“Se busca por robo”, decía el letrero de un cartel que imitaba las solicitudes de recompensa del Viejo Oeste en Estados Unidos, sólo que en lugar de la imagen de un bandido, aparecía la de un micrófono. El cartel era parte de una campaña contra las radios que carecen de concesión para operar. Casualmente, la mayoría de éstas –unas 400– son estaciones comunitarias que transmiten en lenguas indígenas. Están expuestas a cierres intempestivos, y sus operadores, a multas y cárcel.
Un breve griterío precedió al “ruido blanco”, el nombre de la nada en radio que, como a las 10:30 de la mañana del pasado 19 de marzo se emitió por el 91.5 de frecuencia modulada (FM), el cuadrante que dos meses antes había ocupado La Tlaxiaqueña, una radio comunitaria indígena que transmitía para la Mixteca Alta, en Oaxaca.
El convoy de la Policía Federal incursionó ese día en la localidad de Tlaxiaco y se desplegó para desmantelar, de manera simultánea, La Máxima 107.9 FM, La Perla de la Mixteca 96.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM, cuatro emisoras que desde esa localidad transmitían en mixteco, triqui y español. En La Tlaxiaqueña detuvieron a un afanador y un vecino.
Desde hace 50 años las radios comunitarias proliferan por todo el país, pero el gobierno les ha negado las autorizaciones para que operen dentro del marco jurídico de las telecomunicaciones. Sin permiso, al menos 400 estaciones transmiten expuestas a operativos y riesgo de cárcel para sus operadores, según la representación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Los radialistas comunitarios se quejan de que las autoridades no cumplen con el artículo 2 constitucional, el cual establece la pluriculturalidad del país y la no discriminación. La fracción VI del apartado B de dicho artículo mandata la ampliación de las redes de telecomunicaciones y el establecimiento de condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) estima que en México más de 7 millones de personas hablan alguna de las 68 lenguas originarias en 364 variantes dialectales. El gobierno ha reconocido, en leyes y discursos, la necesidad de su preservación. Javier López Sánchez, quien hasta octubre pasado fue director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (aún no se nombra a su relevo) precisa: para que las lenguas subsistan, es indispensable su uso en medios de comunicación.
Pero la radio comercial en México transmite, sin excepción, en español.
De acuerdo con el más reciente informe de infraestructura del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con datos actualizados al 31 de marzo de 2016, existen mil 308 concesiones de radio comercial, de las cuales 320 son de amplitud modulada (AM) y 892 de FM, además de 92 permisos de ampliación de frecuencia. El informe sólo contabiliza 14 concesiones de uso social (13 de FM y una de AM), prácticamente una proporción de uno a 100 respecto de la radio comercial.
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha mantenido la presión para que no se autoricen concesiones de uso social y que se persiga a las radios no comerciales por considerarlas competidoras desleales, ilegales conforme a las leyes de telecomunicaciones y, en definitiva, delincuenciales, de acuerdo con su posicionamiento titulado Cultura de la legalidad, que publica en su página de internet.
Un ejemplo: La Tlaxiaqueña gestionaba ante el IFT su registro cuando se efectuó el operativo policiaco. Apenas unos días antes, la CIRT interpuso una denuncia contra la emisora ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR), por “uso ilegal del espacio radioeléctrico”.
En esa misma semana de marzo, el IFT lanzó una campaña publicitaria con inserciones pagadas en medios masivos llamada “Se busca por robo”. Un diseño que imitaba el cartel de recompensa del Viejo Oeste, pero en lugar de la imagen de un bandido, llevaba la de un micrófono, con dos frases:
“Transmitir desde una estación de radio sin permiso es un delito” y “Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”.
Las protestas de la AMARC y otras organizaciones de radio indígena y defensoras de derechos humanos lograron que el IFT retirara la campaña dos meses después, aunque en su página de internet el instituto conserva una aplicación titulada “Denuncias de radios sin concesión”, que redirige a un formato para aportar datos de los supuestos infractores.
Las buenas ondas
La difusora indígena más antigua es Radio Huayacocotla, localizada desde hace 51 años en el municipio del que tomó su nombre en la Huasteca veracruzana. La Universidad Iberoamericana consiguió el permiso que más tarde se registraría a nombre de Fomento Cultural y Educativo, una asociación creada por jesuitas interesados en la educación popular que utilizaban la radio para transmitir clases, de manera similar a como lo hacen las telesecundarias oficiales.
Alfredo Zepeda, un jesuita con 35 años al frente de la estación, recuerda con gracia cuando el Ejército Mexicano la clausuró. A finales de 1995, luego de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, ocurrida en junio de ese año, al gobierno le dio por buscar guerrillas en zonas indígenas. En Huayacocotla, los militares estaban convencidos de que las transmisiones en náhuatl, otomí y tepehua eran códigos cifrados para comunicarse entre guerrilleros, así que mantuvieron la radio cerrada durante cinco meses, hasta que se convencieron de que eran lenguas originarias.
