La familia Hemuda, una de las más pudientes en Guadalajara, intenta quedarse con una franja de 23 hectáreas que pertenecen al octogenario Alejandro Jacobo Lomelín Ruiz, quien las heredó de su madre en la década de los ochenta, sostiene su abogado Omar Pérez. Dice que un juez está facilitándole las cosas a los Hemuda para quedarse con la propiedad cuyo valor catastral es de 900 millones y tendrá una mayor plusvalía cuando esté terminada la Línea 2 del Macrobús.
Desde hace décadas, Alejandro Jacobo Lomelín Ruiz heredó de su familia una superficie de 23 hectáreas de lo que fue la antigua Hacienda Santa Eduviges, ubicada sobre avenida Mariano Otero, a unos pasos de Expo Guadalajara.
Hoy, a sus 85 años y con la salud quebrantada, Lomelín Ruiz pasó de propietario a presunto delincuente, dicen sus familiares, pues en 2015 fue acusado de fraude, asociación delictuosa y despojo del mencionado terreno por la familia Hemuda, una de las más pudientes de la ciudad.
El anciano fue aprehendido el pasado 10 de noviembre y remitido al penal de Puente Grande, donde permaneció hasta el martes 3, dice Omar Pérez, quien asumió su defensa. Según él, fueron los Hemuda quienes en realidad despojaron a Lomelín de esa franja de terreno con la presunta ayuda de funcionarios y jueces.
Ellos les ayudaron a falsificar documentos y a suplantar la identidad del octogenario, insiste. El fondo de la disputa entre los Hemuda y Lomelín es que esa propiedad (valuada en 900 millones de pesos) ganará plusvalía con proyectos de rescate del Corredor Mariano Otero, que detonará el desarrollo urbano en ese entorno.
En Guadalajara, la familia Hemuda es conocida por su influencia entre la clase política y por su incursión en negocios en la zona metropolitana, sobre todo en el ramo inmobiliario. Ellos fueron propietarios de la desaparecida cadena de supermercados Hemuda y promotores de la construcción de Plaza Patria, inaugurada en 1974.
Los Hemuda también participan en la asociación civil Guadalajara 20-20, dedicada a promover el desarrollo sustentable de la ciudad mediante sistemas de movilidad de vehículos no motorizados; también apoyan la construcción de la segunda línea del Macrobús, que al parecer correrá precisamente por avenida Mariano Otero, de Plaza del Sol hacia Niños Héroes y Dr. R. Michel, sostiene Pérez.
Al parecer, hay conflicto de intereses pues, dice, Roberto Hemuda Debs y su hijo Roberto Hemuda Guerra, que formaron parte del consejo de Guadalajara 20-20, que incluye a políticos prominentes como Enrique Dau Flores, asesor en la administración del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz; Eduardo Mar de la Paz, quien fungió como asesor de Emilio González Márquez cuando fue gobernador, y Diego Petersen Farah, hermano de Alfonso Petersen Farah, exalcalde de Guadalajara y actual regidor en el ayuntamiento tapatío.
La sucesión intestamentaria
El abogado Omar Pérez admite que las 23 hectáreas de la antigua Hacienda Santa Eduviges –cuya extensión original era de 485 hectáreas– heredada por Lomelín en 1980 está intestada, por lo que los Hemuda y otras personas de apellido González y el abogado Roberto Penilla quieren quedarse con esa superficie.
Esa propiedad que ahora ostentan los Hemuda, insiste, es de Lomelín Ruiz, pues se la dejó su madre, María Luisa Ruiz Galindo, reitera el litigante.
“Es un baldío –dice–. Y esas personas (los Hemuda) lo están usufructuando, pues no es de ellos. Incluso instalaron un casino y en el otro extremo en el predio conocido como Traslomas, que se utiliza como estacionamiento de la FIL, organizan conciertos.”
Y aunque los Hemuda aseguran que compraron ese terreno, eso es falso, pues su cliente asegura tener las escrituras. “Los señores sí compraron, pero lo hicieron dentro del fideicomiso integrado en aquel entonces por el Banco Refaccionario de Jalisco. Nunca compraron el terreno de la madre de Lomelín; ella nunca dio entrada al Banco Refaccionario”.
Detrás de la disputa, reitera Pérez, hay personas interesadas en quedarse con ese predio. Lo hacen a través del Registro Público de la Propiedad y mediante tráfico de influencias en el Poder Judicial, dice.
