Una de las principales obligaciones –no retos, obligaciones– que tiene el próximo secretario de Cultura es el desmantelamiento del grupo de poder que rige el sistema del arte contemporáneo en el ámbito gubernamental.
Expandidos entre instituciones financiadas con presupuesto público y entrelazados con organizaciones privadas de presencia internacional, los miembros de este grupo han construido una sólida y endogámica estructura que define, legitima y promueve lo que ellos consideran arte contemporáneo.
Integrado con funcionarios, académicos, curadores y artistas que transitan entre museos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), instancias de la Secretaría de Cultura (SC) –como el Sistema Nacional de Creadores y el Centro de la Imagen– y la Dirección General de Artes Visuales de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este grupo se ha convertido en una dictadura del arte contemporáneo.
Apoyado por la carencia de un proceso riguroso y público de rendición de cuentas, el grupo opera con procedimientos que deben transparentarse para descartar esa discrecionalidad que tanto ha dañado a creadores contemporáneos mexicanos ajenos a él.
Para empezar, el nuevo o nueva titular de la SC, además de evaluar el cuestionable costo-beneficio social del Sistema Nacional de Creadores, tiene el compromiso de revisar la promoción, enseñanza y financiamiento de las imágenes de soporte tecnológico. La polémica que desató en las últimas semanas de 2016 la XVII Bienal de Fotografía que organiza el Centro de la Imagen, exige una reestructuración de la política cultural que atiende este tipo de creaciones. Detonada por un artículo que el fotoperiodista Ulises Castellanos publicó el 17 de diciembre en el periódico El Universal, la controversia descubre un cambio en la relevancia de la imagen fotográfica convencional que recuerda la indignación que provocó, a partir de la pasada década de los noventa, el desplazamiento de la pintura como género artístico protagónico.
Enaltecida por la mediocridad argumental de los 40 firmantes –entre ellos Tania Aedo, directora del Laboratorio Arte Alameda del INBA, y el académico José Luis Barrios, quien ha colaborado con el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM y la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBA– que, vergonzosamente, defendieron a la cuestionable directora del Centro de la Imagen, Itala Schmelz, la citada polémica confirma la urgencia de desmantelar al grupo de poder. La exfuncionaria del INBA, por su intrascendente desempeño, evidencia la acrítica endogamia del sistema gubernamental de las artes visuales: de 2001 a 2007 dirigió la Sala de Arte Público Siqueiros; de 2007 a 2011, el Museo de Arte Carrillo Gil, y en 2013 fue curadora del Pabellón de México en la 55 Bienal de Venecia.
El próximo titular de la SC, ¿será capaz de promover la diversidad creativa o, como Rafael Tovar, apoyará la dictadura gubernamental del arte contemporáneo?
