El 2017 no pudo iniciar más movido. Ya en la semana previa a los festejos de fin de año anunciaron un aumento en el precio de los carburantes. Se calentó el ambiente con la escasez en muchos expendios. Pero fue a partir del arranque del año cuando los bolsillos de todos resintieron el golpe del aumento anunciado, al acudir a llenar los tanques de los autos. Mucha gente salió de inmediato a la calle a protestar. Lo inusitado fue ver a nuestros tapatíos, tan modositos, tan ajenos a la protesta callejera, tan enemigos incluso de este tipo de manifestaciones, marchando o en plantón desde la conocida fuente de La Minerva y dando la cara de inconformidad por tan incomprensibles medidas.
Tal vez las muestras visibles de inconformidad no amainen sino que crezcan en los días que vienen. El hecho de que cada semana los automovilistas revivan este golpe ante la registradora de la gasolinera les descompondrá el rostro a la hora de pagar. Será un recordatorio pertinaz. Pero habrá más. Se van a venir en cascada aumentos en todos los insumos, sean o no de primera necesidad. Las tortillas, el pan, la luz, los prediales, el consumo del agua y más. El costo de la canasta básica se inflará, aunque las instancias de gobierno lo nieguen.
Lo conducente en todo este merequetengue es armarnos de un buen diagnóstico de la situación económica y financiera de tan dislocado presente y tomar el toro por los cuernos. No hay de otra. El pago exagerado de los costos de las gasolinas y en general de todos los energéticos nos viene de la voracidad de nuestra gente en el poder que llevó a enajenarnos ese bien estratégico que son los energéticos. Bien clarito era el mandato constitucional, antes de ser modificado, plasmado en sus artículos 27 y 28. El párrafo cuarto del 27 decía a la letra:
Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas…; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos…
El párrafo sexto del mismo rezaba así:
El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes… Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado. La nación llevará a cabo la explotación de estos productos en los términos que señale la ley…
Pues bien, eso fue hasta 2012. Vino el famoso Pacto por México y los tres partidos mayores modificaron estos mandatos expresos. Ahora los energéticos ya no pertenecen a la nación, ya no son nuestros. El gobierno ya no dispone de los ingresos que llegaban a sus arcas cuando el petróleo era mexicano, es decir nuestro, de todos. Ahora se sigue explotando su extracción, su refinamiento, su transporte y sigue llegando a los expendios. Pero los ingresos de tales movimientos van a dar ahora a bolsillos particulares, a los de sus nuevos dueños, sean compañías trasnacionales o locales.
Está muy claro que los caradura, a quienes mantenemos trepados en las esferas del gobierno, son socios de estos nuevos dueños. No puede ser de otra forma. A ellos les llegarán partidas compensatorias de estas ganancias por haber instrumentado “legalmente” el despojo. Pero, al igual que sus socios, meterán esos recursos también a sus bolsillos particulares.
El dinero, con el que deben seguir funcionando las instituciones públicas y que es donde esos funcionarios medran, ya no se obtiene de estos fondos privatizados. Tienen que sacarlos de otra polla. ¿De cuál más? De los bolsillos de nuestro sufrido pueblo. Una razón de peso para el incremento de los costos de la gasolina se vincula a la tarifa hacendaria que le fijaron estos mismos “gobernantes”, que no se cansan de apañar nuestros raquíticos ingresos. En los dos últimos años (2015-2016) Hacienda obtuvo ingresos adicionales cercanos a 500 mil millones de pesos del cobro del impuesto a las gasolinas y el diésel.
Seguramente su cálculo es sólido. Este sufrido pueblo aguanta todo en cosa de despojos. Nos los han aplicado por décadas y no se alebresta la caballada. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? Ponderar que la inconformidad popular se torne organizada y logre revertir sus medidas leoninas, es variable que nunca se cumple. De manera que, aunque se vivan algunas semanas o hasta meses de intranquilidad visible, al final se calmarán las aguas y todo volverá a la normalidad, sin que se dé marcha atrás con esas medidas absurdas, que generaron los aumentos. Puede hasta desatarse una espiral inflacionaria sin visos de freno próximo. Ni así reaccionaría este pueblo de supermachos, que aguanta todo agravio y todo insulto sin chistar ni quejarse.
Éste viene siendo un cálculo fundamental con el que han operado desde hace varias décadas. Les ha funcionado. A tal grado les resulta manejable, que ya vemos privatizados nuestros energéticos y no hacemos nada por revertir medida tan dañina a la economía nacional. Esto de los aumentos particulares de los precios en las gasolinas no es más que secuela, más que un derivado fortuito de tal voracidad desatada. Podemos estar seguros de que no será un único aumento, éste que nos anunciaron para arrancar el año. Después vendrá otro, otro y muchos más. Los ganones ya están instalados en la pista del saqueo y no van a cambiar de tonada. Así nos lo dictan las lecciones de nuestras experiencias pasadas y no tenemos por qué esperar otra conducta de ellos.
De 1982 a la fecha, el precio de la gasolina se ha incrementado 92 mil por ciento. El del diésel 174 mil por ciento. Son cifras del propio Pemex. De aquel fatídico año a los días que corren, la inflación arroja la espeluznante cifra del 56 mil por ciento. ¿En algún momento nos hemos rebelado? ¿En alguna ocasión de estos 35 años los hemos puesto a temblar, con la sola probabilidad de ya no permitirles el manejo del cetro?
En 1988 y en el 2006 nos convocaron a las urnas y concurrimos masivamente a depositar nuestro voto electoral. El veredicto popular dictaminó no permitirles continuar ocupando los sitiales del gobierno. Su respuesta fue la del fraude electoral. Y ahí siguen. ¿Nos hemos organizado en todo este tiempo, para ya poner orden definitivamente e impedirles que sigan con el pandero en la mano? No. Entonces ¿Por qué podría ser ahora de distinta manera? Ya lo veremos.
