, centros regionales, 189 sitios arqueológicos abiertos al público, tareas intelectuales, culturales y sociales relacionadas con la protección legal, el cuidado y la conservación del patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico. Es una institución que “contribuyó a formar la idea de patria a lo largo del siglo XX”, dice en entrevista con Proceso:
“Esta red ya no puede pensarse sólo como una red para articular las tareas del INAH; genera la posibilidad de que la SC, además de sus relaciones con todas las instancias culturales de los estados, encuentre en estos espacios una forma de plantear una política cultural de accesibilidad y acercamiento de la oferta cultural a los distintos públicos, regiones y sectores del país.”
Añade como otro elemento las atribuciones jurídicas que la ley sobre monumentos otorga a los institutos INAH e INBA, porque en su opinión son una herramienta jurídica que los conectará con la secretaría y con la Ley de Cultura que la Cámara de Diputados está por concluir y presentar.
“Constituye la posibilidad de reformular una política cultural del Estado mexicano alineada claramente con los derechos plasmados en el artículo 4º de la Constitución Política, que plantea todo un tomo de accesibilidad, de disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, de diversidad cultural, de derecho a la libre expresión de las diferentes sensibilidades y grupos e identidades culturales.”
Desarrollo económico
Sin embargo, la Ley de Cultura podría ser sobre derechos culturales y no sólo para regular el acceso a bienes y servicios culturales, se le comenta a Prieto. Aunque como miembro del Consejo Redactor de la misma, Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, habló de hacer una ley no para el desarrollo de la cultura, sino para el desarrollo a partir de la cultura.
–Si se toma a la cultura como un factor de desarrollo económico, ¿se prevé algún cambio en las funciones sustantivas del INAH?
–No, yo creo que no. He revisado las distintas iniciativas y propuestas y no encuentro ninguna modificación fundamental de las funciones y competencias del instituto que están claramente plasmadas en su Ley Orgánica, de la cual sólo se modificó lo referente a nuestra pertenencia a la SC desde diciembre de 2015.
Espera en cambio que el ámbito jurídico de acción del instituto se fortalezca, dándole competencia para intervenir en los planes de desarrollo, “por lo que se refiere a los impactos culturales que puedan tener algunos proyectos de inversión”. No obstante, por ejemplo, investigadores y trabajadores del INAH han señalado el impacto negativo de la minería a cielo abierto en el patrimonio arqueológico del país.
Tras manifestar su agrado por el hecho de que la institución forme parte de la estructura de la SC, el funcionario destaca que el tema del desarrollo “siempre ha estado planteado” y el instituto trabaja en la conservación, protección, cuidado y difusión del patrimonio como elemento en la construcción de identidades, del sentido de comunidad y de sociabilidad, pero “no podemos dejar de reconocer que el instituto ha coadyuvado a alimentar una red de espacios patrimoniales que en mucho contribuyen al desarrollo de dinámicas socioeconómicas”.
A manera de ejemplo, dice que la economía del pueblo de Palenque, en Chiapas, gira en torno a la zona arqueológica del mismo nombre. Entonces añade que el año pasado 24 millones de personas visitaron una zona arqueológica o un museo del INAH (y de ellos, 19 millones fueron nacionales y 5 millones extranjeros). Esos 5 millones representan 14% de los turistas “con pernocte” que vinieron a México y “en números gruesos” dejaron una derrama económica de 2 mil 500 millones de dólares:
“El INAH no produjo eso, hay muchos factores que hicieron que los turistas vinieran, pero muchos llegan pensando en ver Chichén Itzá o el Museo Nacional de Antropología o Teotihuacán o Palenque o cualquiera de las maravillas mexicanas. Y ayudamos a eso, no es lo único ni lo principal que hacemos, pero ayudamos.”
Y en cambio, asegura, el INAH no le cuesta mucho al Estado, “cuesta 210 millones de dólares, pero no es un gasto, es una inversión provechosa para el país en todos sentidos, para eso no tuvimos que alterar en nada el régimen jurídico del patrimonio arqueológico o histórico, que está muy claro en la ley de monumentos: Es propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible e inembargable”.
Enfático, afirma que no estará de acuerdo en ninguna forma de comercialización o privatización del patrimonio, pero “de suyo crea dinámicas económicas buenas”, y el trabajo en zonas arqueológicas “genera mucha ocupación”. Habla entonces del Programa de Empleo Temporal, que operó entre 2007 y 2014 y “contribuyó al mejoramiento de la economía familiar”. Incluso, en algunos medios declaró que podría ser una alternativa para los mexicanos que sean deportados por Estados Unidos.
Tales declaraciones le acarrearon críticas, por considerar que no sorprenden en políticos demagogos, pero no estaban bien en un académico o funcionario cultural. El hecho coincidió con la denuncia de trabajadores del instituto de que a partir de este 2017, los empleados por contrato tendrán condiciones laborales más precarias; serán sólo “prestadores de servicios”, cobrarán con recibos de honorarios y no tendrán prestaciones. El recorte afectará también la realización de proyectos de investigación.
