Los intentos por revertir el gasolinazo en la entidad cobran fuerza no sólo por las movilizaciones y la indignación social, sino por los amparos interpuestos, en particular el de Daniel Hernández Silva –un estudiante que cursa el noveno semestre de derecho en la UdeG–, quien externa su confianza en el Poder Judicial. A su vez, el Colegio de Abogados Independientes de Jalisco y otras organizaciones anunciaron que brindarán asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos inconformes.
“Soy un activista social”, dice Daniel Hernández Silva, el estudiante que presentó el primer amparo contra el gasolinazo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo de Jalisco.
“Marcha tras marcha estoy ahí. Siempre he criticado a los que tienen miedo. Esa idea es incapacitante”, sostiene Hernández Silva, e insiste: el amparo sí es procedente, aunque eso no significa que me lo van a otorgar, pero ese es el camino para revertir el alza en el precio de las gasolinas.
El estudiante solicitó el amparo de la justicia federal el lunes 2 ante el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo de Jalisco, Fernando Rochín García (expediente 44/2017), quien le solicitó información complementaria antes de determinar si admitía o desechaba la demanda.
El miércoles 11, el juez le notificó a Hernández Silva que el órgano jurisdiccional que encabeza carece de la competencia legal para conocer del juicio y turnó su petición “a un juez de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México”.
Hernández Silva hace un llamado a la ciudadanía para que promueva amparos, e incluso subió el formato a las redes sociales a internet –www.facebook.com/danielhernandezlucha juridica2017– con un instructivo adjunto para facilitar la presentación de la demanda.
Hernández Silva ha estudiado el andamiaje jurídico para sustentar el reclamo vía el amparo junto con su compañero de estudios Óscar Márquez Aceves. Es una medida inconstitucional, dice, puesto que no se fijan precios máximos en la Ley General de Hidrocarburos.
Y argumenta: el artículo 28 constitucional “nos dice que esos productos, insumos o materiales necesarios y de consumo popular (como las gasolinas), deben tener precios máximos”.
Durante la entrevista con este semanario, Hernández admite que recurrió al juicio de amparo porque confía en el Poder Judicial y en la solidez de sus argumentos, pero también es una muestra de que los estudiantes de la UdeG tienen las capacidades para hacer uso de las herramientas idóneas para combatir arbitrariedades.
“Todos queremos tener un mejor México. El gasolinazo tiene repercusión (negativa) porque la canasta básica se está elevando y vemos que las tiendas están reetiquetando los productos”, declara.
–¿A quién demandó y cuál es su reclamo?
–Demandé al presidente, al Congreso de la Unión, a la Comisión Reguladora de Energía, a las secretarías de Hacienda y de Economía, así como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
“El acto reclamado es el artículo 12 transitorio de la Ley General de Hidrocarburos, por medio del cual se faculta a la Comisión Reguladora de Energía y a Hacienda a emitir acuerdos por medio de los cuales se zonifique el país y con ellos se obtengan los precios máximos y mínimos a través de la oferta y la demanda del mercado”.
–¿De qué forma le acredita al juez el agravio?
–El juicio de amparo tiene varias partes y una de ellas es el principio de instancia agraviada; es decir, que tengas un interés jurídico y cómo el acto de autoridad o norma te afecta. Yo comprobé –con copia de la factura de mi auto dos cargas de gasolina y copia simple de mi credencial de elector– que el acto de autoridad me afecta.
Recursos dilatorios
El lunes 2 el abogado Esteban Ávalos Flores, egresado de la carrera de derecho en la UdeG en 1989, también presentó una demanda contra el alza a los combustibles, pero el martes 10 el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito, con sede en el estado, Juan Manuel Villanueva Gómez, desechó su demanda.
Ávalos Flores dirige un despacho privado donde atiende asuntos de todas las ramas de la jurisprudencia. Pertenece a un grupo conformado por 400 abogados a lo largo del país, que se comunican vía Whatsapp e intentan revertir el gasolinazo. Comenta que alrededor de 10% de ese grupo promoverá su amparo contra el alza al combustible.
El juez le notificó el miércoles 4 –aunque el documento tenía la fecha del martes 3– que tenía tres días para presentar un escrito aclaratorio complementario; y aunque lo hizo así, el martes 10 el juzgador desechó la petición. El miércoles 11 Ávalos presentó un recurso de queja.
