Entrevistado sobre las características del presupuesto estatal para este año, el economista Sergio Gómez Partida indica que la voracidad recaudatoria del gobierno estatal no está justificada por un afán de regulación ni por la mejora del nivel de vida de los contribuyentes. “Basta con voltear a los gobernadores de las entidades donde han llegado a los excesos: en todos esos casos el dinero también se recaudó a discreción”, sostiene.
El espíritu recaudatorio de la Ley de Ingresos de Jalisco y la carencia de una política basada en indicadores de mejora provoca que el Estado se desvincule de su misión regulatoria, afirma el economista Sergio Gómez Partida, consultor en sistemas de planificación y evaluación gubernamental.
El especialista en gestión para resultados afirma a este semanario que el millón de multas que el gobierno estatal se planteó como meta para el ejercicio fiscal 2017 evidencia que el Ejecutivo está más ocupado en obtener recursos que en la pertinencia del gasto.
“Lo que realmente motiva el resultado que estamos viviendo es que al gobierno no le importan los principios de equidad, orden y racionalidad, lo que realmente le importa es recaudar para ver luego en que me lo gasto”, sostiene.
Califica como acto de simulación las acciones anunciadas por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, supuestamente para paliar los efectos del incremento a los combustibles, entre las que destaca la venta de productos de primera necesidad en zonas populares.
Esta medida consiste en la comercialización de alimentos y artículos de la canasta básica a bajos precios, que la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) coordinará con los productores.
Gómez Partida critica la meta de sancionar a 1 millón de automovilistas con las fotoinfracciones, ya que no se analiza la pertinencia de invertir en educación vial, “sino que se está buscando con una recaudación casi automática”.
Explica que ese tipo de multas son sencillas de cobrar y generan dividendos muy buenos: “Tan es así que se colocaron metas de aplicar 1 millón en un año. Esto ya se me hace un descaro, es como decir: estoy aquí abiertamente puesto para cobrar un impuesto que es demasiado barato”.
A decir del formador de varias generaciones de economistas, debe distinguirse lo legal de lo justo:
“Estoy de acuerdo con que el gobierno promueva el adecuado manejo de los autos, pero no con que haga de todo para que la vialidad colapse. Si comparas lo que consume un vehículo en carretera libre o en autopista vas a ver que rinde más kilómetros entre mejor esté la vialidad.”
Sin embargo, ésta se entorpece en la ciudad “con topes, con baches, con semáforos mal sincronizados, calles que cierran en embudo porque la planeación fue mal hecha y, lo que es peor, hay una pésima gestión vial del transporte público que provoca que todos contaminemos más”.
En ese contexto, indica, “es un círculo vicioso, si le agregas la acción pecuniaria de una altísima recaudación con mínimo costo para recuperar”, además de que “no hay un direccionamiento a la bolsa de la Secretaría de Movilidad para regular la movilidad o agilizarla, sino que se mete a la gran bolsa de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (Sepaf), y allí se lo gastan como se les ocurre cada año. Lo que se hace es recaudar más”.
En esta situación concurren “factores que agravan. No hay preocupación por regular la conducción de los vehículos; lo que hacen es procurar la recaudación de más dinero. Por eso la mayoría de fotorradares están en las bajadas, porque la inercia indica que los conductores tienden a pisarle (al acelerador). El mensaje es: allí te pesco”.
Más gasto con servicios deficientes
En los últimos 10 años Gómez Partida ha sido profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y la Universidad de Guadalajara, donde ha formado planificadores y evaluadores de presupuestos. A pregunta expresa, señala que el aspecto más reprobable del presupuesto estatal es que el aparato de Estado no está cumpliendo una de sus funciones fundamentales:
–La Ley de Ingresos está desconectada de la visión regulatoria del Estado. El Estado es un ente público que todos estamos de acuerdo en que exista, pero… tenemos un gobierno que hace de todo para que los espacios públicos que están bajo su control estén mal gestionados.
“Está muy mal la política recaudatoria para captar más recursos en lugar de regular. Lo que motiva que esté mal son muchas situaciones en la toma de decisiones en el modelo de gestión. Yo no creo que haya un gobierno perverso que haga una mala gestión; le sale natural que las instituciones públicas estén llenas de corrupción, ni siquiera se esfuerza.
“El ejemplo es el sistema operador del agua potable. Te venden una factura que te dice que te dan agua potable, pero la que te brinda el organismo (SIAPA) no es apta para consumo humano; ya a todas luces te cobran algo ilegal, un agua que no te entregan aunque para ello pueda culpar a los tinacos o a los aljibes y a lo que quieras. Sin embargo lo que pagamos en el recibo dice que es agua potable y no lo es.
“Además, sabemos que terminan con sueldos que acuerdan en Consejo de Administración que no son ni consejos ni administran y que son instancias sin regulación. El regulador, al no estar regulado, hace lo que le da la gana. Por naturaleza es monopólico, se supone que toman decisiones para nuestro beneficio.
“Los gobiernos llegan, toman posesión, gastan y al final de cada ejercicio de sus funciones no están regulados. Cada año su presupuesto es más grande y no está mejorando la cobertura en proporción al aumento del presupuesto, ni la prestación de servicios en proporción a su incremento. Simplemente están buscando recaudar más para luego averiguar en qué forma se lo gastan para beneficiarse. Los escándalos brotan, y basta con voltear a los gobernadores (de las entidades) donde han llegado a los excesos: en todos esos casos el dinero también llegó a discrecionalidad.”