De otra parte, académicos del propio INAH han señalado los riesgos de considerar al patrimonio como fuente de inversión económica. Además de que las comunidades cercanas no son necesariamente las beneficiarias. Es el caso de los paradores turísticos en zonas arqueológicas de Yucatán que incluso tuvieron en 2010 un señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hay proyectos como el Gran Museo del Mundo Maya que, habiendo sido hecho con inversión privada (de Carlos Hank Rohn), exhibe piezas arqueológicas propiedad de la nación.
Luego de que Prieto concede la razón a los señalamientos, se le pregunta qué tan válida es la inversión privada en materia de patrimonio. Aclara que cuando habló de que el INAH no es un costo sino una inversión, no se refirió a inversiones privadas, y responde:
“Las inversiones privadas tienen que obedecer al marco jurídico, en estricto sentido. El patrimonio arqueológico, por definición de ley, es patrimonio de la nación y no puede haber ninguna clase de comercialización con él, y para eso está el INAH como garante de esa rectoría del Estado.”
El tema de los paradores turísticos en Yucatán ha sido controvertido porque cobran la entrada a la zona arqueológica, y lo hace también el INAH, lo cual se traduce en un pago doble para el visitante, por lo cual la ASF hizo el señalamiento hace unos años, pero la situación persiste.
El antropólogo precisa que los paradores no son inversiones privadas, sino propiedad del gobierno yucateco, el cual los opera a través del Patronato Cultur. Y se establecieron en forma temporal para “favorecer la investigación y cuidado de las zonas arqueológicas”.
El diario Reforma publicó en mayo de 2016 que, según la ASF, el gobierno de Yucatán recibe anualmente alrededor de 240 millones de pesos por los ingresos en dichos paradores, pero no reporta al INAH ni le comparte.
Prieto comenta a este semanario que recientemente se reunió con el gobernador de la entidad, Rolando Zapata Bello, y representantes de Cultur para “acreditar que el recurso en buena medida pueda regresar a tareas de exploración, conservación y acondicionamiento de las zonas arqueológicas que son del manejo exclusivo del INAH”. Para ello se firmará un convenio de colaboración.
Controversia
El 30 de enero pasado, el exsecretario técnico del INAH, César Moheno, señaló en su colaboración en el periódico La Jornada, que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 23:
“En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la responsabilidad directa del jefe de Gobierno por conducto de la autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a la regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos.”
Explicó que a todas luces es ilegal pues “contraviene potestades exclusivas de la Federación establecidas en el artículo 73, fracción XXV de nuestra Carta Magna”.
Se le cuestiona a Prieto cómo resolverán esa controversia, pues esas facultades corresponden al INAH. Responde que ciertamente son competencia federal, lo cual no significa que los gobiernos estatales no “quieran para sí los bienes, pero no es constitucional”:
“Por eso el tema de Yucatán dio lugar a esta observación (de la ASF) y por eso lo que plantea la Constitución de la Ciudad de México no se aviene con el marco jurídico constitucional, y como usted sabe, ninguna disposición de orden local puede contravenir las disposiciones de carácter federal.”
Para él, lo que diga la nueva Constitución en materia de monumentos sencillamente no es válido y ya tendrán las unidades de Asuntos Jurídicos tanto de la SC como del INAH que resolver el tema. Puede haber leyes locales sobre patrimonio, pero cuando se trate de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico es potestad del instituto.
El caso de la Ciudad de México o de Yucatán no es único: se recordará que el gobierno de Puebla del saliente Rafael Moreno Valle provocó polémicas por varios casos, entre ellos la idea de hacer el Parque de las Siete Culturas en Cholula, que la ciudadanía logró detener, según consignó la reportera Gabriela Hernández en varias ediciones de Proceso y la agencia apro.
Ahora, el gobierno de Miguel Ángel Mancera inició los trabajos de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, cuando se trata de una avenida emblemática, con monumentos históricos y artísticos, y una traza que data del siglo XIX. La pregunta es si el INAH ya autorizó ese proyecto.
Para el antropólogo sería deseable que el instituto pudiera intervenir desde su planeación en los proyectos de inversión y de desarrollo en general, pero “ahora la ley de monumentos que es de 1972, previa a toda la legislación de asentamientos humanos y de desarrollo urbano, no lo contempla”.
Admite que el INAH interviene “de manera tardía” en muchos proyectos que afectan al patrimonio, en otros de plano “a toro pasado” sólo les queda recomendar la reconstrucción de volumetrías, como en el caso del edificio del siglo XVIII derruido por el gobierno local en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Por ello, insiste, se debe dotar al INAH de atribuciones para revisar los planes de desarrollo urbano, “para establecer desde un principio cuáles son las limitantes y las condicionantes”.
Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, subraya, se debe considerar no sólo la ley sobre monumentos, sino la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, reconocida jurídicamente por encima de cualquier ley y sólo por debajo de la Constitución Política de México.
El Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu) de la Universidad Autónoma Metropolitana pidió en junio de 2016 (Proceso 2068) se declare al Paseo de la Reforma como zona de monumentos. Prieto admite que por su traza del siglo XIX, se debe preservar y es posible que involucre además zonas de monumentos arqueológicos en algunos tramos. Dice entonces que aunque “no vamos a intervenir en materia de gobernanza sobre la vía pública o la vialidad… hemos recurrido al Consejo de Monumentos Históricos y al Consejo de Arqueología, para plantear las limitantes que ocupan al caso”.
