Del director general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
Señor director:
Me refiero al artículo “Corruptelas en la certificación de médicos de aeronáutica” publicado bajo la firma de Rosalía Vergara en el número 2096 de Proceso el pasado domingo 1.
Un sinnúmero de afirmaciones y acusaciones inexactas, equivocadas, erróneas y sesgadas que se incluyen en el texto de referencia fueron hechas a otros medios en ocasiones anteriores por quien aparece como fuente de la información, y ya han sido puntualmente aclaradas por esta dirección general. Pese a ello, ahora el declarante las repite.
Me permito, por ello, referirme a algunos puntos.
La participación de médicos terceros en la práctica de los exámenes que se requieren para el otorgamiento de licencias al personal del transporte público federal se supervisa en visitas de verificación y con la revisión de expedientes clínicos en el Sistema Med Prev, que contiene los registros detallados de los exámenes en cuestión.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no es la entidad reguladora de los exámenes médicos que se aplican al personal técnico aeronáutico para el trámite de obtención de licencia.
Las autorizaciones otorgadas a los médicos terceros cumplen con las normas internacionales de la Organización de Aviación Civil (OACI) y los procesos han sido auditados tanto por la propia OACI como por la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA), organismos que no han emitido observación alguna.
Durante 2016 fue revocada la autorización a 82 médicos terceros por emitir dictámenes de aptitud a usuarios que debieron dictaminarse como no aptos, así como por falsear y alterar la información médica obtenida de los exámenes.
Como lo hemos indicado en otras ocasiones, se subraya nuevamente que el Órgano Interno de Control de esta secretaría investiga las denuncias y quejas contra servidores públicos y, en su caso, actúa contra ellos conforme a la ley. Por su parte, la Procuraduría General de la República efectúa las investigaciones correspondientes cuando es el caso. En este sentido, cuando la PGR ha solicitado a esta dirección general información, invariablemente le ha sido proporcionada en tiempo y forma.
Hasta la fecha no se ha entregado o exhibido ante esta dirección general evidencia documental alguna para sustentar acusaciones como las mencionadas en el artículo de referencia. Por ello, con el objetivo de actuar legalmente contra los servidores públicos cuya conducta sea inapropiada, deshonesta o ilegal, solicito a usted con todo respeto que se me haga llegar la documentación a su alcance para que, como autoridad afectada, esta dirección general pueda efectuar las denuncias del caso y aportar las pruebas necesarias para que las malas actuaciones no queden impunes.
Asimismo, le solicito respetuosamente que nos haga saber los nombres de los servidores públicos a quienes se señala como involucrados en conductas irregulares y aporte las pruebas que lo sustentan, a efecto de llevar a cabo las acciones conducentes.
Reitero a usted mi incondicional apoyo a cualquier investigación a la que se sujete a todos los servidores públicos que laboramos en esta dirección general, así como a la revisión de los procedimientos y el cumplimiento de la normatividad aplicable a la prestación del servicio de medicina preventiva en el transporte.
Agradeceré a usted haga pública esta carta, para conocimiento de sus lectores. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente:
José Valente Aguilar Zinser
Director general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
Respuesta de la reportera
Señor director:
El trabajo de mi autoría al que se refiere el señor José Valente Aguilar Zinser se basa en efecto en las afirmaciones hechas por el capitán David Vega Gallardo, una acreditada fuente en su calidad de exsecretario de Prevención Social de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y de experto en la materia de mi investigación, y quien asegura que sus denuncias las ha hecho públicas desde hace diez años.
En cuanto a la solicitud del señor Aguilar Zinser de que se le haga llegar “la documentación a su alcance para que, como autoridad afectada, esta dirección general pueda efectuar las denuncias del caso y aportar las pruebas necesarias para que las malas actuaciones no queden impunes”, así como de “hacerle saber” a la citada dependencia “los nombres de los servidores públicos a quienes se señala como involucrados en conductas irregulares y aporte las pruebas que lo sustentan, a efecto de llevar a cabo las acciones conducentes”, aclaro que este semanario, en ejercicio de su derecho a la libre expresión, se ciñe a la norma ética de proteger a sus fuentes, y tampoco es su papel remitir en calidad de “pruebas” las copias de los documentos que los declarantes aportan.
A lo que desde luego el señor Aguilar Zinser puede tener pleno acceso, como todo lector, es a la información publicada en el mismo reportaje.
Atentamente:
Rosalía Vergara