La región de La Huasteca tiene la mayor cantidad de hablantes de náhuatl en todo el país (465 mil hablantes), pero la radio llega también a comunidades otomíes y tepehuas, por lo que Radio Huayacocotla destina dos días de la semana para cada lengua.
Sus locutores son jóvenes, con formación universitaria y hablantes de su lengua materna. Abordan temas de salud, educación, erradicación de la violencia contra la mujer y, en sus transmisiones, priorizan la difusión de la música huasteca.
Ahí es locutor Inocencio Flores, quien defiende el nombre de su pueblo como misipijní y rechaza el de tepehua que, advierte, fue impuesto por la conquista española que se valió del náhuatl para la toponimia. Según el Catálogo de Lenguas Indígenas de México, su variante es “tepehua del oeste”. Sin embargo, Inocencio aclara que ésta se denomina liimaasipijní.
Para este licenciado en Gestion Intercultural, la lengua se recrea y actualiza en el uso, añadiendo nuevas palabras, como las que él emplea en sus transmisiones. Los elementos de su cabina son identificables en liimaasipijní: radio se dice lisan (que toca); teléfono es pachibn (que sirve para hablar); computadora es patf¨oqnu (que sirve para escribir).
Hace unos meses Inocencio fotografió una escuela en El Paraje Benito Juárez, Veracruz, que recibía a sus alumnos con un letrero “Centro de Castellanización”. En radio y en sus redes sociales, denunció que esa designación era discriminatoria y contraria a la idea de pluriculturalidad, hasta que las autoridades educativas mandaron borrar, aunque a medias, el letrero.
Las radios comunitarias indígenas, además de la difusión de las lenguas, con frecuencia dan voz a movimientos sociales. Un ejemplo: en Chenalhó, Chiapas, en enero de 2014 representantes de varias comunidades crearon un Consejo de Contralorías Comunitarias, con la idea de construir su Lekil kuxlejaltik, una expresión que comparten las lenguas tsotsil y tzeltal, que se traduce como “nuestra vida buena”.
Con apoyo de la organización Voces Mesoamericanas, aprendieron a realizar solicitudes de información al ayuntamiento sobre contratos, proyectos de obra y expedientes técnicos. Lanzaron la campaña “Del presupuesto al hecho… que no haya trecho”, que se difundió en tsotsil, tzeltal, tojolabal y español a través de radio Chanul Pom (Radio Abeja), emisora comunitaria operada por Las Abejas, asociación civil con base en Acteal, conocida internacionalmente por la masacre de 45 de sus miembros ocurrida en diciembre de 1997.
En reacción a esa campaña, el entonces presidente municipal José Arias Vázquez (hoy preso y en proceso por peculado) decretó el destierro de indígenas que hicieron solicitudes de información, así como el linchamiento –“quemarlos vivos donde los encontraran”– de los miembros de Voces Mesoamericanas. Radio Chanul Pom, sin embargo, no dejó de transmitir la campaña.
Vocación peligrosa
En enero de 2007, al cumplirse un año de la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, se creó la radio La Voz que Rompe el Silencio, una emisora que transmitía en triqui. Los conflictos en la región triqui datan de hace décadas y la creación del mencionado municipio fue un acicate para la violencia que, entre decenas de asesinatos, cobró las vidas de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, el 7 de abril de 2008.
El caso de las locutoras triquis tuvo resonancia internacional, pero no ha sido el único. En 2016 fueron asesinados en Huajuapan, Oaxaca, dos locutores comunitarios: Salvador Olmos y Agustín Pavia Pavia, de radio Tu Un Ñuu Savi (la palabra del “pueblo de la lluvia”, como se llama el pueblo mixteco). Al primero una patrulla lo atropelló “varias veces” el 26 de junio de ese año; al segundo lo acribillaron el 13 de septiembre.
Olmos y Pavia cubrieron los hechos de Nochixtlán del pasado 19 de junio, cuando contingentes de la Policía Federal dispararon contra la población civil, en una jornada de violencia detonada por los operativos contra bloqueos carreteros que mantenía la disidencia magisterial inconforme con la Reforma Educativa. Las radios comunitarias de la mixteca difundieron en tiempo real los hechos y más tarde denunciaron hostigamientos gubernamentales por ello.
Según Alfredo Zepeda, de radio Huayacocotla, las agresiones sobre las radios comunitarias se han diversificado. “Antes, además de las pesquisas impulsadas por la CIRT, debíamos dialogar con un cacique ganadero relacionado con el aparato corporativo del PRI para evitar conflictos; pero ahora, el gobierno y las trasnacionales con intereses en los territorios indígenas, como Monsanto, no tienen rostro y sus injerencias son multiformes”.
