Dos países que nunca habían tenido roces dignos de mención, Israel y Nueva Zelanda, entraron inesperadamente en conflicto la mañana del 24 de diciembre. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, llamó telefónicamente al canciller neozelandés, Murray McCully, para advertirle que si insistía en copatrocinar ante la ONU una resolución de condena a las colonias judías en territorio palestino, Israel consideraría que los neozelandeses, desde sus islas a 16 mil kilómetros de distancia, estarían haciendo “una declaración de guerra” que llevaría a “una ruptura de relaciones”.
Y aunque para Israel los conflictos armados son una realidad cotidiana, la afirmación de Netanyahu parecía tan extravagante que fueron necesarias acciones tangibles para que la versión, atribuida por medios israelíes a fuentes diplomáticas no identificadas, pareciera verdadera: esa tarde, Tel Aviv retiró a su embajador en Wellington.
No sólo eso: convocó de urgencia a los representantes de Nueva Zelanda y otros 13 países –interrumpiendo sus vacaciones– para expresarles la indignación de su gobierno y la suspensión de todos los compromisos de trabajo conjunto, bilaterales y multilaterales; canceló visitas de alto nivel, como la del primer ministro de Ucrania; cerró su programa de ayuda a Angola y congeló la aplicación de acuerdos, e incluso regañó a la responsable británica de Exteriores, Theresa May.
Fueron 14 las naciones sujetas a “reprimenda”: todas, integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que votaron a favor de la Resolución 2334 de este órgano, a las que Netanyahu acusó de “no hacer nada” para detener la matanza en Siria mientras, en lugar de eso, se enfocan en Israel (pese a lo cual, le ordenó a la delegación israelí que se abstuviera en la votación de la Asamblea General de la ONU, del 27 de diciembre, para establecer un mecanismo de recolección de pruebas de crímenes contra la humanidad en Siria).
Pero el reproche mayor estaba destinado al miembro número 15, que fue el único que se abstuvo pero que, con el gesto de no votar en contra, permitió que la propuesta saliera airosa: Estados Unidos.
Por primera ocasión en ocho años, Barack Obama no había impuesto su veto para bloquear una decisión que perjudicara al gobierno de Israel.
La noche del 24 de diciembre Netanyahu dirigió sus ataques contra el propio presidente estadunidense, acusándolo de haber orquestado la maniobra en el Consejo: “No tenemos duda de que la administración Obama la inició, la sostuvo, coordinó la redacción (del documento) y exigió que fuera aprobado”.
La dureza fue tal que un sólido simpatizante de Israel, Dan Kurtzer, que fue embajador del gobierno de George W. Bush en ese país, elevó la voz para expresar su molestia: “El lenguaje utilizado contra el presidente de Estados Unidos no tiene precedente, y en verdad no debería ser una lenguaje que un aliado utilice con otro aliado, por enojado que esté”.
Por su parte, Donald Trump, el presidente electo que un mes antes de asumir funciones operó internacionalmente para descarrilar la Resolución 2334 (presionando a Egipto, el promotor original, para que la retirara), debió reconocer las limitaciones que todavía tiene y guardar por el momento su frustración en tweets: “Al respecto de la ONU, las cosas serán diferentes después del 20 de enero” y “mantente fuerte Israel”.
“O democrático o judío”
El Consejo de Seguridad no aprobaba resoluciones sobre los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1980, cuando adoptó la número 465. Desde entonces Estados Unidos se había ocupado de vetar cada nueva propuesta. Pero la realidad en el terreno ha cambiado dramáticamente y la población judía se ha elevado de 17 mil 400 personas en 1980 a 400 mil en Cisjordania y más de 300 mil en Jerusalén Oriental en 2014.
La nueva decisión no tendrá un impacto inmediato porque fue adoptada bajo el capítulo sexto de la Carta de las Naciones Unidas, que no prevé medidas coercitivas u obligatorias, y no bajo el séptimo, que sí la haría vinculante. Tampoco cambia el estatus legal de los asentamientos judíos, que violan la legislación internacional expresada en la Cuarta Convención de Ginebra, la cual prohíbe a las naciones que conquisten territorios el movimiento de poblaciones y el establecimiento de colonias en las zonas ocupadas.
