El presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, David Hernández González, enfrenta acusaciones graves: según sus detractores, ha incurrido en conflictos de interés en 28 ocasiones, aproximadamente. Primero porque elaboró parte de la nueva ley del deporte y luego cobró a las federaciones para enseñarles a usar esta normativa, y ahora porque le toca juzgar a las agrupaciones que él asesoró.
El cabildero de la actual Ley General de Cultura Física y Deporte (LGD), David Hernández González, quien arribó a la presidencia de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) con el cobijo del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, está bajo sospecha.
Las actuaciones de este funcionario público despiertan suspicacias porque supuestamente se aprovechó de esta ley –que él mismo confeccionó durante la gestión de Jesús Mena al frente de la Conade– para enriquecerse al brindar asesorías profesionales a las federaciones que requirieron modificar sus estatutos, tal como lo exige la LGD.
Por estas consultorías, el presidente de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, Miguel Ángel García Meza, acusó, a finales de 2016, al responsable de la CAAD de haber cobrado entre 400 y 500 mil pesos a por lo menos una de las federaciones que integran el Comité Paralímpico Mexicano.
La cadena de quejas contra el máximo responsable de la referida comisión es extensa, pero entre ellas destaca el hecho de que ha participado directa o indirectamente en las sesiones del pleno de la CAAD para la resolución de casos en los que figura su amiga y antigua socia, la abogada Sadara Montenegro González.
Este servidor público, quien se ufana de haber sido deportista (“fui campeón nacional máster en 800 metros libres de natación en 2005”), tiene estrechos vínculos de amistad, académicos y profesionales con Montenegro, quien representa a las federaciones de charrería, ciclismo, tiro y caza, atletismo, taekwondo, remo y tiro con arco, entre otras.
Hernández y Montenegro han publicado diversos libros en coautoría, entre ellos Justicia deportiva, La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y la justicia deportiva en México, Obra jurídica enciclopédica, Derecho del deporte, Reflexiones jurídicas en torno al asociacionismo deportivo mexicano y Notas para el estudio del derecho deportivo mexicano (con especial referencia a su aspecto procesal).
Tienen otros puntos en común: ambos son especialistas en derecho del deporte, egresaron de la Escuela Libre de Derecho y son fundadores de la Asociación Mexicana de Investigación Jurídica Deportiva, A. C.
Enrique Ornelas, miembro titular de la CAAD entre 2006 y 2010, afirma que desde entonces Hernández promovió “muchos asuntos” en la citada comisión junto con Montenegro, que desde entonces ya eran socios.
“Actualmente, Sadara sigue representando asuntos de las federaciones en la CAAD, pero ahora su socio es el presidente de la comisión”, indica Ornelas, representante de jugadores y deportistas profesionales, y presidente de la firma Abogados del Deporte.
A principios de la década anterior, Hernández y Montenegro promovieron conjuntamente juicios contra la propia CAAD en defensa de la Federación de Atletismo. Presentaron 43 recursos.
Proceso (1743) dio a conocer que cuando Hernández fue asesor gubernamental externo (en los tiempos de Carlos Hermosillo al frente de la Conade) se elaboraron los lineamientos de la CAAD. Él aprovechó la coyuntura para apuntalar su designación.
Hernández fue nombrado miembro titular de la CAAD en junio de 2010 y renunció en 2013 para asumir los cargos de consejero jurídico del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) y de asesor jurídico de la Conade. Apenas se le designó en la CAAD, Hernández buscó excusarse de todos los asuntos en los que participaba su socia Sadara.
Según algunos de sus compañeros de la CAAD, Hernández argumentó que no podía estar en las reuniones del pleno porque conocía a Sadara. Se le preguntó si tenía alguna relación o interés con la litigante: “No, no, es que hemos escrito juntos algunos libros, pero me quiero excusar”, arguyó.
El resto de los miembros titulares de la comisión declinaron la petición porque “haber escrito libros juntos” no representaba un conflicto de interés.
Historia de los problemas
En agosto pasado, el abogado Juan Luis Gómez Jardón, representante jurídico del actual titular de la Federación Mexicana de Charrería, interpuso el incidente de recusación PRES/119/2016 para que el titular de la CAAD se excusara de intervenir, por razones de su encargo, en cualquier caso en el que el funcionario tenga un interés jurídico o un vínculo sanguíneo o de amistad.
El caso es que la abogada que litiga ante la CAAD y representa al anterior consejo directivo de dicha federación es Sadara Montenegro.
Para Gómez Jardón, Hernández pudo tener “interés indirecto en el asunto relacionado con el conflicto de las recientes elecciones en la Federación Mexicana de Charrería”.