El 4 de agosto de 2014 operativos policiacos desmantelaron Axocotzin Radio, de Tlaxcalancingo, y La Voz del Pueblo, de Zacatepec, en Puebla. Una supuesta denuncia anónima señaló sus instalaciones como casas de acopio de armas y droga. Las dos emisoras –que transmiten en náhuatl– habían dado voz al movimiento de los pueblos que se oponen al Proyecto Integral Morelos, consistente en un gasoducto, dos termoeléctricas y un acueducto que atraviesa comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
En dicho proyecto participan las empresas Enagás y Elecnor, de capital español, así como la italiana Bonatti. Desde 2012 las comunidades inconformes denuncian que han sufrido redas policiales, golpizas, intimidaciones y disparos, y que en 2014 sus dirigentes fueron a la cárcel por motivos políticos. En ese contexto, ocurrió el operativo contra las radios comunitarias.
Después de dos años de litigios y luego de demostrar que no tenían armas ni drogas, Axocotzin Radio y La Voz del Pueblo fueron beneficiarias de las primeras concesiones de uso social indígena que aprobó el IFT en julio de 2016.
Una tercera concesión autorizada en ese julio fue para la Calentana Mexiquense, una emisora ubicada en Luvianos, Estado de México, cuyo director, Indalecio Benítez, fue objeto de un ataque armado el 1 de agosto de 2014, en el que fue asesinado su hijo de 12 años. El 15 de octubre de 2015, la radio –que sólo difunde en español– había sido desmantelada por orden del IFT, y aunque ya opera conforme a la ley, su director transmite desde el exilio.
Interferencias de ley
Los mencionados operativos de agosto de 2014 se llevaron a cabo dos semanas después de que entrara en vigor la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, impulsada por la mesa del Pacto por México.
Durante las discusiones de dicha reforma, la AMARC y otras organizaciones ciudadanas insistieron en que la conservación de las lenguas requiere de uso en medios de comunicación y que la población indígena tiene derecho a informarse en su lengua.
Sin embargo, la reforma faltó a principios elementales de inclusión y multiculturalidad; impuso límites al financiamiento para operadores comunitarios y, aunque contempla el otorgamiento de concesiones de uso social y uso social indígena, el avance en la regularización de radios ha sido lento.
El 20 de enero de 2016, la SCJN dio la razón el poeta Mardonio Carballo –indígena originario de Chicontepec Veracruz–, quien demandó un amparo contra el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que establecía el uso de la “lengua nacional”, lo que se interpretaba como exclusividad del español.
Luego, el 21 de septiembre, la Segunda Sala de la SCJN desechó un amparo promovido por 60 organizaciones civiles contra el artículo 89 de la LFTR, que prohíbe la venta de publicidad comercial y sólo autoriza a las radios comunitarias e indígenas a tener acceso a 1% de la publicidad oficial.
Héctor Camero Haro, representante de la AMARC, admite que la reforma en telecomunicaciones permitió derribar barreras de tipo técnico y legal. Sin embargo, señala, el principal problema estriba en las fuentes de financiamiento, pues la ley supedita a las radios indígenas al presupuesto público. Sostiene que ello pone en riesgo la autonomía e independencia de dichas emisoras al momento de criticar al gobierno, como ocurre con los medios comerciales.
Camero considera que se trata de un mecanismo de presión que expone a la censura y a los castigos por la falta de reglas de contratación.
Por su parte, Aleida Calleja, integrante del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, advierte que persisten prácticas que dificultan el acceso de las comunidades indígenas a las frecuencias. Afirma que eso constituye violaciones indirectas a la libertad de expresión.
Según el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia, hasta este 2017 –es decir, casi cuatro años después de la Reforma en Telecomunicaciones– el IFT contempló el otorgamiento de concesiones de uso social e indígena para 18 emisoras en AM y 13 en FM.
Hay otros aspectos que Aleida Calleja advierte sobre discriminación a población indígena en materia administrativa. Por ejemplo, deben probar ser indígenas, pues el IFT desatiende la autoadscripción prevista en el artículo 2 constitucional, y que se es indígena el que diga serlo.
Añade que el IFT carece de medidas de inclusión que permitan equilibrar las asimetrías. Ofrece otro ejemplo de limitación en el acceso a las telecomunicaciones se reconoce el derecho a la radio de uso social indígena, pero no a la televisión comunitaria.
Calleja concluye: “Los pueblos y comunidades indígenas están excluidos del debate democrático y del debate público. No tienen la suficiente representación en los medios. Es un problema de pluralismo mediático: su falta de representación en los medios, como parte del diálogo social, confirma las condiciones de exclusión estructural que padecen”.