Los analistas israelíes, sin embargo, prevén que en el mediano y largo plazo puede haber consecuencias serias. En la primera cláusula se afirma que los asentamientos “no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante de la ley internacional”: en vista de que los palestinos demandaron a Israel ante la Corte Penal Internacional, y de que uno de los aspectos tiene que ver con la construcción de colonias, esto podría dar pie al fiscal para ordenar una investigación a fondo sobre el levantamiento de asentamientos judíos en tierras palestinas.
Llaman también la atención sobre otra cláusula que pide a las naciones del mundo “realizar una distinción, en sus tratos relevantes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”: esto facilitará, por ejemplo, que la Unión Europea exija diferenciar los productos que provienen de Israel y los de las colonias judías, prohibiendo la importación de los segundos o permitiendo que los consumidores reconozcan cuáles son y decidan no comprarlos.
En general, abrirá la puerta a que países, organizaciones internacionales y empresas impongan sanciones o boicots contra los asentamientos judíos.
Del lado palestino no abunda la esperanza. “Tú no puedes esclavizar a toda una nación y tratarla como una subespecie humana y después pedirle que se tire al piso a morir en silencio”, comentó la dirigente palestina Hanan Ashrawi a CNN.
Por la mañana del 28 de diciembre, el secretario de Estado de Obama, John Kerry, advirtió que la continua construcción de colonias conduce a una “realidad irreversible de un solo Estado” para ambos pueblos, e insistió en la “solución de dos Estados”, uno judío y otro palestino, pues la alternativa anterior, precisó, implica que el Estado singular puede “o ser democrático o ser judío”, pero no ambas cosas.
Se espera que este planteamiento sea refrendado en una cumbre multilateral (en la que no participará Israel) que se celebrará en París el próximo domingo 15, sólo cinco días antes de que Donald Trump tome posesión: es un esfuerzo de la comunidad internacional para establecer un marco de referencia que persista, aunque el nuevo presidente de Estados Unidos no esté a favor.
Alan Clemmons, un legislador estatal estadunidense, publicó en el diario Jerusalem Post un artículo en el que afirma que la Resolución 2334 es “un escandaloso acto de hostilidad orquestado personalmente por el presidente Obama”, y adelanta que la sección dedicada a Israel (de la que Clemmons fue el autor) de la Plataforma Electoral que presentó el Partido Republicano en las últimas elecciones, “se convertirá incuestionablemente en la política de la administración Trump”, en particular la parte que dice “rechazamos la falsa noción de que Israel es un (Estado) ocupante”.
El periodista Uri Savir, de la página Al Monitor, explica que funcionarios de la Autoridad Palestina ven “a toda la administración Trump como una extensión americana del gobierno derechista de Netanyahu”, especialmente por la nominación de David Friedman, un activo promotor de la anexión de Cisjordania a Israel, como nuevo embajador estadunidense, y porque Trump ha sugerido que mudará la sede de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén: “Parece que no les preocupa un posible enfrentamiento con el mundo árabe”, comentó.
Savir también percibe inconformidad y nerviosismo en el lado israelí por el anuncio de quién será nombrado secretario de Estado (canciller) de Trump: Rex Tillerson, un multimillonario petrolero sin experiencia en política internacional, aparte de hacer negocios para ExxonMobil. Designar a Tillerson es visto como un gesto de aproximación hacia Moscú (es viejo amigo de Vladimir Putin), no hacia Israel, y sus nexos profesionales no lo conectan con empresarios israelíes o judíos, sino con príncipes sunitas del Golfo Pérsico.
En su editorial del 27 de diciembre, el diario Haaretz, uno de los más influyentes de Israel, señaló con ironía que, a juzgar por la actitud de Netanyahu, los israelíes habían descubierto de pronto que tienen “dos nuevos enemigos: Senegal y Nueva Zelanda”.
La radicalización del primer ministro, quien declaró que no obedecerá la Resolución 2334, viene acompañada por movimientos para intensificar la construcción de colonias en tierras palestinas e, incluso, por propuestas de anexar definitivamente el área C de Cisjordania, que comprende 61% del territorio.
“Netanyahu parece contar con un acuerdo imaginario, jamás firmado, con Trump”, advierte Haaretz en su texto. “Pero hay algo que debe considerar: Trump ya se ha retractado de promesas electorales ridículas, como meter a Hillary Clinton a la cárcel o construir un muro en la frontera mexicana”. Esto genera una incertidumbre ante la cual, prosigue, “utilizar la posición percibida del nuevo presidente como razón para cambiar políticas sobre los territorios (palestinos) podría convertirse fácilmente en un arma de dos filos”.