En su reclamo, cuenta este abogado en entrevista, advirtió que la actuación del titular de la CAAD podría “afectar su imparcialidad y favorecer indebidamente a mi contraparte. Hernández se excusó después de que presenté el recurso. Luego se tuvo que excusar de todas las sesiones del pleno de los asuntos en los que tiene que ver Montenegro”.
El 1 de septiembre de 2016, el pleno de la CAAD, integrado por Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez, Fabiola González Robledo, Luis Carlos Vigil Chapa y Jaime Moreno Agraz (secretario general), acordó apoyar a su denostado presidente en su decisión de no aceptar a trámite esa queja.
Argumentaron que el titular de esta comisión ya “presentó excusa para abstenerse de conocer del presente procedimiento con número de expediente CAAD-RA-45/2016”.
No obstante, Gómez Jardón sostiene que Hernández siguió participando en las sesiones de la CAAD, “hasta que presenté mi reclamo. A partir de ese momento, él ya no interviene en la toma de decisiones”. De todos modos, el abogado también hizo del conocimiento de la situación al Órgano Interno de Control, “que hasta la fecha no me ha citado”.
“Durante mis investigaciones encontré un artículo de 2011 en el que un grupo de disidentes de la Federación Mexicana de Ciclismo acusa a Sadara González de ufanarse por tener cooptada a la CAAD cuando en esos tiempos Hernández era uno de los cinco miembros titulares. Y ahora que es presidente de la comisión, con mayor razón”, refiere.
Nube de intereses
Con el espaldarazo de Castillo, Hernández fue designado el 25 de abril pasado presidente de la CAAD. Desde entonces se ha excusado al menos en 20 ocasiones para asuntos relacionados con atletismo, ciclismo, charrería, equitación, karate, motociclismo, tiro y caza. Sólo en dos ocasiones el pleno de la CAAD rechazó la petición de su presidente.
“Ni Castillo ni la SEP (de la que depende la Conade) midieron el riesgo que implicaba que alguien que elaboró parte de la ley del deporte haya asesorado a las federaciones –y cobrado por ello– también estuviera al frente del órgano que, se supone, se encarga de impartir la justicia deportiva”, plantea un exmiembro titular de la CAAD, que pidió el anonimato.
El artículo 8 del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la CAAD señala que la única forma de excusarse de conocer el contenido de los expedientes y de participar en las sesiones del pleno de dicha comisión es cuando se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo primero de la fracción XI del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual establece:
“(Deberá) excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.”
La fracción XII obliga a “abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para los sujetos a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público”.
Luis Fernando Jiménez, integrante de la CAAD en la gestión anterior, sólo espera el vencimiento del plazo que señala la ley (25 de abril) para iniciar los procedimientos en contra de Hernández y fincarle responsabilidad por estar impedido de reconocer temas relacionados con al menos 28 federaciones a las que él asesoró.
Consultado sobre la denuncia del presidente de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, Jiménez dice que solicitará que el presidente de la CAAD declare si él cobró por reformar los estatutos de la federación.
El caso involucra al Comité Paralímpico Mexicano (Copame), así como a los organismos que aglutina: Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas y Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, según el titular de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales.
Supuestamente, el director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Alfonso Geoffrey, promovió que Hernández se convirtiera en asesor de dicha federación, denuncia otro extitular de la CAAD.
La CAAD es un órgano desconcentrado de la SEP que resuelve los recursos de apelación en materia deportiva, además de fungir como panel de arbitraje y coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones respecto de las controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades y organismos deportivos.
Por ley, el pleno de la CAAD deberá conformarse por un presidente y cuatro miembros titulares, que serán designados por el Ejecutivo federal a propuesta del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).
El responsable de la CAAD acaba de recibir, además, un par de reveses:
El Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una sentencia el 19 de noviembre pasado que revoca un acuerdo de la citada comisión: el 11 de julio de 2016 dio por concluido el expediente CAAD-RA 18/2014 de la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas del IMSS del Valle de México contra actos de la federación de esa disciplina. La parte quejosa cuestionó la legitimidad de la convocatoria para elecciones (en marzo de 2016) cuando ya había concluido el periodo de Pablo Lárraga como dirigente de esa agrupación. Hernández fue el encargado de dicho expediente.
En el otro caso, la CAAD emitió dos resoluciones a favor de José Antonio Lorenzo Buergo, presidente de una liga de tiro y caza en Puebla, en los expedientes CAAD-RA/07/2015 y CAAD-RA-06/2016, para que la federación de esta especialidad le devolviera todos sus derechos y pudiera participar en competencias nacionales e internacionales.
Sin embargo, la Federación Mexicana de Tiro y Caza, que también es asesorada por Sadara Montenegro González, no ha dado cumplimiento a ninguna de las dos resoluciones.