–¿Dónde se aprecian las distorsiones?
–El sector que agarres tiene serios problemas de distorsión.
–Comencemos por el nivel municipal. Los peores servicios que tienen los municipios son los del mantenimiento de las calles. Nos hacen gastar en mantenimiento de vehículos y ellos pavimentan una vez y bachean de vez en cuando, pero siguen cobre y cobre. Otro de esos servicios es el de alumbrado, hay algunos municipios donde hasta en los túneles con nueva tecnología LED estás a oscuras. Los servicios públicos gestionados por el municipio están mal gestionados y ahorita no hay quien los esté evaluando.
–¿Y en el nivel estatal?
–En el estado vemos instancias públicas que operan sus programas y cobran sus quincenas, pero no están siendo monitoreadas ni evaluadas por nadie. Simplemente se gastan el presupuesto y demuestran con facturas que todo está bien.
–¿En qué nivel de la tabla se ubica Jalisco en cuanto a la planeación por objetivos?
–La entidad tiene sus programas orientados por resultados; esto es, cuánto dinero tiene una configuración destinada a que me cambie la calidad de vida… y eso no está pasando. En el cuarto bloque de los treinta y tantos estados vemos que estamos entre los peores, y para ser de los que más presupuesto maneja, es grave.
–¿A qué se debe? ¿Incapacidad o corrupción?
–Es la suma de todo ello, pero el antecedente es que somos una sociedad que exige muy poco, que diluye muy rápido las noticias. Yo vivo en una orilla de la ciudad, es una zona donde se bachea menos, y cuando se anuncian acciones de pavimentación (los gobernantes) se toman la foto porque nos acostumbramos a eso, porque es fácil diluir la responsabilidad pública. Cuando no hay quien ponga orden (la vida pública) es como un salón sin maestro. Necesitamos asomarnos a las acciones del gobierno, que la sociedad exija más y que se le rindan cuentas de los impuestos que está pagando.
–¿Qué lectura hace de la venta de productos “en apoyo a la economía familiar”?
–Es incongruente. Vale la pena hacer un análisis comparativo de estos chocolatitos que ofrece el gobernador como compensación al gasolinazo frente a los nuevos impuestos y la política recaudatoria, como el millón de multas por fotoinfracciones por año. En dinero, es como de broma. La incongruencia principal está en que no se demuestra la pertinencia del gasto público. Las oficinas están llenas de funcionarios de quienes no sabemos cuál es el fruto de su trabajo, que todos pagamos, y eso no lo admitiría ningún empresario, ellos no tienen empresas con holgazanes.
“Ese principio de racionalidad no lo vemos en el servicio público. Más bien el objetivo es acabarse el dinero antes del 31 de diciembre y luego veremos. Simplemente hay que ajustar las partidas y no ver cómo se ejerce ese presupuesto y en qué le cambia la vida a la gente.”
–Los notarios públicos difundieron un desplegado por el alza a algunos impuestos, como el de transmisión patrimonial. ¿Qué impacto puede tener este gravamen en la economía local?
–Está claro que la política del gobierno local es recaudatoria como la nacional. Los municipios también cobran más, sin una regulación del servicio que ofrecen. Las compraventas movilizan la economía y el nuevo incremento al impuesto a las transmisiones patrimoniales le va a pegar al derecho de que cada quien tenga sus bienes a su nombre. Es como cuando entre una familia se venden y no se hace el cambio de propietario. En el caso de las transmisiones patrimoniales, lo que va a causar es más desorden jurídico. Si la apuesta era fines de garantía jurídica, esto traerá un retroceso.
“Algo similar pasó con el Impuesto de Depósitos en Efectivo (IDE). La gente empezó a desmarcarse y manejar todo con billetes para no pagarlo. No promueve el orden ni la mejora institucional ni en la economía, sino que trae nuevas distorsiones y genera un mercado negro.”
–¿Qué recomendaría al ciudadano?
–Estamos en un año preelectoral. No se necesita ser un genio para imaginar que muchos de los recursos públicos van dirigidos en mayor o menor medida a asuntos de campañas políticas, entonces se necesita más dinero. El ciudadano debe tener en cuenta que la primer parte de la gestión gubernamental es recaudar recursos para realizar sus labores, pero también está el aspecto regulatorio.
“Por ejemplo: meto un impuesto a un refresco porque sé que me va a causar un daño a la salud, con el fin de regularlo para restringir el consumo, o, de paso, para decir que con esa recaudación me hago de recursos para atender el problema que me genera, que es con un fin de recuperación.
“(Analicemos) los nuevos incrementos que se han venido anunciando, tanto en la gasolina, donde es una nueva manera de esconder un subsidio, como el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también maneja que nos subsidia la energía eléctrica, sin discutir siquiera si ese subsidio trae distorsiones. Tú me puedes decir que me estás subsidiando, pero en ese subsidio metes excesos de cuerpos y grupos sindicales, excesos de funcionarios de primer nivel… entonces ya no parece eso sino un proceso meramente recaudatorio que esconde otras cosas. De eso se trata.
“En el caso de los nuevos impuestos a nivel local, responde igual a un intento de recaudar y allí está el ejemplo de la fotoinfracción, que además es ilegal”, concluye Gómez Partida.
