Desde hace años, los empleados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) han sido objeto de una estrategia de intimidación, dice el abogado Mariano Cordero Burciaga, quien los defiende desde 2015. Sin embargo, las cosas se agravaron las últimas semanas cuando comenzaron los despidos masivos en todo el país –en Jalisco han sido afectados hasta ahora 150 trabajadores–, presuntamente para vender ese servicio a la empresa alemana DHL.
En las últimas semanas miles de empleados del otrora emblemático Servicio Postal Mexicano (Sepomex) han sido despedidos de manera arbitraria en el ámbito nacional. Muchos de los afectados en Jalisco y sus representantes legales aseguran que esa medida es parte de una estrategia federal para vender la dependencia al grupo Deutsche Post, conocido comercialmente como DHL.
Recuerdan que a mediados de diciembre pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, adelantó que de los 17 mil 100 trabajadores de Correos Mexicanos serán dados de baja 2 mil 300 en todo el país, pero negó que la dependencia se vaya a privatizar en 2017.
Según el funcionario, el despido masivo obedece al importante recorte presupuestal de la dependencia que él dirige, lo que obliga a restringir gastos. “No tenemos salida, tendremos menos recursos para pagar, por lo que estamos haciendo liquidaciones anticipadas”.
Ante la amenaza de que 60% de las plazas de Sepomex en la entidad desaparezcan –lo que debilitaría a la empresa, que, insisten, será vendida a precio de ganga–, alrededor de 150 empleados inconformes ya expusieron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comenta a Proceso Jalisco el abogado Mariano Cordero Burciaga.
Alberto Orozco González, el líder sindical independiente que fue cesado hace varias semanas, luego de conceder una entrevista al reportero sobre el hostigamiento laboral en Sepomex desde finales de 2016 y por solicitar la homologación salarial para sus compañeros, afirma que, hasta la primera semana de 2017 hubo 150 despidos y los directivos anunciaron más para los próximos días.
A su vez, la administración de Correos en Guadalajara anunció que no habrá nuevas contrataciones. El propósito, reitera el dirigente sindical, es reducir a menos de 40% la plantilla laboral. Eso, dice, provocará deficiencias en la entrega de la correspondencia y otras fallas, lo que justificaría la venta de Sepomex al grupo alemán.
Orozco González se queja también del sindicato oficial de Correos en Guadalajara, encabezado por Armando Reynoso Martínez. Hasta ahora no ha hecho nada por detener los despidos; peor aún, tiene en la nómina de Correos a su hijo José Armando Reynoso Mariscal, quien lleva cinco años registrado en la oficina 62 de Correos, en la colonia Tabachines, municipio de Zapopan. Su número de empleado es el 050598, pero en realidad es un aviador.
Con respecto a los salarios, el líder independiente admite que un cartero gana poco más de 5 mil pesos al mes, muy por debajo de lo que cobra Reynoso Mariscal sin trabajar. La pregunta es, dice, “¿por qué a nosotros nos corren por alzar la voz ante la injusticia y no se procede legalmente contra personas como él, que no trabajan pero sí cobran?”.
Descontento nacional
En septiembre de 2015, el abogado Mariano Cordero conformó el Frente Nacional de Trabajadores de Sepomex para demandar la homologación salarial y contrató los servicios del despacho de abogados Hermes Defensa Postal, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Hoy, la organización tiene presencia en 16 estados.
“Un convenio formal obliga a la Secretaría de Hacienda y a la Federación de Sindicatos del Estado a incrementar 9.2% de los sueldos de los trabajadores, pero ahora nos encontramos con que muchos fueron despedidos por pedir una homologación salarial; por eso estamos luchando por recuperar esa homologación”, comenta Cordero.
–¿Cuántos despedidos por solicitar la homologación han acudido a su despacho a nivel nacional? –le pregunta el reportero.
–En realidad son pocos: mil 560, pero los casos se redujeron en un 40%. Nosotros pedimos el pago de un retroactivo cercano a 200 mil pesos como indemnización; incluso ya ganamos algunos casos.
“Comenzamos por buscar la homologación, pero ahora los abogados están elaborando las demandas por las decenas de despidos injustificados.”
Con respecto al sindicato oficial, “hay que hacerlo cumplir con las obligaciones que la ley le exige. Lo primero es pedirle a Reynoso Martínez la realización de una asamblea –para eso basta con recabar 50% de las firmas de los sindicalizados– para discutir los problemas; posteriormente los afectados podrán acudir al tribunal a reclamar sus derechos.
“Es factible que los trabajadores también pidan una auditoría para saber qué está haciendo el sindicato de Reynoso Mariscal con sus cuotas. Si se les niega la información, ellos pueden presentar una solicitud al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.”
Ante la cerrazón de las autoridades de Correos y las de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, el grupo de inconformes que representa solicitó una audiencia ante la CIDH el 28 de diciembre último.
Con los despidos, insiste Cordero, Sepomex está violando el derecho humano de igualdad, “porque son selectivos y discriminatorios. Las autoridades no acataron las normas legales, pues debieron de haber hecho un listado e informar al sindicato, pero no. Elaboraron una lista selectiva y comenzaron a sacar gente sin respetar su antigüedad ni liquidarlos conforme a la ley”.
En otras entidades los despidos se agudizaron apenas comenzó 2017. En Nuevo León, donde los medios regiomontanos informaron a principios de año que había 50 toneladas de correspondencia acumulada debido a los despidos, ya van 160 ceses; en Oaxaca, 27; en Yucatán, cerca de 90; en Tuxtla Gutiérrez, 180; en la Ciudad de México, 260; Quintana Roo, 50; Veracruz y San Luis Potosí, 30 por entidad; Campeche, 32; Guanajuato, 11; Tabasco, 40; Querétaro, 20; Sonora, 80; Nayarit, 18, y Coahuila, 67. En general, ya van más de mil 500 en todo el país, sostiene Job Daniel Gutiérrez Núñez, uno de los trabajadores cesados en forma ilegal.
En Sinaloa, dice el abogado, la ola de despidos de carteros se intensificó a partir del miércoles 4, según informaron los medios de comunicación de esa entidad. La medida afecta sobre todo a quienes les faltaban uno o dos años para jubilarse.
Los trabajadores del Sepomex inconformes aseguran que hasta la primera quincena de enero había más de mil 500 despidos y, según sus cálculos, a finales de mes serán 2 mil 300.
Los empleados de Sepomex se regían por el apartado “B” del artículo 123 constitucional, pero en 1986 la dependencia fue descentralizada. Y se inició la tragedia, pues se modificó la relación laboral. A partir de entonces, además de tener una merma en sus percepciones, comenzaron a ser representados por un sindicato charro.
En varias entidades los carteros y empleados administrativos de Sepomex comenzaron a organizarse y conformaron sindicatos independientes hasta formar un movimiento nacional, que ahora está en pie de lucha, dice Cordero, por los agravios acumulados en los últimos meses.
