En los próximos días, el Congreso local deberá nombrar al magistrado que cubra la vacante que dejó Luis Carlos Vega Pámanes. La semana anterior se habían registrado 48 aspirantes, de los cuales sólo cuatro o cinco tienen posibilidades reales, sostienen jueces y litigantes consultados por Proceso Jalisco. Su temor, dicen, es que la familia del gobernador pretenda imponer a otro priista, como lo hizo en diciembre pasado, cuando maniobró para que Ricardo Suro fuera designado presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
La familia del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz prepara una última estocada para garantizar su control en el Poder Judicial de Jalisco y colocar a otro magistrado proclive a sus intereses en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Luis Carlos Vega Pámanes dejó la presidencia del tribunal en medio del escándalo tras la exhibición en los medios de comunicación de sus antecedentes criminales –incluida una sentencia por robo y homicidio imprudencial ocurridos en 1984– y su lugar fue ocupado a mediados de diciembre por el priista Ricardo Suro Esteves en lo que algunos magistrados consideraron una “elección de Estado”.
Ahora toca al Congreso local nombrar antes del jueves 26 a quien cubra la magistratura que Vega Pámanes ocupó desde 2012 y aún está vacante. Higinio Ramos, expresidente del Poder Judicial, advierte sobre el riesgo de que la elección también esté cargada.
La juez oral mercantil Diana Arredondo Rodríguez, quien buscará de nuevo una magistratura luego de siete intentos infructuosos, considera que las designaciones para funcionarios de primer nivel son marcadas y contaminadas por la estructura y los liderazgos de los partidos, sin considerar los perfiles, trayectorias, desarrollo profesional y antecedentes de los interesados en materia judicial.
Actualmente, en el Poder Judicial hay 40 magistraturas, de las cuales sólo cuatro son ocupadas por mujeres.
La magistrada Lucía Padilla Hernández, quien ha buscado la presidencia del STJ en dos ocasiones, se queja de la forma ominosa en la que se le impidió hacer uso de la voz y dar un posicionamiento en la sesión en la que se eligió a Suro Esteves en diciembre pasado.
“La misoginia es una palabra muy fuerte –dice–, pero es una palabra que no podemos omitir o dejar de mencionar; es algo que impera al interior del Poder Judicial en Jalisco y, en general, en el gobierno de Jalisco y el federal.”
Arredondo Rodríguez comenta que en las empresas privadas se ve reflejada una mayor apertura a la participación de la mujer. “Hemos demostrado que somos capaces de dirigir los destinos de instituciones o empresas, y decimos que somos más pulcras, menos corruptibles y más eficientes y entregadas a la función que desempeñamos. No sé si eso no les gusta (a los políticos)”.
Una lista inflada
Hasta el jueves 12 había 48 aspirantes a ocupar la magistratura que dejó Vega Pámanes, según informó el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el órgano encargado de la recepción de solicitudes.
Sin embargo, quienes tienen posibilidades por sus influencias o capacidad de maniobra se reducen a cuatro o cinco, según los abogados litigantes consultados por Proceso Jalisco. Entre ellos destacan Carlos Óscar Trejo Herrera, procurador social en la administración de Sandoval Díaz y compañero de él desde sus tiempos estudiantiles, comenta el abogado Benito Garibay Patiño, representante del Corporativo Jurídico Garibay.
Garibay destaca el poder de los partidos y los legisladores para decidir los espacios. “Si el interesado no milita en algún partido es difícil que llegue; no es un secreto que los partidos son los que hacen la elección a través de los diputados”.
Alude al caso Vega Pámanes: “Ante sus errores de juventud, se impone la obligación y responsabilidad al Consejo de la Judicatura, que es el receptor de los expedientes, como a los integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso, que son los que los analizan, para evitar que se elija a personas que luego resultan cuestionadas”.
Comenta que los diputados, principalmente los que integran la Comisión de Justicia, tienen la obligación de analizar minuciosamente los perfiles. De lo contrario, insiste, incurrirían en un delito. “Hay una fracción, del artículo 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se aclara que el candidato tiene que ser analizado; es ahí donde los señores diputados tienen que poner énfasis, de ver que los interesados cumplan con el ordenamiento legal”.
Considera que los aspirantes están ligados a la clase política, al gobierno de Jalisco y al partido oficial. “Yo considero que la inmensa mayoría tienen buenas bases, pero la inmensa mayoría no tienen buenos padrinos. Está invertido el proceso”.
Da nombres: “El señor Carlos Trejo Herrera, titular de la Procuraduría Social; el exfiscal central, Rafael Castellanos, o Jesús Covarrubias Dueñas. Y yo digo, es importante investigar a cada uno de los candidatos”.
Juan Manuel Lepe González, presidente del Colegio Libre de Abogados “Tomas López Linares”, uno de los promotores de un juicio político contra Vega Pámanes, considera necesario dejar de lado el interés de los partidos políticos y promover a personas que impulsen una transformación de fondo en el Poder Judicial de Jalisco “por encima de sus influencias políticas o de las cartas que quieran presumir de sus amigos para llegar al cargo”. Dice que los diputados deben actuar en forma escrupulosa en la designación del nuevo magistrado.
Garibay Patiño asegura que existe el riesgo de que se imponga el tráfico de influencias o que los partidos definan al nuevo magistrado a partir de los acuerdos cupulares por encima de lo que marcan la ley y la convocatoria.
Entre los contendientes a la magistratura está la juez Marissa Vargas Castolo, quien cuenta con múltiples amonestaciones y sanciones en el Consejo de la Judicatura. También se encuentra Gabriel Valencia López, hermano de Augusto Valencia, diputado de Movimiento Ciudadano. Gabriel fue quien impugnó la designación de Rafael Castellanos en febrero de 2011 como director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), lo que le impidió asumir ese cargo.
Gabriel Valencia ganó un amparo en el que reclamaba “violaciones al debido proceso de elección del director del Instituto de Justicia Alternativa”, según el juicio 1956/2012, promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Culiacán, Sinaloa.
Castellanos fue bloqueado. En 2013 fue nombrado fiscal central, justo cuando llegó al gobierno Sandoval Díaz.
En septiembre de 2016, Castellanos se separó del cargo, luego de una balacera al interior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde murieron tres empleadas de esa institución.
Otro aspirante es Francisco Jiménez Reynoso, visto como uno de los integrantes del Grupo Universidad que comanda el exrector Raúl Padilla López; un señalamiento que él rechaza. Jiménez asegura que la idea de postularse es una propuesta estrictamente personal y que lo hace con relación a su trayectoria profesional. Su propósito, dice, es impulsar cambios de fondo en el Poder Judicial de Jalisco.
También aparecen en la lista de aspirantes José Jesús Covarrubias Dueñas, un profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y Juan Carlos Rodríguez Sánchez, exsecretario de Vega Pámanes. Ambos son identificados como cercanos al PRI.