Del arresto de Lomelín, “nosotros podemos señalar directamente a Roberto Hemuda Guerra, de la empresa Inmuebles Alex y del Consorcio Alex”. Dice que los Hemuda acusan a su cliente de la venta de ese predio sin sustento legal; incluso hablan de un tal Alejandro Lomelín Ruiz, un suplantador de identidad que presuntamente vende y roba propiedades a nombre del verdadero Lomelín, pero a él no le hacen nada.
“En cambio, mi cliente de 85 años fue detenido por presunto fraude, simulación de actos, delincuencia organizada; lo acusan también de falsedad de declaraciones, siendo que toda la papelería –sobre el predio de Mariano Otero– se la presentamos al juez Cuarto de lo Criminal, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Antonio Gutiérrez.
“El propósito es acreditar que el asunto es enteramente de orden civil, y que se trata de una burda suplantación de identidad; incluso presentamos un incidente por falta de personalidad dentro del procedimiento en contra de Rodolfo González Navarro, su hijo Rodolfo González y el abogado Penilla, por el delito de falsificación para que Lomelín pueda recuperar sus derechos sobre la propiedad”, relata el abogado a Proceso Jalisco.
E insiste: “Mi representado jamás llevó a cabo actos ilegales o simulaciones y siempre ha aclarado que desconoce a esos individuos que se dicen terceros interesados”.
Incluso acusa al juez Gutiérrez de estar a favor de los Hemuda. Un día les dijo que él no podía hacer nada porque hay gente arriba de él y que el caso de Lomelín le valía madre.
Se queja también porque, dice, cuando Lomelín estuvo recluido, el defraudador acudió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil acompañado por una persona que se identificó como Domingo Padilla a promover juicio de garantías para que se le reconociera como propietario de unas tierras en Santa Ana Tepetitlán.
Además, dice, su cliente ha demostrado que él nunca vendió el terreno, sino una persona que lo está suplantando y contra quien las autoridades no hacen nada.
Las complicidades
El abogado Omar Pérez menciona una propiedad dentro de la antigua hacienda Santa Eduviges y una escritura (con libertad de gravamen) que datan de principios del siglo pasado. Según los planos el predio es un “rezago” que mantenía en posesión la familia de Lomelín; al morir, su madre se lo heredó.
Además, Lomelín presentó una demanda en 2012 en la extinta Procuraduría General del Estado (AP 3699/2012) contra los usurpadores del predio, con excepción de los Hemuda. En esa ocasión, a los señalados por Lomelín sólo se les acusó de delitos menores y fueron remitidos al Juzgado Cuarto en Materia Penal, donde el juez en turno los liberó.
Cuatro años después, Lomelín fue detenido acusado de presunto fraude y otros ilícitos, precisamente por los defraudadores, según la AP 4646/2015, expediente 37. Y fue el agente ministerial Willy Alfredo Chávez Villaseñor, titular de la Agencia 2 (de delitos patrimoniales), quien solicitó al juez Penal la orden de aprehensión contra Lomelín.
“Nos dijo que tenía órdenes de arriba y que sólo cumplía con su trabajo –comenta el abogado–… Los Hemuda dicen que mi cliente les dio un contrato de transacción, siendo que éstos cobraron vigencia de tres o cuatro años a la fecha, aunque los que ellos exhibieron datan de ocho o 10 años.”
Y cuestiona: “¿Cómo fue que le sacaron la huella de Lomelín y su firma? ¿Cómo llegaron a él para poder hacer fraude y estar de acuerdo con las personas que tienen la posesión? ¿Quiénes son los Hemuda? ¿De qué tipo de beneficios gozan? No lo sabemos, pero le comento que el hijo de Roberto Hemuda Debs trabaja en el gobierno del estado”.
El reportero consultó la nómina que publica el portal de Transparencia del gobierno del estado pero no detectó el nombre de Hemuda Guerra ni el de su padre.
Cuando Lomelín fue detenido le exigieron una fianza de 90 millones de pesos para dejarlo libre; finalmente se redujo a 27 millones. La familia tuvo que hipotecar una de sus propiedades para reunir esa cantidad.
El hostigamiento iniciado en 2015 por los Hemuda contra Lomelín Ruiz es para quedarse con el predio donde estuvo la hacienda Santa Eduviges, que se extendía sobre las tierras donde ahora están los fraccionamientos Verde Valle y Ciudad de Los Niños, Ciudad del Sol, parte de Chapalita y Tepeyac y Cruz del Sur, por la parte del Mercado de Abastos.
Su dueño original fue el hacendado Rosario Ruiz Barrera. Al morir el hacendado, la propiedad pasó a manos de los Ruiz Galindo, de quienes desciende Lomelín Ruiz, comenta el abogado.