Explica también que entre los estudiosos del derecho hay interés en el tema por el enfoque jurídico, ya que hay diferentes puntos de vista respecto a cuál autoridad demandar.
“Me parece que es una pifia, un error del gobierno cargar un doble impuesto a la gasolina. La gente está irritada y se ha manifestado; ahora toca presentar la demanda ante el Poder Judicial”, comenta Ávalos.
Expresa su preocupación por que, dice, al parecer hay un acuerdo en el Poder Judicial para retardar las decisiones sobre la admisión de la demanda de amparo –que él ya presentó– y alargar la etapa, cuando lo ordinario es que se resuelva en un plazo de 24 horas.
El abogado insiste: solamente debemos pagar por el precio de referencia internacional de la gasolina (43%), más el margen que corresponde a la transportación y mermas –de 14 y 17% de IVA, respectivamente.
“En un mundo ideal, con un gobierno eficiente y con un mercado competitivo –expone–, el consumidor de gasolina sólo debería pagar el precio de referencia, los costos de transporte y el IVA, que es un impuesto progresivo y fácil de recaudar. Si eliminamos el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de la ecuación, estaríamos pagando alrededor de 10 pesos por litro de gasolina”.
El problema no es la liberalización del precio de los combustibles, escribió en su muro de Facebook, sino “la adicción del gobierno federal a los impuestos… El IEPS, básicamente, es un impuesto que el gobierno se inventó hace unos años para compensar desequilibrios en las finanzas públicas y que en 2017 le reportará ingresos por 240 mil millones de pesos”, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a combatir el gasolinazo mediante los amparos.
Leobardo Magaña, abogado constitucionalista, defensor de causas sociales con larga trayectoria profesional en la administración pública, también promovió un amparo contra el gasolinazo. Al igual que Hernández Silva y Ávalos Flores, considera que el amparo es la vía idónea para revertir el incremento a los precios de los combustibles.
Tras analizar los recursos legales que ya fueron admitidos en Puebla y la Ciudad de México, Magaña incluyó como tercer interesado a la Procuraduría Federal del Consumidor, pues su misión, dice, es vigilar el comportamiento de los precios y el gasolinazo afecta de manera directa la economía doméstica.
Violencia
Tras el aumento en más de 20% al precio de las gasolinas se han realizado por lo menos 14 marchas o acciones de protesta en la entidad.
El sábado 7, la protesta movilizó a más de 30 mil inconformes en Guadalajara, quienes exigieron la salida de Peña Nieto de la presidencia y gritaron la consigna de “Jalisco no saquea”, destaca Jorge Ruiz, uno de los promotores, quien advierte sobre la presencia de saboteadores como los integrantes del grupo identificado como Indati o Dati.
Por fortuna, dice, “varios ciudadanos fungieron como vigilantes. Ellos nos dieron informes de que había gente vigilando la marcha por todos lados y entre ellos estaban agentes del Ejército y de la Policía Federal vestidos de civil; también llegaron elementos del Grupo Sigma, que son parte de la Policía del estado. Yo les mostré la disposición de llevar las cosas en paz”.
La presencia de militares en algunas casetas de cobro, como las de Acatlán de Juárez, Sayula y San Marcos, dentro de la autopista Guadalajara-Manzanillo, generó tensión, según los testimonios obtenidos por Proceso Jalisco.
El martes 10 un grupo de manifestantes acudió a algunas recaudadoras ubicadas en el primer cuadro de Guadalajara para manifestar su inconformidad por el gasolinazo. En la que está ubicada sobre las calles Pedro Moreno y Ramón Corona, en la contraesquina de Palacio de Gobierno, y en otra localizada en la calle Miguel Blanco los inconformes exhortaron a los ciudadanos a no pagar impuestos, comenta Ruiz. La zona estaba fuertemente custodiada por policías.
Los inconformes anuncian una marcha del silencio para el domingo 15 a las 14:00 horas, que partirá de la glorieta Minerva. Los organizadores piden a los manifestantes vestir de blanco.
El presidente del Colegio de Abogados Independientes de Jalisco, Víctor Hugo Hernández, adelantó que el organismo que dirige y otros organismos civiles brindarán asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos que deseen presentar su juicio de amparo contra el gasolinazo.
La organización Confío en México, creada hace unas semanas, también estudia la posibilidad de promover un amparo colectivo contra esa misma medida, declaró su dirigente, el exdiputado Salvador Cosío Gaona. (Con información de Alberto Osorio M.)
